El Ayuntamiento de Santander ha contratado una defensa jurídica externa para intervenir en la causa judicial relacionada con El Bocal, pese a contar con un Servicio Jurídico municipal integrado en la propia estructura del Consistorio.

La contratación ha salido a la luz a raíz de una solicitud de acceso a la información pública presentada por Marian Sirbu, familiar de una de las víctimas, quien pidió la relación de contratos de asesoría jurídica externa, consultoría estratégica y comunicación de crisis formalizados por el Ayuntamiento desde marzo de este año.

En detalle, en la respuesta remitida por el área de Transparencia, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, el Consistorio identifica un contrato para la dirección letrada en el procedimiento Diligencias Previas 432/2026, adjudicado a Real del Campo Abogados y Asesores S.L. por un importe de 6.050 euros, IVA incluido.

La documentación señala que el contrato fue aprobado el 26 de marzo de 2026, a petición de los propios Servicios Jurídicos municipales, con un presupuesto base de 5.000 euros más 1.050 euros de IVA.

El expediente refleja que la iniciativa para la contratación partió del Servicio Jurídico municipal, que solicitó formalmente la incorporación de asistencia letrada externa para este procedimiento.

La resolución de Transparencia explica que, tras consultar a los servicios de Contratación y Jurídicos, únicamente se localizó este contrato dentro de las categorías solicitadas por el peticionario.

La información entregada no detalla las razones concretas por las que se decidió externalizar la dirección letrada ni los motivos por los que el Servicio Jurídico municipal no asumió directamente la defensa procesal. Tampoco especifica los criterios empleados para seleccionar al despacho adjudicatario, un despacho de abogados con una alta especialización en urbanismo y que ha trabajado en muchas ocasiones con ayuntamientos gobernados por el PP.

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EL AYUNTAMIENTO, PERSONADO COMO POSIBLE RESPONSABLE CIVIL

La contratación se produce en el marco de las diligencias judiciales relacionadas con el caso de El Bocal, procedimiento en el que el Ayuntamiento figura personado como posible responsable civil, a pesar de que se esté comportando como una especie de acusación popular.

Esta condición implica que la Administración municipal podría verse afectada por las consecuencias económicas que eventualmente pudieran derivarse del procedimiento judicial, lo que explica su participación directa en la causa.

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha defendido distintas tesis sobre las causas del colapso, poniendo el acento en posibles errores de diseño o ejecución de la infraestructura. Sin embargo, algunas resoluciones judiciales han mantenido abiertas tanto la hipótesis de defectos estructurales como la de una insuficiente vigilancia y mantenimiento posterior.

LAS ACTUACIONES MUNICIPALES BAJO EXAMEN

Aunque la titularidad y las obligaciones de mantenimiento de la infraestructura han situado a Costas (el Estado) en el centro de una parte cada vez más significativa de la investigación, la instrucción también ha ido incorporando elementos relacionados con la actuación de distintos servicios municipales antes del derrumbe.

Durante la investigación judicial ha aflorado la inexistencia de protocolos de funcionamiento que puedan cumplir los mínimos estándares para llamarlos así y que la alcaldesa y su equipo sostienen que no se han cumplido, dentro de su estrategia de cargar todas las responsabilidades en una única persona, la agente que lo gestionó, en lugar de en el funcionamiento estructural de la Policía (algo, el incriminar a la profesional, que apenas tardaron tres días en hacer, pese a que cuando dieron ese paso todabía existía información que no habían sido capaces de localizar y se empezaron a detectar problemas en la centralita de la Policía)

Así, durante esta fase han ido aflorando cuestiones, documentadas por EL FARADIO como:

-el desconocimiento de los supuestos protocolos por parte de los sindicatos policiales y de los agentes que trabajan o han trabajado en la sala

-la falta de formación suficiente al respecto, reconocida por el mando del cuerpo

-lo genérico de sus indicaciones, con mismas soluciones para distintas causas, que además le hacían depender demasiado de lo que hicieran los agentes en lugar de ser, como se dijo, un manual que les fuera guiando,   frente a lo definido de los protocolos del 112, (cuyos responsables están apoyando a sus profesionales en lugar de incriminarles)

-la constatación de que en realidad era el manual de uso del programa informático, corroborada porque la minima formación que se impartió se hizo precisamente cuando se implantó el nuevo programa