La organización Manos Unidas impulsa un proyecto de cooperación internacional en Bolivia destinado a fortalecer a las comunidades indígenas y campesinas de la Chiquitanía, una región del departamento de Santa Cruz afectada por la presión sobre los bosques, la expansión de la frontera agrícola y las desigualdades sociales y de género.

La iniciativa, denominada ‘Fortalecimiento de comunidades indígenas y campesinas de la Chiquitanía en la transición ecológica justa con gobernanza ambiental, equidad de género y resiliencia’, tiene como objetivo mejorar la capacidad de las poblaciones locales para gestionar sus territorios, proteger sus recursos naturales y recuperar sus medios de vida.

El proyecto, iniciado en enero de 2025 y con una duración prevista de 24 meses, cuenta con un presupuesto total de 337.359 euros y beneficiará directamente a 1.444 personas, de las que 1.083 son mujeres y 361 hombres. Además, según la información de Manos Unidas, otras 28.465 personas se beneficiarán indirectamente de las actuaciones.

La intervención se desarrolla en los municipios de Concepción, en la provincia de Ñuflo de Chávez, y San Ignacio de Velasco, en la provincia de Velasco, ambos situados en el departamento boliviano de Santa Cruz.

Las comunidades incluidas en la relación de lugares de ejecución son Monte Verde, Regreso, San Pablo Norte, Mokoborema y San Fermín, en Concepción, así como Tirarí, Tacuaral, San Simón, San Lucas y Carmencita, en San Ignacio de Velasco.

La presión sobre los bosques y las dificultades de las comunidades

La Chiquitanía presenta una elevada vulnerabilidad ambiental, agravada por la pérdida de biodiversidad, los incendios forestales y la transformación de los usos del suelo.

Las comunidades indígenas y campesinas identifican entre sus principales problemas la presión sobre los bosques para ampliar la superficie agrícola, la ocupación de tierras, el aislamiento de determinados asentamientos y las dificultades de acceso a sus territorios.

A estas circunstancias se suma la debilidad de algunas organizaciones comunitarias para participar en las políticas públicas relacionadas con la protección ambiental y la gestión de los recursos naturales.

El impacto de la degradación ambiental afecta también a las actividades productivas de las familias, especialmente a aquellas que dependen de la agricultura y de los recursos del bosque para garantizar su alimentación e ingresos.

En este contexto, la iniciativa plantea fortalecer la organización de las comunidades y su capacidad de interlocución con las administraciones locales para favorecer una transición ecológica justa que tenga en cuenta las necesidades sociales, económicas y ambientales de la población.

Mujeres y jóvenes como protagonistas de la transición ecológica

Uno de los ejes principales del proyecto es el fortalecimiento de la participación de las mujeres y de la población joven en las organizaciones indígenas y campesinas.

Manos Unidas señala que las desigualdades de género siguen presentes tanto en el ámbito familiar como en las estructuras comunitarias, lo que limita la participación de las mujeres en determinados espacios de decisión.

Por este motivo, las actuaciones contemplan el impulso de nuevos liderazgos femeninos y juveniles, así como la promoción de relaciones más igualitarias y de mecanismos comunitarios orientados a garantizar una vida libre de violencia.

El programa también pretende reforzar la capacidad de estas organizaciones para formular propuestas e intervenir en las decisiones públicas relacionadas con el territorio, la producción agrícola y la protección de los recursos naturales.

Agricultura sostenible y seguridad alimentaria

Otra de las líneas de intervención se centra en mejorar la seguridad alimentaria y recuperar los medios de subsistencia de las familias indígenas y campesinas.

Para ello, se promoverá la diversificación de la producción y la incorporación de prácticas agroecológicas que permitan desarrollar las actividades agrícolas de forma compatible con la conservación del entorno.

El proyecto contempla asimismo el impulso de sistemas agroforestales, que combinan árboles y cultivos en un mismo espacio productivo, así como iniciativas para generar excedentes que puedan comercializarse y contribuir a los ingresos familiares.

Además, se plantea mejorar la coordinación entre las comunidades y los gobiernos municipales para desarrollar planes de gestión sostenible de los bosques y de prevención de riesgos ambientales, en el marco de la estrategia departamental de cambio climático.

La iniciativa incorpora también espacios de participación comunitaria, seguimiento y evaluación para conocer el desarrollo de las actuaciones y facilitar que la población destinataria intervenga en las decisiones del proyecto.

Cooperación internacional con apoyo desde Santander

El proyecto forma parte del trabajo de Manos Unidas, una organización no gubernamental de desarrollo vinculada a la Iglesia católica que desarrolla iniciativas de cooperación para combatir el hambre, la pobreza y las desigualdades en distintos países.

La intervención cuenta con la cofinanciación del Ayuntamiento de Santander, junto con los ayuntamientos de Oviedo y Elda, las diputaciones de Guadalajara y Málaga y la propia Manos Unidas.

La participación de estas administraciones se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional destinados a apoyar iniciativas de desarrollo en comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad económica, social y ambiental.

En este caso, las actuaciones se orientan a reforzar los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas de la Chiquitanía, su participación en la gestión de los recursos naturales y el desarrollo de alternativas productivas vinculadas a la conservación de sus territorios.

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