|| David Acereda Pérez, activista de la PAH Torrelavega ||

Un 4 de noviembre, pero de 1946, se constituyó la UNESCO —Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura— desde una convicción de radicalidad que aquel momento exigía. Por irreverente que pueda sonarle hoy al sector reaccionario, a ese espectro concreto de la población empeñado en acumular poder, los pueblos se organizaron en torno a una tesis dirigida a las mayorías sociales. Más allá de las viejas burocracias, que perdían la ocasión de garantizar la paz y se conformaban con sostener los endebles pilares de los tratados políticos y económicos, había que atreverse a algo mayor: unos cimientos nutridos de solidaridad intelectual y moral. Hace ochenta años se arremangaron. Bregaron hombro con hombro, entre iguales.

Su Constitución fue aprobada en Londres el 16 de noviembre de 1945, en un momento histórico de profunda reflexión. Pesaba el cierre reciente de la Segunda Guerra Mundial: las brasas aún calientes, las ruinas de los bombardeos, el olor a muerte. Si algo bueno llegó junto a la celebrada —y poco frecuente— unión de mandatarios de 37 países, fue su entrada en vigor el 4 de noviembre de 1946. Desde entonces lo conmemoramos como Día de la UNESCO.

Soy consciente del momento histórico que se atravesaba en aquellos años de posguerra. Por eso el preámbulo de este texto fundacional abre con una de las frases más citadas del derecho internacional:

«Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz».

Los principios que allí se dictan admiten una lectura al servicio de la clase trabajadora. Vayamos a ellos: la ignorancia mutua entre los pueblos alimenta la desconfianza; esa desconfianza derivó históricamente en guerras; esas guerras fueron posibles porque se negaron los principios democráticos de dignidad, igualdad y respeto entre personas y pueblos. De ahí la conclusión: difundir la cultura y educar para la justicia, la libertad y la paz es un deber sagrado de todas las naciones.

Los tres pilares que sostienen la actividad de la UNESCO (artículo I) son educación, ciencia y cultura, al servicio de un propósito: contribuir a la paz y la seguridad internacional promoviendo el respeto universal a la justicia, el Estado de derecho y los derechos humanos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.

Se le atribuyeron funciones muy concretas, concebidas para superar las viejas estructuras burocráticas: promover el conocimiento mutuo entre los pueblos y la libre circulación de ideas; impulsar la educación popular con igualdad de oportunidades; y conservar el patrimonio mundial —libros, obras de arte, monumentos— fomentando el intercambio intelectual.

Un límite importante: la Constitución prohíbe expresamente a la UNESCO intervenir en los asuntos de jurisdicción interna de los Estados miembros, con el argumento de preservar su independencia y diversidad cultural. Contradicciones que vienen de serie.

Desde la trinchera que hoy ocupan en un mapa social y político crucial, una de sus tareas más sencillas y más olvidadas sigue siendo esta: visibilizar un día como el de hoy. Ochenta años después de aquel 4 de noviembre, mientras Trump les retira la financiación y los pueblos siguen bajo las bombas, defender la UNESCO es defender la idea de que hubo un momento en que la humanidad quiso, de verdad, no matarse más. Urge recordarlo.