Frente Amplio propone limitar el precio de los locales comerciales para proteger a autónomos y pequeños negocios cántabros frente a la especulación
Frente Amplio Cantabria ha defendido la necesidad de extender las políticas contra la especulación inmobiliaria a los locales comerciales, advirtiendo de que el encarecimiento de los alquileres amenaza la continuidad de pequeños negocios, comercios tradicionales y trabajadores autónomos.
La coalición considera que la falta de intervención pública en el mercado inmobiliario, junto con un modelo de desarrollo urbano cada vez más orientado al turismo, está incrementando la presión económica sobre quienes necesitan un establecimiento para desarrollar su actividad.
“Cuando hablamos del problema de la vivienda pensamos en las familias que no pueden pagar un alquiler, pero también hay autónomos que ven cómo el propietario les sube el precio del local hasta hacer inviable su negocio. Estamos poniendo en riesgo no solo el acceso a la vivienda, sino también el comercio de proximidad y la vida de nuestros barrios”, ha señalado Carmen Martín, candidata al Congreso de los Diputados.
La formación recuerda que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha alertado de que el alquiler de los locales comerciales representa alrededor del 40 % de los costes directos de los pequeños negocios, una presión que se suma al encarecimiento de la vivienda que también soportan muchos trabajadores por cuenta propia.
Frente a esta situación, Frente Amplio propone reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer contratos de locales comerciales de al menos cinco años, limitar las subidas anuales de los alquileres e introducir indemnizaciones por expulsión especulativa, además de índices de referencia de precios en zonas turísticas.
Menos cargas para los pequeños negocios, más impuestos para las grandes fortunas
Israel Ruiz Salmón, coordinador de Izquierda Unida Cantabria y candidato al Senado dentro de la lista Senado de Progreso, ha cuestionado el discurso del Partido Popular sobre los autónomos y las pequeñas empresas.
“El PP siempre se parapeta detrás de los autónomos y las pymes, habla constantemente en su nombre, pero a la hora de la verdad sus propuestas fiscales y económicas favorecen a las grandes fortunas, los fondos de inversión y las grandes corporaciones. No es lo mismo tener una pequeña tienda, un bar o trabajar por cuenta propia que acumular cientos de inmuebles o beneficios millonarios”, ha manifestado.
Ruiz Salmón ha advertido también de las consecuencias que, a juicio de la coalición, tiene la apuesta del PP por la liberalización urbanística y un crecimiento turístico sin suficientes mecanismos de control.
“El consejero del PP, Roberto Media, presume de no intervenir en el mercado inmobiliario, pero esa falta de intervención tiene consecuencias. Cuando una ciudad se convierte cada vez más en un negocio turístico e inmobiliario, suben los precios de las viviendas y también los de los locales. Y quienes acaban pagando esa factura son los vecinos y los pequeños negocios que dan vida a nuestras calles”, ha añadido.
Frente Amplio plantea un régimen simplificado de IVA para autónomos y microempresas que facturen menos de 85.000 euros anuales, con exención de liquidaciones trimestrales y una declaración informativa anual, así como cuotas bonificadas para quienes obtengan ingresos reales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.
Su programa también contempla una línea anual de 3.000 millones de euros en créditos ICO, con intereses del euríbor más un punto porcentual para pequeñas empresas, sanciones efectivas contra la morosidad de grandes compañías y medidas para evitar que los autónomos adelanten el IVA de facturas que todavía no han cobrado.
En materia fiscal, la coalición propone un tipo mínimo efectivo del 20 % en el Impuesto sobre Sociedades para grandes grupos empresariales y una mayor tributación de las grandes fortunas, sin incrementar ese impuesto a las pequeñas empresas.
Subir los salarios también ayuda al comercio local
Carmen Martín ha defendido que las mejoras salariales y la protección del pequeño comercio forman parte de una misma política económica.
“Durante años nos dijeron que subir el salario mínimo perjudicaría a los pequeños negocios. Pero cuando una persona trabajadora tiene más dinero disponible, también puede comprar en el comercio de su barrio, ir a una cafetería o consumir en los negocios de proximidad. Los salarios dignos no son enemigos de los autónomos: una clientela con capacidad de compra es fundamental para su actividad”, ha señalado.
La coalición ha recordado que el Salario Mínimo Interprofesional alcanza en 2026 los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, después de incrementarse un 66 % desde 2018.
Para Frente Amplio, proteger a los autónomos requiere actuar sobre sus principales gastos, facilitar el acceso a financiación y combatir los abusos de los grandes operadores económicos.
“Defender a los autónomos no es utilizarles como excusa para bajar los impuestos a los millonarios. Es conseguir que puedan pagar el alquiler de su local, que las grandes empresas les abonen las facturas a tiempo, que tengan protección social y que sus clientes dispongan de salarios dignos. Esa es la diferencia entre defender al pequeño comercio y defender a los grandes propietarios”, ha concluido Ruiz Salmón.
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