La promotora Real de Piasca, responsable del proyecto urbanístico Bosques de Santander que supone la construcción de más de 7.000 viviendas y desalojos en en el barrio de Rucandial, contempla construir viviendas para realojar a las familias afectadas por la actuación en terrenos cuya disponibilidad no tiene asegurada. Así lo advierten los vecinos de Rucandial, que aseguran que uno de los emplazamientos manejados por la empresa no está en venta, pese a figurar entre las posibles ubicaciones de las nuevas viviendas.

La situación se puso de manifiesto durante una reunión vecinal celebrada en la Cooperativa San Román, donde los afectados compartieron la información recibida de la propia promotora y las dudas sobre las compensaciones previstas por la desaparición de sus propiedades.

Según explicaron, Real de Piasca había planteado construir primero las nuevas viviendas y derribar después las actuales, de manera que las familias pudieran trasladarse directamente a sus nuevos hogares.

Sin embargo, los emplazamientos –en una suerte de urbanización de expropiados– no estaban concretados. Los vecinos aseguran que uno de los terrenos contemplados no está en venta.

Las dudas vecinales también se extendían a las características de las viviendas que recibirían a cambio de las actuales.

Según la información compartida durante la reunión, Real de Piasca contemplaba sustituir cada casa afectada por otra de superficie equivalente. Sin embargo, esa equivalencia no incluiría necesariamente los jardines, huertas y terrenos anexos que forman parte de muchas propiedades de Rucandial.

Y en determinados casos, las compensaciones podrían consistir en pisos en lugar de viviendas unifamiliares.

Además, las primeras informaciones trasladadas por los residentes apuntaban a posibles realojos en Santa Cruz de Bezana, lo que implicaría abandonar el municipio de Santander.

De 35 viviendas afectadas a 12 en el conjunto del proyecto

El Gobierno de Cantabria ha anunciado esta semana modificaciones en el proyecto –privado, promovido por Real de Piasca–  para reducir el número de viviendas afectadas, aunque todavía quedan familias pendientes de conocer qué ocurrirá con sus propiedades.

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, anunció que había solicitado a Real de Piasca modificar la delimitación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) Bosques de Santander para reducir su impacto sobre Rucandial.

Según las cifras comunicadas después por el Gobierno, la propuesta reduce de 29 a seis las viviendas afectadas en Rucandial, al dejar fuera del ámbito de actuación su núcleo residencial principal.

En el conjunto del proyecto, que incluye otros terrenos de Santander y Santa Cruz de Bezana, el número de viviendas afectadas pasaría de 35 a 12.

 Los vecinos reclaman los planos completos y cuestionan las cifras

La Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR Bosques de Santander ha valorado la reducción anunciada, pero advierte de que las cifras presentadas por el Gobierno no coinciden con la documentación catastral que maneja el colectivo.

Por ello, reclama acceder a los planos completos de la delimitación inicial y de la propuesta modificada para comprobar qué viviendas y parcelas quedan definitivamente fuera de la actuación.

La asociación recuerda que el proyecto también afecta a otras zonas, como La Llanilla, La Candia, Ojaiz y terrenos de Santa Cruz de Bezana, donde permanecen propietarios pendientes de conocer el alcance de las modificaciones.

Los afectados mantienen su exigencia de paralizar la tramitación del PSIR y rechazan que una reducción parcial de los derribos pueda considerarse una solución definitiva mientras sigan existiendo viviendas amenazadas.

El colectivo también defiende una interlocución conjunta frente a la posibilidad de que Real de Piasca negocie individualmente las compensaciones con cada propietario.

Un proyecto de 7.850 viviendas que mantiene interrogantes sobre los realojos

Bosques de Santander, el nombre que Real de Piasca le ha puesto al PSIR,  contempla la construcción de 7.850 viviendas sobre aproximadamente 2,3 millones de metros cuadrados distribuidos entre Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo.

La propuesta inicial incluye 4.710 viviendas libres y 3.140 protegidas, además de la futura Ciudad de la Justicia, infraestructuras viarias, equipamientos y espacios públicos.

La inclusión de instalaciones públicas como la Ciudad de la Justicia forma parte de la justificación del interés regional de una actuación promovida por una empresa privada y cuya tramitación corresponde al Gobierno de Cantabria.

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