Podemos Cantabria ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra el Ayuntamiento de Santander por no facilitar la documentación relativa a las viviendas de alquiler asequible de Primero de Mayo, en Peñacastillo.

La formación registró el pasado 5 de mayo una solicitud de acceso a información pública para conocer los convenios, acuerdos, expedientes administrativos, informes técnicos y jurídicos existentes entre el Ayuntamiento y la Obra Social “la Caixa”, CaixaBank o entidades vinculadas en relación con estas promociones.

La petición afecta a las 107 viviendas incluidas dentro de este programa de alquiler asequible: 70 entregadas en 2013 y otras 37 en 2016. Se trata de inmuebles promovidos originalmente por la Obra Social “la Caixa” que han acabado en manos de Mosaic, una sociedad vinculada a una estructura inversora radicada en Luxemburgo.

Tras no recibir respuesta del Ayuntamiento de Santander dentro del plazo legal, Podemos ha decidido elevar el caso al Consejo de Transparencia. “No puede ser que Íñigo de la Serna promocionara estas viviendas desde el Ayuntamiento como una obra social y ahora el propio Ayuntamiento no entregue el convenio que explica qué se firmó y qué garantías tenían las familias.Una falta de transparencia que es un patrón de conducta consolidado en las administraciones gobernadas por el PP en Cantabria”, denuncia Pablo Gómez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Cantabria.

La formación mantuvo este miércoles un encuentro con vecinos y vecinas afectados, quienes trasladaron su preocupación por el futuro de sus hogares después de que unas viviendas que nacieron bajo la promesa de ofrecer alquileres asequibles hayan terminado en manos de una sociedad inversora.

“Queremos el convenio para saber la verdad: cuánto tiempo debía mantenerse el alquiler asequible, si existían limitaciones a la venta, derechos de tanteo o retracto, y qué obligaciones asumieron las partes cuando se presentó este proyecto como una iniciativa social”, señalan desde Podemos.

La formación recuerda que la reclamación presentada ante Transparencia afecta a documentación relacionada con una política pública de vivienda y con actuaciones en las que participó una administración, por lo que consideran que existe un evidente interés ciudadano en conocer todo el expediente. “No hablamos solo de una compraventa entre empresas. Hablamos de viviendas que fueron presentadas institucionalmente como una solución para familias trabajadoras. Las administraciones que se hicieron la foto entonces tienen que dar explicaciones ahora”, afirma Gómez.

El representante de Podemos muestra además su preocupación por cómo están evolucionando los acontecimientos tras el cambio de propiedad: “Es algo que hemos visto demasiadas veces en otros lugares del Estado. Primero se venden los edificios, después llegan las incertidumbres y finalmente comienzan las presiones para que gente trabajadora abandone sus casas”. Para Podemos “Lo mínimo que merecen estas familias es respeto y transparencia. Si todo se hizo correctamente, no debería haber ningún problema en enseñar los documentos”, concluyen.