El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha denunciado que la Policía Nacional vulneró este miércoles el derecho de protesta durante el dispositivo desplegado ante el desahucio de Blanca y su hija, previsto en el número 20 de la calle Antonio López de Santander.

Según ha explicado la organización, a las 7:15 horas, dos horas antes de la llegada de la comisión judicial encargada de ejecutar el lanzamiento, varios agentes acordonaron la zona e impidieron el paso a las personas que se habían desplazado hasta el lugar para manifestarse de forma voluntaria y pacífica contra el desahucio.

La llegada de la comisión judicial estaba prevista para las 9:00 horas. Sin embargo, según el relato del sindicato, dos furgones de la Policía Nacional y siete agentes se presentaron con anterioridad en el portal de la vivienda en la que Blanca y su hija residen desde hace años.

El colectivo denuncia que la responsable del dispositivo policial agredió físicamente a una de sus militantes, pese a que, según sostiene, ninguna de las personas integrantes de la asamblea había ejercido violencia ni había opuesto resistencia ante la actuación de los agentes.

“Han llegado con los furgones, han salido todos rápidamente y directamente nos han agredido. La agente me ha cogido del pelo y ha tirado, intentando quitarme a la fuerza del portal de la vivienda”, ha relatado la militante afectada.

La integrante del sindicato también ha relacionado lo sucedido con unas declaraciones del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. “Pedro Casares dijo que quería ‘limpiar las calles de toda persona que quiera alterar el orden’ y parece que ya ha empezado”, ha señalado.

“A mí no se me ocurre nada que altere más el orden que echar a una familia de su casa y dejarla en la calle, o que por defender el derecho fundamental a una vivienda digna te echen a palos”, ha añadido en el comunicado difundido por la organización.

Por otra parte, el Sindicato de Vivienda ha asegurado que trasladó a la Delegación del Gobierno en Cantabria tanto la supuesta vulneración del derecho de protesta como la agresión denunciada por su compañera.

“Hemos informado a Delegación del Gobierno, tanto de la flagrante vulneración del derecho a protesta como de la agresión a nuestra compañera, y nos han animado a denunciarlo, pero tampoco nos han dado ninguna solución”, ha explicado otro militante de la organización.

El sindicato afirma además que la agente implicada reconoció la agresión ante las personas integrantes de la asamblea. Según su versión, posteriormente retiró el número de identificación de su uniforme antes de continuar con el operativo policial.

Mientras se desarrollaba el dispositivo, Blanca permanecía en el interior de la vivienda a la espera de conocer si el lanzamiento iba a ejecutarse finalmente. El sindicato ha advertido de que la actuación policial y la imposibilidad de acceder a la zona desplazaron el foco de la situación de la mujer y de su hija.

La organización insiste en que ambas se encontraban ante la posibilidad de perder su vivienda sin disponer de una alternativa habitacional. También critica que las instituciones no hubieran ofrecido una respuesta que evitara el desahucio de una familia a la que el colectivo define como en situación de vulnerabilidad.

El Sindicato de Vivienda considera que la intervención policial impidió que las personas convocadas pudieran expresar su rechazo al lanzamiento y denuncia que la respuesta institucional se limitó a recomendar la presentación de una denuncia por lo sucedido.

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