El Ayuntamiento de Santander busca evitar que la instrucción judicial por el derrumbe de la pasarela de El Bocal retrase el desarrollo de las actuaciones previstas en la senda costera del litoral norte. En este sentido, plantea la necesidad de continuar con estos trabajos y apela a su carácter “urgente” para no perder la financiación asociada a fondos europeos.

Esta posición se recoge en un escrito remitido al juzgado, incorporado a la investigación judicial, que introduce un elemento que desplaza parcialmente el foco del análisis desde el ámbito estrictamente técnico al administrativo: la presión de los plazos vinculados a la financiación europea.

Un plan europeo para transformar el litoral

El citado plan forma parte de la estrategia estatal de sostenibilidad turística financiada con fondos europeos Next Generation EU, cuyo objetivo es mejorar infraestructuras, recuperar entornos degradados y adecuar espacios naturales a un uso público más ordenado y sostenible.

En el caso de Santander, estas actuaciones se concretan en intervenciones sobre la senda costera del litoral norte y su entorno inmediato. Incluyen trabajos de restauración ambiental, eliminación de especies invasoras, revegetación y adecuación de elementos del recorrido.

Dentro de este marco se sitúan expedientes concretos de contratación pública. Entre ellos figura el contrato denominado “2026 PST 06 Reforestación Norte Litoral”, tramitado por la Empresa Municipal de Turismo de Santander. Se trata de un contrato de servicios orientado a la reforestación y restauración de comunidades vegetales autóctonas en fincas públicas del litoral norte. Además, contempla el suministro de planta, la preparación del terreno y la plantación.

El expediente, tramitado por procedimiento abierto y con carácter urgente, contaba con un presupuesto base de licitación de 99.118,69 euros y fue adjudicado finalmente a la empresa EULEN S.A. por 92.022,33 euros. Todo ello dentro de un programa financiado con fondos europeos y sujeto a condiciones estrictas de ejecución en plazo.

La urgencia como argumento: plazo límite junio de 2026

Más allá del contenido de las actuaciones, el elemento clave del documento remitido al juzgado es la justificación temporal que introduce el propio Ayuntamiento. El Consistorio señala que la ejecución de estos proyectos es “inaplazable”, al estar vinculada a fondos europeos que “se perderán de no culminarse en un plazo perentorio, antes del 30 de junio de 2026”.

Este plazo responde a los calendarios de ejecución de los programas europeos, que obligan a completar las actuaciones dentro de fechas cerradas para poder justificar la financiación.

La urgencia no es técnica, sino administrativa

La introducción de este argumento en sede judicial supone trasladar al procedimiento una justificación que no se basa en la evaluación del riesgo estructural ni en la necesidad inmediata de intervención por motivos de seguridad.

La urgencia, tal y como la formula el Ayuntamiento, responde a un condicionante administrativo y económico: cumplir los plazos exigidos por los fondos europeos para no perder financiación.

En este sentido, implica que la presión temporal sobre las actuaciones en la senda costera no deriva necesariamente del estado de la infraestructura, sino del calendario de ejecución asociado al proyecto.

Actuar en la senda… sin actuar sobre la pasarela

Por otra parte, el propio Ayuntamiento introduce una delimitación relevante: las actuaciones previstas no afectan directamente a la estructura donde se produjo el derrumbe.

No obstante, sí se desarrollan en el entorno inmediato de la senda, incluyendo elementos del recorrido y zonas de tránsito público. Esto sitúa la intervención dentro del mismo espacio funcional en el que se produjo el accidente.

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