El Ayuntamiento incorporará drones para vigilar los vertederos de la costa norte y formará a la Policía Local en su uso
El Ayuntamiento de Santander ha dotado a la Policía Local que depende de esta institución de cuatro aeronaves no tripuladas, drones, junto a sus accesorios y emisoras de banda aérea, con una inversión municipal de 31.485 euros destinada a intensificar las labores de vigilancia en el término municipal.
El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha señalado que el Consistorio continúa incorporando nuevos medios y equipamientos para que la Policía Local pueda desarrollar su trabajo “en las mejores condiciones posibles”.
La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, financiado con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En concreto, se incluye en la actuación número ocho, denominada ‘Sistema de vigilancia de vertederos ilegales’.
El objetivo de esta línea es establecer medidas de vigilancia, prevención y disuasión frente a las malas prácticas de gestión y abandono de residuos en el norte litoral de Santander, una zona por la que discurre la frustrada senda costera.
Ese proyecto fue impulsado por Costas y el Ayuntamiento de Santander, y en él se encontraba la pasarela de El Bocal, cuyo desplome causó la muerte de seis jóvenes y heridas a una séptima. Tras la tragedia, en el discurso municipal y judicial ha convivido el rechazo a las competencias en la zona, por tratarse de litoral de gestión estatal, con la licitación de proyectos o el recurso a fondos europeos para actuaciones en ese mismo entorno.
También se inscribe en ese contexto el proyecto de campo de golf que el Ayuntamiento abanderaba para la zona y que decayó con el Plan General de Ordenación Urbana anulado.
Aunque la inversión está vinculada principalmente a la vigilancia de vertederos en la Senda Norte, los drones se utilizarán también para el conjunto de las labores de la Policía Local. Según el Ayuntamiento, reforzarán actuaciones de seguridad, vigilancia y control de zonas comunes en todo el término municipal.
Estos sistemas permitirán intensificar la supervisión ambiental, facilitar la coordinación operativa de los equipos y mejorar la respuesta ante conductas incívicas o infracciones medioambientales, como vertidos ilegales, abandono de residuos u otras prácticas contrarias a la normativa vigente.
Además de la incorporación de los equipos, el contrato incluye formación técnica especializada para el personal de la Policía Local, con el fin de garantizar el uso correcto de los drones en tareas de vigilancia, control y prevención.
La referencia a la formación llega después de que, en los últimos meses, haya aflorado la falta de preparación recibida por la Policía municipal en materias como el uso de los supuestos protocolos de organización de incidencias.
En ese contexto, el jefe de la Policía Local ha sostenido que la formación de los agentes no corresponde al propio cuerpo policial, sino al Ayuntamiento o a otras administraciones, como el Gobierno.
Ese debate forma parte de la defensa municipal en el caso Bocal, en el que el Ayuntamiento sostiene que existían protocolos de actuación frente a lo declarado por sindicatos y agentes, y pese a la tardanza en entregar lo que finalmente resultaron ser manuales de uso de un programa informático.
Para el Consistorio, lo sucedido en la noche del desplome de la pasarela se reduce al fallo humano de una agente, a la que apenas tardaron tres días en incriminar.
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