El Sindicato de Estudiantes de Cantabria pide explicaciones a la Delegación del Gobierno por la actuación policial del 11N en Santander y Torrelavega
El Sindicato de Estudiantes de Cantabria ha registrado un escrito ante la Delegación del Gobierno en Cantabria en el que solicita explicaciones sobre las actuaciones de la Policía Nacional durante la jornada de huelga general del pasado 11 de noviembre en Santander y Torrelavega.
El sindicato expone que, durante esa jornada, varias compañeras fueron requeridas para identificarse sin que, según los hechos presenciados, se les comunicaran de manera clara y comprensible los motivos. Recuerda que el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, exige que estos requerimientos respondan a supuestos legalmente previstos y que se informe a la persona de las razones de forma inmediata y comprensible.
El escrito denuncia también que agentes de la Policía Nacional impidieron o dificultaron que las personas presentes grabaran sus intervenciones con dispositivos móviles. A juicio de la organización, estas restricciones carecen de fundamento claro: el artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015 no establece una prohibición general de captar imágenes de la actuación policial, tal y como aclaró el Tribunal Constitucional en su Sentencia 172/2020, de 19 de noviembre, y el artículo 20 de la Constitución protege el derecho a comunicar y recibir información.
Además, el sindicato señala que se observó la presencia de agentes que no portaban de manera visible su número de identificación profesional (TIP), lo que dificulta que las personas afectadas puedan conocer la identidad de quienes intervienen y presentar, en su caso, las reclamaciones oportunas.
En su escrito, la organización pide a la Delegación del Gobierno que:
-Informe de los motivos concretos de los requerimientos de identificación y aclare si respondían a los supuestos del artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015 y si se explicaron a las personas afectadas.
-Detalle las instrucciones dadas a los agentes sobre la grabación de sus intervenciones y el fundamento jurídico de los impedimentos denunciados.
-Aclare si los agentes portaban los distintivos de identificación profesional exigidos reglamentariamente y, si no era así, por qué.
-Facilite información sobre el dispositivo policial desplegado en ambas localidades, incluidas las unidades intervinientes y las instrucciones generales recibidas.
-Investigue los hechos y compruebe si las actuaciones se ajustaron a la normativa y respetaron los derechos fundamentales.
-Dé una respuesta expresa y motivada a todas las cuestiones planteadas.
Material gráfico y difusión pública
El sindicato afirma contar con imágenes y grabaciones que documentan las circunstancias expuestas, entre ellas la ausencia de identificación profesional visible de determinados agentes y los impedimentos para grabar. Ese material queda a disposición de la Delegación del Gobierno y será difundido públicamente junto con el escrito, en ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 20 y 21 de la Constitución y con respeto a la normativa de protección de datos y a los derechos de las personas que aparezcan en las imágenes.
La organización subraya que los hechos se produjeron durante una jornada de movilización social y ejercicio de derechos fundamentales, y recuerda que el artículo 3 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, obliga a la autoridad gubernativa a proteger su celebración. Sin cuestionar las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de seguridad ciudadana, insiste en que sus intervenciones deben desarrollarse con pleno respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y transparencia.
«La ciudadanía tiene derecho a conocer los motivos de las actuaciones que le afectan, a identificar a los funcionarios que intervienen y a ejercer sus derechos sin restricciones que no encuentren amparo en el ordenamiento jurídico», concluye el escrito.
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