Están los discursos de partidos e incluso medidas llevadas a las instituciones sobre los teóricos problemas en materia de vivienda –los teléfonos de atención a afectados por ocupaciones que han puesto en marcha Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander con el previsible escaso impacto, toda vez que cualquier competencia al respecto pasa por juzgados o policía, es decir, fuera de sus competencias–, y luego está lo que a la hora de verdad llega a los juzgados: la realidad.

Y esta dice que, en relación con la vivienda, los juzgados de Cantabria arrancaron el primer trimestre del año con 37 desahucios (prácticamente 12 al mes, esto es, tres por semana), mientras que sólo gestionaron dos ocupaciones (ni una al mes), las mismas que el año pasado en las mismas fechas.

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No es el único baño de realidad: frente al discurso habitual de que es imposible desahuciar a un inquilino moroso en el que se escuda el discurso antiocupaciones y parte del diagnóstico sobre el problema de la vivienda y la falta de pisos para alquilar –obviando el impacto sobre el mercado de los pisos que se destinan a alquileres turísticos–, lo cierto es que la mayoría de los desahucios se centran precisamente en alquileres, con 30.

En general, la cifra de desahucios experimenta una reducción del 44,8 por ciento respecto a los del primer trimestre del año pasado, aupada por un descenso en los desahucios de alquiler, que bajan un 50,8% (de 61 a 30), pero se produce un dato significativo y es que crecen los desahucios por impago de hipoteca (siete frente a dos en el mismo período del año anterior, un aumento del 250%). Si en la anterior crisis financiera la mayoría de las expulsiones de viviendas fueron por impagos de hipotecas, este problema acabaría desplazando a los alquileres y ahora parece repuntar de vuelta en la propiedad.

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Todos estos datos proceden del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con información relativa al primer trimestre de 2026.

Al margen de la vivienda, el informe recoge otros datos, como la disminución en un 38,5% de los concursos acreedores, siendo ya mayoritarios los de particulares (que aún así, bajan).

Durante los tres primeros meses de este año, la Sección Social del Tribunal de Instancia de Santander registró 317 demandas de despido, un 2,5 por ciento menos que las presentadas en el mismo periodo de2025 (325).

Finalmente, se registraron 2.151procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios, un descenso del 45%.