Santander lleva varios años intentando responder a una pregunta que debería ser previa a cualquier gran operación urbanística: qué ciudad quiere ser en las próximas décadas.

Lo hacía en parte obligado: la última vez que lo pensaron, en 2012, manejó unas previsiones de crecimiento de población de hasta 261.000 habitantes en el horizonte de 2024, hace dos años.

El Ayuntamiento forzó cálculos y priorizó ingresos para someter el Plan General a revisión

Ese plan, que no tenía actualizado el abastecimiento de agua, fue anulado por los tribunales, y en los años en que Javier Ceruti (Ciudadanos) gestionó el urbanismo, tuvo margen para planificar y encargar a un panel de expertos de prestigio un modelo de ciudad alejado de los años de la burbuja y encuadrado en las corrientes urbanísticas contemporáneas.

La respuesta a esa pregunta, al menos sobre el papel, se llama Santander Hábitat Futuro. Es el modelo de ciudad elaborado a partir del proceso de participación iniciado en 2020 y desarrollado posteriormente por los equipos de Landlab y Paisaje Transversal, con horizonte en 2055. Sin ser el nuevo PGOU, sí que se constituyó como un avance, definido así por el propio Ayuntamiento de Santander, pese al desdén con que el PP recibió el documento –ni siquiera encontró tiempo para recibir al jurado del proyecto, con urbanista del nivel global del asesor del Ayuntamiento de París, Carlos Moreno–.Finalmente, el Consistorio asumió el marco en el que se inscribía, como no podía ser de otro modo ya que recogía las tendencias urbanísticas más contemporáneas.

“Santander dejó de ser lo que era por querer ser lo que no ha podido llegar a ser”

Mientras ese nuevo Plan apenas comienza su recorrido, sobre la mesa ha aparecido una ciudad dentro de la ciudad, que se ha conocido además por las noticias que viene publicando El Diario Montañés, en lugar de por información de las instituciones implicadas –el proyecto se aprobará por PSIR e incluye dotaciones públicas–.

Lo que se conoce es que el Grupo Empresarial Real de Piasca proyecta levantar 7.850 viviendas sobre unos 2,3 millones de metros cuadrados, situados fundamentalmente en Santander, aunque también en Santa Cruz de Bezana y Camargo. De ellas, 4.710 serían libres y 3.140 protegidas o a precio asequible.

La actuación incluye además nuevos viales, tres puentes, un aparcamiento disuasorio de 1.300 plazas, un gran corredor verde y la futura Ciudad de la Justicia. Según las estimaciones difundidas por la propia promotora, el desarrollo podría llegar a albergar a unas 25.000 personas.

La empresa prevé presentar la operación como Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), un instrumento de ordenación territorial autonómico cuya tramitación no está supeditada a la aprobación previa del nuevo Plan General y que teóricamente permite mayor agilidad administrativa.

Una ciudad que quería regenerarse

Si el PSIR llega a aprobarse, deberá concretar qué determinaciones del planeamiento municipal resultan modificadas. La legislación obliga además a justificar por qué el planeamiento urbanístico vigente resulta inadecuado o inconveniente para ejecutar la actuación y a precisar qué determinaciones municipales deberán revisarse o modificarse como consecuencia del proyecto.

Hábitat Futuro utiliza reiteradamente el concepto de urbanismo regenerativo, lo que implica «repensar y transformar la ciudad existente», atendiendo a sus límites naturales, y plantea una evolución hacia una ciudad articulada por barrios y proximidad.

Una de sus ideas centrales es la llamada ciudad de los 15 minutos, en la que las necesidades cotidianas puedan resolverse mediante desplazamientos a pie o en bicicleta y los barrios estén conectados mediante transporte sostenible. Hábitat Futuro convierte además los barrios y la proximidad en piezas centrales de su modelo. El barrio aparece definido como la «célula fundamental» de la ciudad y el documento plantea un Plan de Barrios para 32 ámbitos urbanos orientado hacia esa lógica de proximidad.

Pero Bosques de Santander –que es como se llama la actuación— introduce ahora otra escala más grande, menos regenerativa, aunque el Gobierno de Cantabria defiende  que el proyecto permitirá ordenar de forma integral el área metropolitana y «frenar los crecimientos dispersos del territorio».  Es el Ejecutivo el que ha hablado de urbanismo en Santander y no el Ayuntamiento de Santander, por cierto, que dice públicamente que no conocía nada del proyecto que se estaba fraguando en su ciudad hasta que se publicó en prensa. La operación supera además los límites municipales. Alrededor del 92% del ámbito se localizaría en Santander, pero alcanzaría también Santa Cruz de Bezana y Camargo. Su propia dimensión lleva al Gobierno de Cantabria a presentarla como una actuación de carácter metropolitano.

Las 7.850 viviendas anunciadas podrían albergar, según las estimaciones de la propia promotora, a unas 25.000 personas.

La cuestión no es únicamente dónde pueden levantarse esas viviendas: el urbanismo, a través de sus planes generales, determina intensidades, usos, infraestructuras, dotaciones, espacios libres y el conjunto de necesidades que genera el crecimiento de una ciudad.

De momento, dentro de la opacidad que rodea el proyecto, no se ha hecho público, por ejemplo, cómo se traduciría la llegada de miles de nuevos residentes en necesidades de transporte urbano, colegios, centros sanitarios, abastecimiento y saneamiento, recogida de residuos, instalaciones deportivas, centros cívicos o servicios sociales.

El Ayuntamiento deberá intervenir en la tramitación y tendrá que valorar el proyecto cuando disponga de su documentación y comprobar si encaja en sus previsiones y cálculos para el incipiente PGOU de Santander, o si el nivel «mega» con el que se anuncia el proyecto le obliga a recalcular.

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