El Ayuntamiento de Santander ha pedido al Juzgado que investiga la tragedia de El Bocal, el derrumbe de una pasarela en la fracasada senda costera que causó la muerte a seis jóvenes y heridas a una séptima, que ordene a la Administración del Estado la demolición urgente de otras dos pasarelas de la senda peatonal entre el faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar.

El escrito municipal , al que ha tenido acceso EL FARADIO, se apoya en un informe de la Policía Local de Santander, fechado el 30 de abril de 2026, tras el operativo de desprecinto realizado el 29 de abril. En ese documento se recoge que el perito Fernando Rodríguez García manifestó, durante su inspección y en relación con una pasarela –denominada número 6–, que “esta va a caer debido al estado en que se encuentra”.

El Ayuntamiento cuestiona el efecto de los precintos

Hasta que se produzca esa retirada, el Ayuntamiento solicita también que se ordene a la Administración estatal el “inmediato vallado definitivo” de ambas construcciones y su apuntalamiento, tras cuestionar el efecto del precintado –que, por otra parte, a raíz de la tragedia es una estampa habitual en el conjunto de la ciudad, sin ir más lejos en la Plaza Pombo–.

En concreto, el Ayuntamiento sostiene que mantener esas pasarelas únicamente precintadas constituye un riesgo para la seguridad de las personas, al tratarse de un lugar expuesto a posibles actos vandálicos o a la retirada de los precintos por terceros.

El escrito cita también una inspección realizada sobre otra pasarela no colapsada, revisada para comparar su estado con el de la estructura siniestrada. Según recoge la documentación municipal, esa inspección permitió comprobar la existencia de “estribos completamente corroídos y rotos” en condiciones análogas a las de la pasarela que se derrumbó, la de El Bocal.

El Consistorio afirma que la pasarela afectada y su compañera del mismo punto kilométrico fueron ejecutadas con el mismo sistema estructural que la pasarela que cayó y que ambas “corren riesgo de colapsar”.

El Ayuntamiento introduce en esa petición un nuevo cambio argumental que contrasta con la teoría a la que más se había aferrado en sus acciones judiciales –en las que se está comportando como si fuera una especie de acusación popular, cuando su personación es como posible responsable civil–: la tesis del fallo de diseño, es decir, que el problema fue un mal diseño de inicio y no uno de mantenimiento. Es una teoría que no termina de comprarle la magistrada que instruye el caso, que apunta a una responsabilidad de Costas con una mezcla de no ejecución correcta del diseño y una falta de mantenimiento y supervisión posterior.

Porque el Ayuntamiento reconoce que la senda peatonal entre el faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar era una obra de interés general, pero sostiene que las pasarelas finalmente ejecutadas no serían las contempladas en el proyecto aprobado –en escritos anteriores viene cuestionando el propio diseño–.

En este punto, el Consistorio da un salto más para sostener que, al no respetar el proyecto original, las estructuras construidas se habrían realizado al margen de la cobertura administrativa, y que se hicieron sin una modificación del proyecto ni acuerdo de la autoridad competente.  De esto modo,  las califica como una actuación “por la vía de hecho” y defiende que no pueden quedar amparadas por el régimen especial de las obras de interés general de Costas.

En este sentido, el Ayuntamiento invoca la Ley de Costas, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA). Su planteamiento es que una obra carente de autorización debe ser legalizada o demolida, y considera “inverosímil” la vía de la legalización.

A partir de ahí, el Ayuntamiento atribuye al Estado la obligación de restaurar la legalidad y eliminar el riesgo, bien como autor de la actuación urbanística –que directamente considera una infracción–, bien como propietario.

El escrito contiene, además, una formulación especialmente dura al señalar que la permanencia de estas pasarelas supone la “pervivencia de los efectos del delito”. Además, el Ayuntamiento considera que esas estructuras forman parte de la causa judicial como “pieza de convicción”, al estar integradas en el mismo proyecto de senda y haber sido objeto de una pericial cuyos datos se han incorporado a la instrucción.

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