El proyecto de reforestación del litoral norte incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística “Norte Litoral–Costa Quebrada”, que el Ayuntamiento de Santander ha planteado ejecutar con carácter urgente para no perder financiación europea, ya había sufrido un retraso en su tramitación antes de que la investigación judicial sobre el derrumbe de El Bocal introdujera nuevas cautelas en la zona a la que afecta, la de la senda costera y la costa norte de la capital.

UNA OBRA «INAPLAZABLE» PARA NO PERDER FONDOS EUROPEOS

En concreto, la actuación contempla trabajos de restauración ambiental en la costa norte, como la limpieza de vertidos, la retirada de especies invasoras, la reposición de tierra vegetal y la plantación de especies autóctonas, en el marco de un programa financiado con fondos europeos NextGenerationEU. El contrato fue adjudicado a Eulen, gigante español multiservicios, por 92.022,33 euros (sin IVA), frente a un presupuesto de licitación de 99.118,69 euros, y se resolvió con un único licitador, sin competencia efectiva entre empresas.

Pese a que las normas de contratación llevan a desconocer si hay más aspirantes, por tanto, a presuponer que las habrá y que será necesario competir con ellas haciendo, como marcan las normas, rebajas económicas y mejoras técnicas, en este caso la baja fue mínima y la oferta técnica no sólo no planteó mejoras sino que presentaba alguna carencia.

El Consistorio ha sostenido ante el juzgado que estas actuaciones son “inaplazables” y que deben ejecutarse antes del 30 de junio de 2026 para no comprometer los fondos europeos.

CON RETRASOS ANTES INCLUSO DE LA ADJUDICACIÓN

Sin embargo, el propio expediente refleja que la licitación tuvo que ser corregida en su fase inicial.

En concreto, Ssegún documentación del proceso reconstruida por EL FARADIO, el procedimiento fue objeto de una anulación tras detectarse un error en el presupuesto de licitación, uno de los elementos esenciales del contrato. Esta incidencia obligó a rehacer la convocatoria y a reiniciar los plazos administrativos, dado que el presupuesto condiciona tanto la concurrencia de empresas como la evaluación económica de las ofertas.

Desde el punto de vista temporal, la incidencia no supuso un retraso prolongado —el procedimiento tuvo que reiniciarse y se reactivó en cuestión de días—, aunque sí introdujo una interrupción en un expediente que de hecho se tramitaba por la vía de urgencia. En términos prácticos, la anulación implicó reiniciar el proceso en un contrato diseñado precisamente para acortar plazos.

EL AYUNTAMIENTO, OBLIGADO A APURAR PLAZOS PARA LLEGAR A TIEMPO

Si el contrato se hubiera desarrollado conforme a los tiempos habituales previstos en el pliego —sin incidencias ni compresión de plazos—, la secuencia lógica habría arrancado a principios de marzo de 2026, tras la licitación inicial, con un periodo de 2 a 3 semanas dedicado a organización, acopio de materiales y planificación técnica.

A partir de ahí, durante marzo y primera mitad de abril, se habrían ejecutado los trabajos de limpieza, retirada de especies invasoras y preparación del terreno. La fase de plantación se habría concentrado entre mediados de abril y finales de mayo, coincidiendo con condiciones más favorables del ciclo vegetativo.

Finalmente, el mes de junio habría quedado como margen para remates, reposiciones y ajuste final de la actuación antes del cierre del plazo el día 30 de junio de 2026. Este calendario habría permitido una ejecución más distribuida y con mayor capacidad de adaptación frente a imprevistos.

En la práctica, el calendario se ha desplazado hacia el final del plazo. Tras la corrección de la licitación y la adjudicación a mediados de abril, la formalización del contrato se produce a finales de ese mes, lo que sitúa el inicio efectivo de los trabajos en torno a principios de mayo de 2026 (es decir, ahora mismo).

A partir de ahí, todas las fases —organización, limpieza, retirada de especies invasoras, preparación del terreno y plantación— deben concentrarse en un periodo de unas 6 a 8 semanas, hasta el 30 de junio de 2026. Esto implica que tareas que en un desarrollo ordinario se habrían distribuido entre marzo, abril y mayo se ejecutan ahora de forma simultánea o solapada durante mayo y junio, con menor margen para escalonar los trabajos o absorber incidencias.

Este calendario deja un margen de ejecución de aproximadamente mes y medio o dos meses, un periodo limitado para una actuación que contempla trabajos de limpieza, retirada de especies invasoras, preparación del terreno y plantación en un entorno litoral con condicionantes ambientales y logísticos.

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