La familia de José, residente en Muriedas (Camargo), afronta este viernes 19 de junio un desahucio que podría obligarle a abandonar la vivienda en la que lleva siete años residiendo. Su petición no pasa por permanecer de forma indefinida en el inmueble, sino por obtener una prórroga de apenas dos meses, hasta septiembre, cuando asegura que ya dispone de una alternativa habitacional.

“Solo necesitamos dos meses”, resume José en una entrevista concedida a EL FARADIO, en las que explica que el objetivo es evitar que su familia quede sin alojamiento durante el verano mientras se formaliza el acceso a la nueva vivienda. «Yo quiero mi casa segura, mi techo para mis hijos», dice.

El matrimonio convive con sus tres hijos, uno de ellos de 12 años, una joven de 18 y otro de 21 años con un 84% de discapacidad reconocida, dependencia total y necesidades de atención continuada, según relata su padre. José sostiene que un traslado precipitado tendría consecuencias para la estabilidad de su hijo y apela a que se tenga en cuenta su situación de vulnerabilidad.

Según explica, la familia llegó a la vivienda hace siete años mediante un contrato de alquiler con el entonces propietario. Posteriormente, el inmueble pasó a manos de una entidad bancaria, Liberbank (en la que se integró la antigua Caja Cantabria y que ahora forma parte de Unicaja) tras un procedimiento hipotecario y, afirma, llegó a recibir una preconcesión para un alquiler social antes de que el activo fuera vendido a un fondo de inversión. Más tarde, ese fondo transmitió la propiedad a un particular.

Durante este proceso, asegura haber intentado alcanzar acuerdos para regularizar su permanencia en la vivienda mediante un alquiler o incluso una compra, aunque sostiene que todas las propuestas fueron rechazadas. También afirma que la familia no ha buscado perpetuarse en el inmueble, sino encontrar una salida que evite quedarse en la calle.

En este sentido, José relata que, tras decaer la protección extraordinaria frente a determinados desahucios de personas vulnerables el pasado febrero, el procedimiento se aceleró y los recursos presentados por su representación legal fueron desestimados. Su abogada, explica, también habría solicitado al propietario un margen adicional de tiempo para facilitar la mudanza prevista para septiembre.

El afectado sostiene que incluso se ofreció a abonar una cantidad económica durante esos dos meses para permanecer en la vivienda hasta la fecha prevista para el traslado, aunque asegura que la propuesta no prosperó.

Uno de los aspectos que más preocupa a la familia es la situación de su hijo mayor, que, según describe José, requiere cuidados constantes y presenta importantes limitaciones funcionales derivadas de su discapacidad. En la entrevista insiste en que cualquier cambio brusco de entorno puede afectar a su estado y reclama que las administraciones tengan en consideración estas circunstancias.

Además, afirma haber acudido a distintos recursos públicos en busca de una solución habitacional. Entre ellos menciona contactos con servicios relacionados con la atención a emergencias residenciales y con departamentos de vivienda del Gobierno de Cantabria, así como con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Camargo. Según su versión, las respuestas obtenidas no han permitido ofrecer una alternativa inmediata que evite el desahucio.

José sostiene igualmente que el Ayuntamiento le trasladó la inexistencia de recursos municipales disponibles para atender su caso y lamenta sentirse “desamparado” por las instituciones. Asimismo, reivindica que su familia lleva tiempo buscando una vivienda alternativa y que la prevista para septiembre es fruto de esas gestiones.

El caso ha sido asumido públicamente por el Sindicato de Vivienda de Cantabria, organización que ha convocado una concentración para este viernes a las 08:00 horas en la avenida de Bilbao número 53A, en Muriedas, con el objetivo de intentar paralizar el lanzamiento y mostrar apoyo a la familia.

Desde esta organización consideran que existe margen para alcanzar una solución negociada, dado que, según trasladan y defiende también José, la familia ya dispone de una vivienda donde instalarse en septiembre y únicamente solicita un aplazamiento temporal del procedimiento.

Mientras se acerca la fecha fijada para el lanzamiento, José insiste en que su única petición es disponer del tiempo necesario para completar la transición a ese nuevo domicilio sin que su familia quede en situación de calle. “No queremos quedarnos aquí para siempre; solo pedimos esos dos meses”, resume.

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