Los colectivos vecinales afectados por distintos Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) en Cantabria han anunciado la creación de una coordinadora para unir sus reivindicaciones, apoyarse mutuamente y reclamar la paralización inmediata de los proyectos que cuestionan. La nueva plataforma también exige una modificación de la legislación autonómica para impedir que esta figura urbanística pueda utilizarse, a su juicio, en beneficio de intereses privados.

La iniciativa reúne a vecinos afectados por el polígono de Laredo, el complejo turístico ‘Olucas Surf Center’ en Ribamontán al Monte, el macrocomplejo urbanístico e inmobiliario ‘Bosques de Santander’, el polígono Federico Cobo y el centro de proceso de datos en el entorno de la ría de Solía, así como el parque empresarial de Las Excavadas, entre Tanos y Cartes.

A estos colectivos se suman otros movimientos sociales cántabros que comparten su preocupación por las consecuencias de este instrumento de planificación territorial.

En una comparecencia pública, los representantes vecinales han explicado que su objetivo es articular una respuesta conjunta frente a los PSIR y trasladar a toda la población cántabra un problema que consideran que va más allá de los terrenos directamente afectados.

Una figura urbanística que cuestionan por su utilización

Los colectivos recuerdan que los PSIR fueron concebidos para permitir actuaciones excepcionales de interés general y alcance supramunicipal. Como ejemplo del tipo de intervención que, a su entender, justificaría este mecanismo, mencionan la construcción de un hospital público.

Sin embargo, denuncian que los sucesivos gobiernos han ampliado las posibilidades de utilización de esta figura mediante un marco legislativo cada vez más permisivo.

Según sostienen, esta evolución ha permitido impulsar actuaciones urbanísticas que responden a intereses particulares y que pueden imponerse sobre las previsiones de la planificación municipal.

La regulación vigente se recoge en la Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, que contempla los PSIR como instrumentos destinados a implantar actividades productivas, turísticas, deportivas, culturales, residenciales de protección pública y grandes equipamientos, entre otros usos.

La legislación permite su desarrollo en distintas clases de suelo, independientemente de su clasificación urbanística, aunque establece condiciones relacionadas con la protección ambiental y otros valores sujetos a legislación específica. También exige una declaración previa de interés regional y contempla la participación de promotores públicos y privados.

 

Es precisamente la amplitud de las posibilidades que ofrece este instrumento lo que cuestionan los colectivos.

En su comunicado, consideran que los gobiernos han utilizado los PSIR de manera «arbitraria», eludiendo las limitaciones de la ordenación territorial y urbanística ordinaria para impulsar proyectos que, según denuncian, no responden al interés general.

Una amenaza que, según los vecinos, afecta a toda Cantabria

La coordinadora advierte de que las consecuencias de estos proyectos no se limitan a las personas propietarias de terrenos, viviendas o actividades económicas situadas dentro de las zonas afectadas.

Según explican, las actuaciones también pueden modificar las condiciones de vida de barrios, pueblos y valles enteros, con efectos sobre el paisaje, el entorno y las actividades que ya se desarrollan en esos espacios.

Los colectivos hablan de cientos de propietarios directamente perjudicados y sostienen que las transformaciones previstas podrían producir consecuencias permanentes sobre sus comunidades.

Además, alertan de que la legislación actual permite establecer condiciones extraordinarias distintas de las que se aplican habitualmente al conjunto de la ciudadanía.

«Nadie está a salvo», advierten los representantes vecinales, que consideran que cualquier localidad de Cantabria podría verse afectada en el futuro por decisiones similares.

En este sentido, insisten en que la defensa del territorio y de las viviendas no debe entenderse como una reivindicación exclusivamente de quienes están afectados en estos momentos, sino como una cuestión relacionada con los derechos del conjunto de la población.

Paralización inmediata y reforma de la legislación

La primera exigencia de la coordinadora es la paralización inmediata de todos los PSIR, al considerar que se han amparado en una normativa que califican de «arbitraria» y que, a su entender, no garantiza suficientemente el interés general.

Los colectivos sostienen que la aplicación de esta figura ha supuesto un «abuso terrible» para numerosos vecinos y representa una amenaza para el conjunto de Cantabria.

No obstante, su reivindicación no se limita a detener las actuaciones que han motivado la creación de la plataforma.

La coordinadora reclama también una reforma legal que limite los PSIR a proyectos verdaderamente singulares de interés regional, con el objetivo de evitar que otras comunidades vecinales tengan que afrontar situaciones similares.

De esta manera, las organizaciones pretenden trasladar el debate desde las controversias sobre cada proyecto concreto hasta el propio modelo de ordenación territorial y los criterios utilizados para justificar actuaciones excepcionales.

Los colectivos reconocen que sus reivindicaciones se enfrentan a intereses económicos vinculados a este tipo de desarrollos, pero manifiestan su intención de mantener una respuesta conjunta.

En su comunicado, defienden la necesidad de proteger sus casas y sus pueblos y reclaman el apoyo de la población cántabra para promover una modificación de la legislación que consideran «injusta».

La nueva coordinadora plantea así una actuación compartida entre movimientos vecinales de diferentes municipios, con la paralización de los proyectos cuestionados y el cambio normativo como reivindicaciones comunes.