Izquierda Unida ha criticado las declaraciones de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en las que afirma haber solicitado a la promotora modificaciones para reducir el impacto del PSIR ‘Bosques Flotantes’ en Rucandial.

Para la formación, el planteamiento es erróneo de raíz, ya que la función de un gobierno no es pedir a las empresas que hagan lo correcto, sino fijar límites y defender el interés general.

«A las promotoras no se les pide; un Gobierno regula, limita y protege a la gente», ha señalado el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, que considera que el Ejecutivo está actuando como si fuera un mediador entre vecinos y empresa cuando en realidad es la administración responsable de decidir si un proyecto de estas características debe seguir adelante.

La formación sostiene que el debate no puede reducirse a cuántas viviendas se derriban o a cómo se minimiza el impacto del proyecto. «La cuestión de fondo es otra: este PSIR no debe llegar a materializarse. No estamos ante un problema de retoques o correcciones, sino ante un modelo de planificación territorial equivocado», afirman.

Desde IU recuerdan que el instrumento del PSIR está pensado para actuaciones de interés regional y no para convertir en prioridad pública operaciones urbanísticas diseñadas desde intereses privados. «Cantabria no puede gobernarse a golpe de PSIR concebidos en despachos empresariales y posteriormente asumidos por el Gobierno como si fueran políticas públicas», denuncian.

La formación considera especialmente grave que Buruaga trate de presentar el futuro del proyecto como una cuestión que depende de la disposición de la promotora a modificar sus planes. «Si el Gobierno entiende que existen afecciones inaceptables para los vecinos, tiene capacidad para actuar. Lo que falta no son reuniones con la empresa, sino voluntad política para decir no».

IU defiende que el desarrollo urbanístico de Cantabria debe responder a criterios de interés público, sostenibilidad, participación ciudadana y protección de los barrios consolidados. En este sentido, rechaza que se utilicen mecanismos excepcionales para facilitar macroproyectos que generan conflicto social y cuyos beneficios privados terminan condicionando las decisiones de la administración.

Por todo ello, la organización exige al Gobierno de Cantabria dar marcha atrás en sus pretensiones de aprobar el PSIR ‘Bosques de Santander’ y reclama una planificación territorial basada en las necesidades reales de la ciudadanía. «Un Gobierno no está para adaptarse a los proyectos de las promotoras; las promotoras son las que deben adaptarse a las reglas que fija el interés general».