La Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria rechaza las declaraciones realizadas por el consejero de Educación, Sergio Silva, en las que responsabiliza a la “conflictividad sindical” de parte de la pérdida de alumnado de la enseñanza pública y acusa a las organizaciones sindicales de mantener una estrategia de “desgaste y conflicto permanente”.

Las organizaciones que integran la Plataforma consideran que estas declaraciones suponen un intento de desviar la atención de las decisiones adoptadas por la propia Consejería y de  responsabilizar a quienes están denunciando sus consecuencias.

El único que ha roto el diálogo es el consejero, sostienen en una nota de prensa. La Consejería de Educación adquirió en enero de 2024 una serie de compromisos de negociación con las organizaciones sindicales y estableció un calendario para abordarlos. Sin embargo, buena parte de esos compromisos siguen sin cumplirse y la propia Administración ha ido retrasando de manera reiterada las peticiones de negociación planteadas por las organizaciones de la Junta de Personal.

No se puede hablar de “conflicto permanente” cuando las organizaciones sindicales, las familias y el alumnado están reclamando que se cumplan compromisos adquiridos y que se negocien cuestiones que afectan directamente al funcionamiento del sistema educativo. La Plataforma considera que las movilizaciones no son la causa del conflicto, sino la consecuencia de la falta de respuestas de la Administración.

En noviembre de 2024, la Junta de Personal Docente ya denunció públicamente la falta de avances en la negociación de la adecuación retributiva y la ausencia de un calendario concreto por parte de la Consejería. Desde entonces, las organizaciones sindicales han seguido reclamando la negociación de distintas cuestiones pendientes relacionadas con las condiciones laborales del profesorado y con la mejora del sistema educativo.

¿Una campaña electoral desde 2023?

Las organizaciones que integran la Plataforma consideran especialmente desafortunado que el consejero intente relacionar las movilizaciones con las próximas elecciones sindicales. Si las reivindicaciones de las organizaciones sindicales responden a una supuesta campaña electoral, habría que preguntarse cómo es posible que esa campaña lleve desarrollándose desde 2023.

Las reclamaciones sobre la mejora de las condiciones laborales del profesorado, la reducción de ratios, la disminución de la burocracia, la mejora de la atención a la diversidad, el mantenimiento de unidades o el fortalecimiento de la enseñanza pública llevan años sobre la mesa.

Estamos ante una comunidad educativa que lleva años reclamando soluciones. La Plataforma considera que utilizar las próximas elecciones sindicales para intentar deslegitimar estas reivindicaciones es una forma de evitar el debate sobre el fondo de las cuestiones planteadas.

Las familias tienen criterio y no necesitan que nadie decida por ellas, según este colectivo. La Plataforma considera especialmente grave que el consejero atribuya la pérdida de alumnado de la enseñanza pública a la conflictividad sindical. Las familias no abandonan la enseñanza pública porque los sindicatos se movilicen, afirman. Y añaden que las familias tienen criterio, conocen sus centros, conocen sus barrios y toman sus decisiones pensando en la educación de sus hijos e hijas.

Resulta una falta de respeto hacia las propias familias, en opinión de la Plataforma, afirmar que sus decisiones están condicionadas o manipuladas por las organizaciones sindicales. Las madres y padres de Cantabria no necesitan que nadie les explique por qué eligen un centro educativo, pero esta organización va más allá, aseverando que lo que debería hacer la Consejería es escuchar a esas familias y preguntarse por qué cada vez son más las que están expresando públicamente su malestar ante determinadas decisiones de escolarización.

La libertad de elección también debe existir cuando se elige la pública

La Plataforma denuncia que la política de escolarización desarrollada por la Consejería está poniendo palos en las ruedas a las familias que quieren escolarizar a sus hijos e hijas en centros públicos.

La aplicación de criterios de escolarización por zona y otras decisiones adoptadas por la Administración están dificultando, en determinados casos, que las familias puedan acceder al centro público que han elegido, mientras se mantiene una oferta concertada que no está sometida a las mismas dificultades. Estas decisiones tienen además consecuencias directas sobre la red pública: cierre de aulas, supresión de unidades y pérdida de puestos docentes, con el consiguiente despido de decenas de docentes interinos.

No se puede justificar, según la Plataforma, un recorte de la red pública utilizando el descenso de la natalidad mientras, al mismo tiempo, se mantienen o protegen determinadas estructuras de la
enseñanza concertada. Defienden que la libertad de elección debe garantizarse para todas las familias, también cuando su elección es un centro público.

Una Consejería que debería defender lo público

La Plataforma no cuestiona la existencia de una red concertada dentro del marco legal establecido. Lo que cuestiona es el desequilibrio en la protección y planificación de ambas redes. Mientras la enseñanza pública soporta cierres de aulas, pérdida de puestos docentes y dificultades para mantener su oferta, el discurso del consejero contiene una defensa reiterada de la continuidad de la enseñanza concertada. El cierre de aulas, la falta de medios, el exceso de burocracia perjudican a la calidad de la educación y a la formación vital e incluso a la salud del estudiantado que la recibe.

La Plataforma considera que la prioridad de una Administración educativa debe ser garantizar y fortalecer la red pública, porque la educación pública es la única que pertenece al conjunto de la ciudadanía y garantiza el acceso a la educación en condiciones de igualdad, con independencia del lugar de residencia o de las circunstancias de cada familia.

Por eso, ante las decisiones adoptadas en los últimos cursos, resulta cada vez más difícil entender si Sergio Silva está ejerciendo como consejero de Educación de Cantabria o como consejero de la enseñanza concertada, critica la Plataforma.

El conflicto no lo crea quien lo denuncia

La Plataforma considera que el consejero está confundiendo deliberadamente el problema con la respuesta al problema. Las organizaciones sindicales no generan el conflicto por denunciar que faltan profesores, que se eliminan unidades, que no se cumplen compromisos de negociación o que existen problemas en la escolarización.

Las asociaciones de madres y padres no generan el conflicto por defender el derecho de sus hijos e hijas a una educación pública de calidad. Y los estudiantes no generan el conflicto por reclamar unas condiciones dignas para desarrollar su formación.

El conflicto aparece cuando la Administración toma decisiones unilaterales, cuando no escucha a la comunidad educativa y cuando se niega a negociar las alternativas que se le plantean. Durante estos años han sido numerosos los colectivos educativos que han expresado públicamente su desacuerdo con las políticas de la Consejería. El nivel de contestación no deja de crecer porque cada vez son más las personas afectadas por sus decisiones.

La Plataforma considera que el consejero debería preguntarse por qué cada vez son más las familias, docentes y estudiantes que cuestionan sus políticas, en lugar de intentar responsabilizar a quienes simplemente están poniendo voz a ese malestar.

“El diálogo se recupera negociando, no señalando a quien protesta”

La Plataforma por la Enseñanza Pública reclama a Sergio Silva que abandone la confrontación con la comunidad educativa y vuelva a abrir espacios reales de diálogo y negociación. “No somos nosotros quienes tenemos que recuperar el diálogo. El diálogo se recupera cuando la Consejería vuelve a sentarse a negociar, cumple los compromisos adquiridos y deja de utilizar a las organizaciones sindicales, a las familias o a los estudiantes como explicación de los problemas que ella misma está generando”.

La Plataforma exige a la Consejería que paralice el debilitamiento de la red pública, garantice el derecho de las familias a elegir centro educativo sin discriminación entre redes, mantenga las unidades y puestos docentes necesarios y retome de forma inmediata las negociaciones pendientes con las organizaciones sindicales. «Porque los problemas de la educación pública no se solucionan buscando culpables», expresan. Se solucionan escuchando a la comunidad educativa, negociando y tomando decisiones para fortalecer la educación pública de Cantabria.