Ecologistas en Acción Cantabria ha denunciado este miércoles el “abandono” de la ría de San Martín de la Arena y ha reclamado al Gobierno de Cantabria que asuma sus responsabilidades en la protección de este espacio natural. La organización vincula su denuncia con la mortandad de aves registrada desde comienzos de agosto y considera “inquietante” que, un mes después del inicio de las analíticas, no se haya determinado de forma concluyente el origen del episodio.

El colectivo habla de “casi un centenar” de aves muertas. La cifra no coincide con el último balance difundido por el Ejecutivo autonómico: el 25 de agosto, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, señaló que los agentes del Medio Natural habían recogido 44 ejemplares desde el 8 de agosto. Días antes, Proyecto Ría San Martín había elevado su recuento por encima del centenar, una diferencia que ya había generado controversia sobre el alcance de la mortandad.

En aquel momento, el Gobierno de Cantabria había descartado la gripe aviar, la enfermedad de Newcastle y la fiebre del Nilo, y mantenía pendientes análisis sobre botulismo, Salmonella y Pasteurella en laboratorios de Madrid y Ciudad Real. Este miércoles, Ecologistas en Acción sostiene que las muestras recogidas “no han sido concluyentes” y subraya que buena parte de los ejemplares aparecieron en el entorno donde vierte el colector de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera. La organización considera “desconcertante” que no se haya identificado la causa y teme que esa falta de diagnóstico impida adoptar medidas preventivas.

La EDAR de Vuelta Ostrera se encuentra en un meandro de la margen izquierda de la ría, en Suances. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene una actuación destinada a su demolición parcial y a la regeneración de los terrenos recuperados, con trabajos de desmantelamiento de las zonas que no resulten necesarias para el funcionamiento y explotación de la depuradora.

Más allá de la mortandad, Ecologistas en Acción denuncia la presencia de flora invasora sin control, la ejecución de obras y proyectos en un espacio que todavía carece de una figura autonómica específica de protección y la falta de una planificación que compatibilice la conservación con las actividades económicas y turísticas. La ría se extiende por los municipios de Suances, Miengo, Polanco, Santillana del Mar y Torrelavega, un ámbito donde conviven marismas, zonas intermareales, áreas degradadas, infraestructuras, actividad industrial y usos turísticos.

El proceso para declarar la ría Área Natural de Especial Interés (ANEI) arrastra años de tramitación. Ecologistas en Acción recuerda que el inicio se anunció en 2020. El Boletín Oficial de Cantabria publicó en febrero de 2023 la consulta pública previa del futuro decreto, con el objetivo de delimitar el ámbito, establecer un sistema de gestión y fijar medidas para conservar la biodiversidad y recuperar zonas degradadas. La propia Administración justificó entonces la figura por la convivencia de valores naturales con áreas transformadas, instalaciones industriales, infraestructuras y una actividad turística relevante.

En abril de 2025, el Parlamento de Cantabria aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo a iniciar, en un plazo de tres meses, el trámite conjunto de audiencia e información pública para continuar el expediente. El acuerdo también pedía un informe previo sobre el impacto socioeconómico de la declaración y su posible afección a particulares, tejido productivo e infraestructuras. Ecologistas en Acción asegura que, casi 17 meses después, no tiene constancia de que ese informe haya sido completado y reclama que la Consejería avance en el procedimiento.

El portal Cantabria Participa sigue mostrando el decreto de declaración del ANEI de la ría de San Martín de la Arena entre la normativa en tramitación. Para la organización ecologista, este retraso deja sin una herramienta específica de gestión a uno de los principales humedales de la región y dificulta una actuación coordinada sobre conservación, restauración y usos.

Ecologistas en Acción,reclama al Gobierno de Cantabria que cumpla las obligaciones de conservación previstas en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Su artículo cinco establece que los poderes públicos deben velar, en sus respectivos ámbitos competenciales, por la conservación y utilización racional del patrimonio natural. El colectivo pregunta si la falta de avances en la protección de la ría supone un incumplimiento de esas obligaciones.

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