El próximo lunes 29 de junio está previsto el lanzamiento de la vivienda en la que vive Blanca desde que tenía 12 años. Ella y su hija se enfrentan ahora a un desahucio inminente sin alternativa habitacional tras haber agotado todas las vías después de la derogación de la moratoria estatal que protegía temporalmente a muchas familias vulnerables. El propietario, un gran tenedor con múltiples propiedades tanto en Cantabria como en Cataluña, «las quiere fuera para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria de otras», interpretan desde el Sindicato de Vivienda.

Ante el inminente desahucio, las militantes del sindicato hecho un llamamiento a las vecinas y vecinos de la zona, así como a toda la ciudadanía cántabra, para que una amplia multitud se concentre el día del lanzamiento a las puertas de la vivienda con el objetivo de frenar el desahucio de forma pacífica. «Con este caso queda demostrado una vez más que la vivienda sigue tratándose como un negocio y una herramienta para la especulación. No podemos normalizarlo. La vivienda es el elemento básico estructurado de la vida, no un bien de mercado», denuncian desde el sindicato. «Mientras unos pocos acumulan viviendas para obtener beneficios y acumular riqueza, personas como Blanca y su hija se enfrentan a la incertidumbre de no saber dónde dormirán dentro de unos días».

Desde la asamblea del sindicato han insistido en la necesidad de dejar de normalizar la tenencia masiva de viviendas y el uso de estas para la especulación, y de construir alternativas a través de la organización colectiva: «Tenemos la especulación que toleramos. Y ya hemos tolerado bastante. Blanca y su hija llevan toda la vida en esa casa y la tiranía de la propiedad privada no puede dejarlas en la calle. Vamos a parar este desahucio como paramos el de José, y para ello convocamos a todo el mundo a las puertas de la vivienda para defender el derecho a un hogar digno», apunta el sindicato.

Desde los tiempos de la pandemia, un decreto había logrado que casos de familias en situación de vulnerabilidad sortearan las órdenes de desahucio decretadas contra ellas. Nunca se convirtió en una herramienta definitiva, sino que era un decreto que se iba renovando periódicamente, pero necesitaba contar con la aprobación del Congreso. En febrero de este año no pasó el corte, dejó de tener esa validación.

El significado de esa votación es que ahora los jueces no tienen por qué tener en consideración la vulnerabilidad de una determinada familia, incluso aunque haya un informe del departamento de servicios sociales de un Ayuntamiento, para evitar que una familia se quede en la calle.

Esto mismo se pudo comprobar la pasada semana en Muriedas. José y su familia tenían decretado su desahucio el pasado día 19 de junio, y la comitiva judicial acudió al domicilio para ejecutar el lanzamiento. La presencia de decenas de activistas por la vivienda fue lo acabó haciendo cambiar de opinión a los funcionarios de justicia, que pretendían desahuciar a una familia de cinco miembros, uno de ellos menor de edad y otro con una discapacidad del 84%.

Suspendido el desahucio de José en Muriedas