La Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR Bosques de Santander promovido por Real de Piasca ha valorado los primeros avances anunciados por el Gobierno de Cantabria para reducir el impacto del proyecto sobre el barrio de Rucandial, pero ha reclamado conocer la totalidad de los planos y aclarar las discrepancias sobre el número de viviendas afectadas. El colectivo mantiene su petición de paralizar el proyecto y advierte de que las modificaciones parciales no resuelven la situación del conjunto de propietarios.

La asociación ha mantenido este lunes una primera reunión de trabajo con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, después de que la presidenta anunciara el pasado viernes que había solicitado a la promotora Real de Piasca una modificación de la delimitación del proyecto.

Durante el encuentro, el Gobierno ha presentado un nuevo plano correspondiente al ámbito de Rucandial que, según las cifras facilitadas por el Ejecutivo, reduciría de 29 a seis las viviendas afectadas en esta zona. La modificación permitiría dejar fuera del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) el núcleo principal del barrio.

Sin embargo, la asociación vecinal ha cuestionado estos datos al señalar que, en la relación catastral correspondiente a la delimitación inicial presentada por Real de Piasca, figuran 35 viviendas y varias parcelas adicionales.

Por este motivo, los afectados consideran imprescindible aclarar de dónde proceden las cifras anunciadas por el Gobierno y cuál es la situación de todas las propiedades incluidas inicialmente en el ámbito del proyecto.

La diferencia entre las 29 viviendas contabilizadas por el Ejecutivo y las 35 que señala la asociación no ha quedado aclarada en la información trasladada tras la reunión. Tampoco se ha precisado qué ocurre con las parcelas adicionales identificadas por los vecinos.

Los vecinos reclaman los planos completos, también de las otras zonas afectadas

Una de las principales exigencias planteadas durante el encuentro ha sido el acceso a la documentación completa del proyecto, tanto en su versión inicial como en la modificada.

La asociación sostiene que, por el momento, únicamente se les ha mostrado el nuevo plano correspondiente a Rucandial, mientras que existen otras zonas afectadas cuya situación todavía no ha sido aclarada.

En este sentido, advierte de que no es posible evaluar el alcance real de las modificaciones sin conocer la totalidad de la actuación prevista por la promotora.

El colectivo insiste en que su ámbito de representación no se limita a Rucandial, sino que comprende a los propietarios afectados por el PSIR en Santander y Santa Cruz de Bezana.

Por ello, considera que ninguna modificación parcial puede presentarse como una solución definitiva mientras continúen existiendo viviendas afectadas en cualquiera de los dos municipios.

La asociación ha valorado que comiencen a producirse avances y entiende que la movilización vecinal está dando sus primeros resultados. No obstante, recuerda que esta ha sido únicamente una primera reunión de trabajo y que todavía quedan cuestiones pendientes de resolver.

Su objetivo continúa siendo la paralización del PSIR y la defensa de todos los vecinos afectados, sin que la modificación de una parte del proyecto suponga renunciar a las reivindicaciones del conjunto de propietarios.

El Gobierno defiende que ha conseguido reducir el impacto en Rucandial

Por su parte, el Gobierno de Cantabria ha destacado la nueva delimitación planteada por Real de Piasca a petición de Sáenz de Buruaga, que permitiría excluir del ámbito de actuación el núcleo principal de Rucandial.

El consejero Roberto Media ha calificado la modificación como un avance y ha afirmado que los propietarios también lo han reconocido.

«Esto es ya un avance muy importante y así lo han reconocido los propietarios», ha manifestado el consejero tras participar en la reunión.

Media ha asegurado que el Ejecutivo mantendrá el contacto con los afectados y ha reiterado su disposición a intervenir para que puedan acceder a la información que necesitan.

«No vamos a dar la espalda a los vecinos», ha señalado, recordando que el Gobierno contactó con la empresa promotora cuando tuvo conocimiento de la preocupación existente por la afección a las viviendas.

Además, el Ejecutivo se ha comprometido a mediar para facilitar una reunión entre los representantes vecinales y Real de Piasca, con el objetivo de que la empresa proporcione la documentación y las explicaciones sobre el alcance del proyecto.

Esta mediación responde a una de las principales demandas de los afectados, que reclaman conocer con precisión las delimitaciones previstas antes de valorar las consecuencias de cualquier modificación.

Una iniciativa privada con casi 3.200 viviendas protegidas

El Gobierno ha insistido en que Bosques de Santander es una iniciativa privada y que corresponde a la empresa promotora presentar el proyecto y plantear las modificaciones de su contenido.

Según ha explicado Media, la intervención del Ejecutivo autonómico se centra en la tramitación del expediente y la valoración de su interés público, pero no en la modificación directa de la propuesta urbanística.

El Ejecutivo mantiene que el proyecto reúne las condiciones para ser considerado de interés público por las actuaciones previstas.

Entre ellas figura la construcción de aproximadamente 3.200 viviendas de protección oficial (VPO), la futura Ciudad de la Justicia, con más de 28.000 metros cuadrados construidos, y la cesión de 650.000 metros cuadrados destinados al Parque Litoral Norte de Santander.

 

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