Hay escenarios que, hasta hace unos años, parecían imposibles. Y hay otros que, cuando finalmente suceden, todos nos preguntamos cómo no fuimos capaces de ver las señales.

El 6 de enero de 2021, Estados Unidos contempló una de las imágenes más graves de su historia democrática reciente: una multitud asaltando el Capitolio mientras el Congreso certificaba la victoria electoral de Joe Biden.

¿Podría ocurrir algo parecido en España?

No estoy diciendo que vaya a ocurrir. Tampoco que exista hoy un plan organizado para asaltar el Congreso de los Diputados. Pero creo que sería irresponsable no hacernos la pregunta.

Porque una democracia no empieza a romperse cuando una multitud atraviesa las puertas de una institución. Empieza a romperse mucho antes: cuando una parte de la sociedad deja de aceptar al adversario como legítimo, cuando unas elecciones dejan de ser consideradas limpias si no gana «los nuestros», cuando los líderes políticos convierten cada derrota en una conspiración y cuando las redes sociales transforman el enfrentamiento político en una batalla entre patriotas y enemigos de España.

Y ahí es donde deberíamos empezar a preocuparnos.

La mecha ya está demasiado cerca del fuego

La reciente crisis de Ceuta ha demostrado hasta qué punto puede incendiarse el debate público español.

Una situación extraordinariamente compleja —fronteriza, migratoria, diplomática, humanitaria y de seguridad— ha terminado convertida en munición política. La crisis ha provocado una batalla política particularmente intensa y ha sido utilizada por distintos actores para reforzar discursos sobre invasión, soberanía, seguridad e inmigración.

Al mismo tiempo, se han documentado decenas de miles de mensajes xenófobos en redes sociales durante las semanas posteriores a la crisis.

Ese es el verdadero peligro.

No solamente lo que dicen los políticos.

Sino lo que ocurre cuando millones de personas reciben diariamente mensajes que les dicen que el país está siendo destruido, que las instituciones están secuestradas, que las elecciones pueden ser manipuladas, que el Gobierno es ilegítimo o que el adversario político es un enemigo al que hay que derrotar a cualquier precio.

Una sociedad sometida durante años a esa dinámica termina perdiendo algo fundamental: la capacidad de aceptar que el otro también forma parte de España.

¿Y qué ocurriría después de las próximas elecciones?

Imaginemos por un momento un escenario hipotético.

Se celebran las elecciones generales.

El bloque conservador obtiene un buen resultado, pero no suficiente para gobernar.

O quizá obtiene más votos, pero no consigue una mayoría parlamentaria que le permita formar Gobierno.

Los partidos de la derecha denuncian que el sistema electoral está diseñado para impedirles gobernar.

Empiezan las acusaciones.

«Nos han robado las elecciones.»

«El sistema está manipulado.»

«Pedro Sánchez no quiere reconocer la voluntad de los españoles.»

«Esto es un fraude.»

Al principio serían declaraciones políticas.

Después llegarían las redes sociales.

Después los vídeos.

Después las concentraciones.

Después los influencers políticos.

Después miles de personas convencidas de que alguien les ha robado el país.

Y entonces aparecería la pregunta verdaderamente peligrosa:

¿Y si una parte de la sociedad decide que no tiene por qué aceptar el resultado?

Ese es exactamente el punto en el que una democracia entra en territorio desconocido.

Y conviene recordar que ya existen antecedentes de discursos políticos en España que han planteado anticipadamente la posibilidad de cuestionar los resultados electorales. En junio de 2026 se informó de declaraciones de Vox que advertían de un supuesto intento de «alterar» el resultado de unas futuras elecciones y de la posibilidad de que Sánchez pudiera «robar» los comicios.

Pero hay algo todavía más importante:

cuestionar políticamente a un Gobierno es perfectamente legítimo. Cuestionar sin pruebas la legitimidad de unas elecciones es otra cosa.

El peligro no es perder unas elecciones

El peligro es no aceptar haberlas perdido.

En democracia se puede ganar.

Se puede perder.

Se puede protestar.

Se puede recurrir.

Se puede denunciar cualquier irregularidad ante los tribunales.

Se puede pedir un recuento cuando la ley lo permita.

Se puede exigir transparencia.

Lo que no puede convertirse en norma es afirmar que las elecciones son legítimas únicamente cuando gana nuestro candidato.

Porque entonces dejamos de tener democracia.

Tenemos una competición electoral cuyo resultado solo acepta una parte de los participantes.

Y eso es extremadamente peligroso.

El Congreso no es Washington

España no es Estados Unidos.

Nuestro sistema electoral, nuestras instituciones y nuestra historia política son diferentes.

Por eso no debemos copiar automáticamente el concepto de «asalto al Capitolio».

Pero sí debemos entender la lección fundamental del 6 de enero:

una democracia puede ser atacada desde dentro por ciudadanos convencidos de que están defendiendo la democracia.

Ese es quizás el elemento más aterrador.

Quienes entraron en el Capitolio no pensaban necesariamente que estaban destruyendo Estados Unidos.

Muchos creían que estaban salvándolo.

Por eso el problema de la polarización política no consiste solamente en que haya ciudadanos enfadados.

Consiste en que existan ciudadanos convencidos de que el adversario ha dejado de ser legítimo.

España está jugando con fuego

No podemos atribuir esta responsabilidad exclusivamente a un partido.

El PSOE tiene responsabilidades.

El PP tiene responsabilidades.

Vox tiene responsabilidades.

También las tienen Podemos, Sumar, los partidos independentistas, los medios de comunicación, los creadores de contenido y, en última instancia, cada uno de nosotros.

Pero quienes tienen mayor responsabilidad son quienes disponen de un micrófono institucional.

Un dirigente político puede ganar miles de votos diciendo que el adversario es un enemigo.

Puede conseguir millones de reproducciones diciendo que España está al borde del abismo.

Puede movilizar a sus seguidores asegurando que «nos quieren quitar nuestro país».

Puede convertir una crisis migratoria en una batalla identitaria.

Puede presentar cualquier decisión judicial, electoral o parlamentaria como parte de una conspiración.

Y después descubrir que la multitud que ha ayudado a movilizar ya no escucha cuando le pide que vuelva a casa.

Eso es lo que deberían entender todos los dirigentes políticos.

Las palabras tienen consecuencias.

Especialmente cuando se pronuncian ante una sociedad agotada, enfadada y profundamente polarizada.

No esperemos a que alguien rompa la primera puerta

La democracia española no necesita un asalto al Congreso para empezar a deteriorarse.

Basta con que millones de ciudadanos dejen de confiar en él.

Basta con que una parte del país considere ilegítimo al Gobierno.

Basta con que otra parte considere ilegítima a la oposición.

Basta con que las elecciones sean aceptadas solamente cuando producen el resultado deseado.

Basta con que la mentira se convierta en una herramienta política normalizada.

Y basta con que alguien decida encender la cerilla.

Por eso creo que todavía estamos a tiempo.

Los políticos tienen que rebajar el lenguaje.

Los medios tienen que dejar de convertir cada enfrentamiento en un espectáculo.

Las redes sociales necesitan asumir su responsabilidad.

Y los ciudadanos tenemos que recuperar algo tan sencillo como la capacidad de escuchar una opinión contraria sin considerar inmediatamente que quien la expresa es un enemigo.

La próxima gran crisis española no tiene por qué ser migratoria.

Ni económica.

Ni territorial.

Podría ser una crisis de confianza en la democracia.

Y esa sería mucho más difícil de solucionar.

Porque cuando una sociedad deja de creer en sus instituciones, reconstruir esa confianza puede llevar décadas.

Por eso escribo estas líneas.

No para anunciar que España va a vivir un asalto al Congreso.

No lo sé.

Nadie lo sabe.

Las escribo precisamente para que no ocurra.

Porque quizá la diferencia entre una advertencia y una profecía sea precisamente que todavía estamos a tiempo de escucharla.

La mecha está ahí.

La cuestión es si nuestros dirigentes tendrán la responsabilidad suficiente para no acercarle el fuego.