Varias decenas de personas han secundado las convocatorias de Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio este fin de semana. El sábado caminaron desde Villanueva de las Rozas por los terrenos donde se pretende instalar el polígono eólico Bustatur, que estaría integrado por ocho aerogeneradores de 162,5 metros de altura. El domingo, realizaron una marcha partiendo desde el Polígono de Morero con el foco puesto esta vez en las dos plantas de baterías Bess que se pretenden instalar (Bess Marina de Cudeyo y Bess Astillero) en un área en el actualmente se encuentran praderas y áreas de bosque junto a la Ría de Solía.

Ambas marchas pretendían sensibilizar ante dos amenazas locales concretas que se encuentran actualmente en tramitación, desde las que, ampliando a una visión global y solidaria, concienciar acerca de la avalancha de megaproyectos energéticos que viene afrontando todo el territorio de Cantabria, los cuales denuncian que implican “un expolio de los territorios, una estafa económica e irreversibles ecocidios ambientales que supone este modelo de falsa transición verde.

En el caso del territorio de la acción del domingo, en un área que abarca terrenos de Astillero, Villaescusa, Piélagos y Camargo, además se está tratando de implementar un centro de datos y un nuevo polígono industrial, el cual se llamaría Federico Cobo, y vendría a establecer otro destrozo de territorio natural, que se sumaría al actualmente paralizado proyecto faraónico de polígono de la Pasiega, en Parbayón. Señalan que la motivación principal de todos estos proyectos es “construir por construir para el lucro de grandes empresas y entidades empleando enormes cantidades de dinero público y si luego estos proyectos implican la destrucción irreversible del medio natural, de la biodiversidad, del patrimonio histórico-cultural, o si son de utilidad a la población, no es relevante”. Durante las marchas pusieron también el foco en los costos con fondos públicos que implican también las indemnizaciones posteriores a las empresas promotoras que ven sus proyectos paralizados una vez han recibido autorizaciones administrativas para su construcción, así como los gastos para intentar renaturalizar los territorios.

Desde el punto más elevado donde se situarían cuatro de los ocho aerogeneradores del polígono eólico Bustatur, miembros de los Colectivos Vecinales explican que pudieron contemplar con enorme tristeza e indignación, al otro lado del Embalse del Ebro, los aerogeneradores parados del polígono eólico El Escudo, acompañados en un horizonte no muy lejano los cerca de cien aerogeneradores que se pueden apreciar ya en territorio de Burgos. “Esta lucha es global y con esta mentalidad debemos movilizarnos y actuar. Esta falsa transición verde es ecocida no solo en cuanto al destrozo que visualizamos. Estos y otros muchos megaproyectos energéticos están propagándose por el mundo, en muchos casos llevados a cabo por las mismas empresas y entidades financieras que actúan en Cantabria. Además, la extracción de los materiales que se utilizan implica la externalización de costos ambientales y sociales en muchos otros territorios del mundo que debemos tener presentes. Y, además, muchas de las materias primas se están agotando y todo para sostener un modelo insostenible e innecesario. En este sentido, como tantas personas científicas de referencia vienen explicando desde hace años, el problema energético no es eléctrico, es de escasez de combustibles y del modelo de consumo que tenemos en nuestras sociedades”, explicaron miembros de los Colectivos Vecinales en una de las marchas.

Detrás de todo este “insostenible modelo” que vienen denominando como una continua “transacción económica”, se encuentra lo que denominan el triple eje que conforman en primer lugar empresas y entidades financieras como Red Eléctrica de España, Iberdrola, Repsol o EDP Renovables, el Banco Santander o BlackRock. En segundo lugar, consideran que juegan un papel clave las administraciones, entidades públicas como la Universidad de Cantabria a través de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Fundación Leonardo Torres Quevedo; y los organismos jurídicos que permiten y legitiman este modelo con sus autorizaciones, sentencias e informes. En tercer lugar, señalan a algunos grandes medios de comunicación que tratan de condicionar la opinión pública, ocultando información o incluso publicando datos falsos de una manera intencionada mediante continuos publirreportajes tendenciosos.

En un radio de diez kilómetros a la redonda desde la ubicación donde se implantaría el polígono eólico Bustatur, explican que la saturación de proyectos es palpable, con la presencia los proyectos en tramitación de Henestrosas, Ornedo, Morosos, Somaloma-Las Quemadas, Cotío y Anjana; así como el proyecto de baterías Bess Mataporquera. Además, en el Valle de Iguña continúan autorizadas las obras para la ampliación de la central hidroeléctrica reversible Aguayo II, y recientemente se ha reactivado el proceso de tramitación del polígono eólico Alsa, y desde los Colectivos Vecinales prevén también que esto pueda suceder con los proyectos de Campo Alto/La Costana y Cuesta Mayor, todos ellos formando parte de “los brazos adicionales” al enorme polígono eólico El Escudo.

Este hecho implicaría un estudio de los impactos sinérgicos y acumulativos que denuncian que se está evitando hacer. “Ante el polígono eólico Somaloma-Las Quemadas la justicia nos dio la razón hace unos meses y esto debería haber servido como motivo suficiente de paralización de todos estos proyectos de polígonos eólicos en el sur de Cantabria. Sin embargo, la empresa promotora volvió a presentar de nuevo el proyecto y en un tiempo récord. Con ello, su tramitación se reactivó y continúa adelante obviando ahora los impactos sinérgicos y acumulativos. Da igual las evidencias que mostremos ante este y otros tantos impactos ambientales, sociales o de patrimonio histórico-cultural, siguen adelante con su agenda ecocida menospreciando y hasta con actitudes chulescas ante la población”.

En relación a todo ello, como vienen denunciando, esta zona del sur de Cantabria y Valle de Iguña, junto al Valle de Soba, son áreas que se pretenden entregar al expolio de la industria energética con el que vienen denunciando desde hace meses como “discriminatorio Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT)” que el Gobierno de Cantabria está tratando de aprobar.

El domingo, en un área de gran valor ecológico junto a la Ría de Solía, se expusieron los riesgos de destrucción de los entornos ambientales que implicarían las plantas de almacenamiento de energía eléctrica en forma de baterías (Bess) allí proyectadas, además del resto de proyectos e infraestructuras que están en tramitación, con la destrucción irreversible de hábitats de numerosas especies de fauna y flora, así como de superficies de suelo fértil.

A nivel social, este tipo de proyectos supone también una preocupación por el elevado riesgo de incendio y de emisión de gases tóxicos derivados de los fluidos dieléctricos para el aislamiento de las baterías. Todo ello, mientras observaban los actuales pastos donde se prevé su instalación, junto a los cuales existen diversas viviendas habitadas.

Además, la tramitación de estos proyectos se está llevando a cabo mediante autorizaciones ambientales “simplificadas”, en lugar de ordinarias, en una “trampa legal” que denuncian que se vienen utilizando por las administraciones públicas en la tramitación de numerosos proyectos para evitar llevar a cabo un análisis exhaustivo y profundo de los elevados impactos ambientales que implican estos proyectos. En este caso detallan que se está eludiendo el análisis integral con otro tipo de infraestructuras asociadas como líneas de tensión, subestaciones eléctricas o los propios polígonos eólicos y otros megaproyectos energéticos que pudieran abastecer estas plantas de baterías.

Hasta la fecha, explicaron que tienen constancia de siete plantas de baterías en tramitación en Cantabria, en Valdeolea (Bess Mataporquera), en Castro Urdiales (Bess Elcano), Camargo (Bess Camarreal), dos en Astillero (Bess Marina de Cudeyo y Bess Astillero), y dos en Ruesga y Solórzano (Bess Cantabria1 y Bess Solórzano). Durante la marcha, entre los numerosos datos que compartieron, explicaron que estos proyectos industriales suponen una nueva transformación radical de los territorios formando parte de una extremidad más de este modelo especulativo que hacen llamar “transición verde”.

“Seguiremos adelante en nuestra lucha ante esto proyectos ecocidas, que expolian los territorios e implican estafas económicas con dinero público”. En este sentido, desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio informan de que continúan en su llamamiento a toda la población de Cantabria a reaccionar informándose rigurosamente, generando y propagando discursos críticos, solidarios y con una visión global entre las personas de sus entornos, así como a participar activamente en marchas y acciones como las de este fin de semana en defensa de los territorios.