Lejos de responder a las reivindicaciones planteadas por la Junta, el comunicado del PP evita pronunciarse sobre cuestiones de enorme trascendencia para la educación pública de Cantabria, como la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo docentes en los centros públicos, una decisión que afecta directamente a más de cien familias cántabras y que tendrá consecuencias
en la calidad del servicio educativo.

La Junta de Personal Docente reitera que sus reivindicaciones responden exclusivamente a la defensa de la educación pública y de las condiciones en las que el profesorado desarrolla su labor. Entre ellas figuran la reducción de las ratios, la regulación de las actividades complementarias y extraescolares, la disminución de la carga burocrática y la adopción de medidas que refuercen la seguridad del alumnado y del personal docente.

Por eso la Junta vuelve a exigir al Gobierno de Cantabria que convoque, con la mayor urgencia posible, una mesa de negociación para abordar todas estas materias que les parecen de la máxima importancia, ahora que falta, aún, más de un mes para el comienzo del nuevo curso escolar.

Hoy, 29 de julio, finalizaba el plazo concedido al consejero de Educación, Sergio Silva, para mantener una reunión sobre estas reivindicaciones. La única respuesta recibida ha sido la comunicación de que no asistiría por motivos de agenda, sin ofrecer una fecha alternativa. Con ello, ya son 187 días sin negociación sobre la reducción de las ratios, desde la última reunión celebrada el 21 de enero.

La Junta de Personal también denuncia que, dieciséis meses después de registrar cerca de 3.000 firmas reclamando una regulación de las actividades complementarias y extraescolares, la Consejería sigue sin abrir un proceso negociador que aporte seguridad jurídica al profesorado. Asimismo, considera imprescindible abordar la creciente carga burocrática que soportan los centros educativos, ya que resta tiempo a la labor docente y dificulta el funcionamiento de los equipos educativos.

Los representantes del profesorado critican además que la Consejería haya convocado una reunión para tratar otros asuntos mientras continúa aplazando la negociación de estas reivindicaciones, directamente relacionadas con las condiciones laborales del profesorado y la calidad de la educación pública.

La Junta de Personal hace un llamamiento a las familias para recordar que estas demandas benefician al conjunto de la comunidad educativa, al contribuir a una enseñanza de mayor calidad mediante la reducción de las ratios, la disminución de la burocracia y una regulación adecuada de las actividades escolares.

Por todo ello, exige al consejero de Educación que convoque de forma inmediata una mesa de negociación para abordar estas cuestiones y anuncia la convocatoria de una huelga de actividades extraescolares en los centros públicos de Cantabria a partir del próximo 1 de septiembre, con el objetivo de exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la apertura de una negociación real.

Concentración este viernes frente a la Consejería

Varias asociaciones de madres y padres (AMPAs) de distintos centros educativos de Cantabria han convocado para este viernes, 31 de julio, una concentración en defensa de la escuela pública y contra los recortes educativos. La protesta tendrá lugar a las 12:00 horas frente a la Consejería de Educación, en la calle Río de la Pila de Santander, y está abierta a la participación de toda la comunidad educativa.

Las entidades convocantes denuncian la supresión de cerca de un centenar de aulas y de más de un centenar de plazas en las etapas de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato para el próximo curso. Además, critican la falta de transparencia en el proceso de escolarización y reclaman que el descenso de alumnado se traduzca en una reducción de las ratios por aula y en una mejora de la atención educativa, en lugar de nuevos cierres de unidades.

En el cartel de la convocatoria también se cuestiona la gestión del proceso de escolarización, al considerar que se han adoptado decisiones con las listas aún abiertas y sin ofrecer toda la información sobre las solicitudes no admitidas. Asimismo, muestran su rechazo a la reducción del plazo de matriculación y reclaman una planificación educativa que garantice la estabilidad de los centros públicos.

A la concentración se han sumado representantes del profesorado y otros integrantes de la comunidad educativa, que respaldan las reivindicaciones de las AMPAs bajo el lema ‘La escuela pública no se recorta’. Entre sus demandas figuran el mantenimiento de las aulas previstas, la bajada de ratios y una mayor inversión en la enseñanza pública como garantía de una educación de calidad para todo el alumnado.

Las asociaciones hacen un llamamiento a la ciudadanía para participar en la movilización y defender un modelo educativo que, sostienen, debe reforzarse con más recursos y una planificación transparente, en lugar de reducir unidades educativas mientras el proceso de escolarización continúa abierto.