La infancia no necesita más promesas. Necesita que se cumplan sus derechos

20 de noviembre de 2026 · Día Mundial de la Infancia
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Hace 37 años, el mundo prometió proteger a la infancia. El 20 de noviembre de 1989, Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y TODOS los Estados asumieron obligaciones para garantizar la vida, la salud, la alimentación, la educación y la protección de todos los niños y niñas, exceptO ESTADOS UNIDOS.

Treinta y siete años después, la pregunta ya no es qué derechos reconoce la Convención. La pregunta es por qué seguimos permitiendo que se vulneren de forma tan sistemática.

Los derechos de la infancia no se negocian. Se cumplen.

En Gaza, la destrucción de hogares, escuelas y hospitales, la muerte de miles de menores y las condiciones de vida de quienes sobreviven representan una tragedia que no podemos normalizar. En el conjunto de Palestina, la ocupación y la violencia siguen condicionando el presente y el futuro de la infancia.

En Ucrania, Sudán y otros territorios devastados por conflictos armados, millones de niñas y niños afrontan desplazamientos, hambre, separación familiar y dificultades para acceder a servicios básicos. En los campamentos de población refugiada saharaui de Tinduf, generaciones enteras han crecido en el exilio, esperando una solución política que respete los derechos del pueblo saharaui.

Son EJEMPLOS DE conflictos, HAY MUCHOS OTROS MÁS, distintos, pero que comparten una consecuencia intolerable: la infancia soporta el precio de decisiones que no ha tomado.

La comunidad internacional no puede limitarse a expresar preocupación. Debe exigir el cumplimiento del derecho internacional, proteger a la población civil, garantizar la ayuda humanitaria y actuar sin dobles raseros.

Pero sería hipócrita denunciar únicamente las vulneraciones que ocurren lejos de Europa.

La pobreza infantil también es una vulneración de derechos. En España, aproximadamente uno de cada tres menores de edad se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025. No hablamos de estadísticas abstractas, sino de dificultades para alimentarse adecuadamente, disponer de una vivienda digna o acceder a oportunidades educativas.

La pobreza infantil no es una fatalidad inevitable. Es un problema estructural que exige decisiones políticas, inversión pública y prioridades claras.

Europa no puede proclamarse defensora de los derechos humanos mientras permite que la protección de la infancia migrante quede subordinada al control fronterizo.

Niñas, niños y adolescentes que huyen de guerras, persecuciones y situaciones extremas encuentran obstáculos para solicitar protección, procedimientos inadecuados y condiciones de acogida insuficientes.

La Convención no establece una infancia de primera y otra de segunda categoría. Ninguna niña, ningún niño es ilegal. Ninguna frontera está por encima de sus derechos.

Pero el rechazo no termina necesariamente al cruzar una frontera. En ocasiones continúa en nuestros propios pueblos, alimentado por prejuicios, xenofobia y discursos de odio.

Lo sucedido este año en Cartes y Castro Urdiales debería hacernos reaccionar.

Las controversias sobre centros de acogida para adolescentes migrantes sin acompañamiento familiar han estado acompañadas de protestas y mensajes que vinculan su presencia con la inseguridad. En Castro Urdiales, colectivos ciudadanos denunciaron incluso un episodio de intimidación contra uno de los adolescentes acogidos.

No se trata de negar que la acogida requiera planificación, recursos suficientes y diálogo con la ciudadanía. Se trata de establecer un límite irrenunciable: ninguna discrepancia sobre un centro de acogida justifica señalar, estigmatizar o intimidar a personas menores de edad.

Las palabras tienen consecuencias. Cuando se asocia reiteradamente a la infancia migrante con la delincuencia, se alimenta un clima de hostilidad que puede desembocar en discriminación y violencia.

Quienes ejercen responsabilidades públicas deben contribuir a la convivencia, no convertir la vulnerabilidad de estos adolescentes en un instrumento de confrontación política.

Las tensiones vividas este año en municipios como Cartes y Castro Urdiales evidencian la necesidad urgente de mejorar la información, los recursos y el diálogo con los vecinos. Escuchar las inquietudes de la ciudadanía es fundamental, pero siempre garantizando que ningún menor sea señalado. La amplia red de solidaridad demostrada en Cantabria confirma que tenemos la capacidad de construir juntos una acogida ordenada, segura y pacífica para las y los menores.

La calidad democrática de una sociedad también se mide por cómo protege a quienes llegan buscando refugio.

Desde la Coordinadora Cántabra de ONGD exigimos coherencia. No podemos reclamar derechos humanos en otros continentes y mirar hacia otro lado cuando se vulneran en nuestras fronteras. No podemos denunciar la violencia contra la infancia en las guerras y tolerar su estigmatización en nuestros municipios.

Defender estos derechos exige combatir la pobreza infantil, garantizar recursos adecuados de acogida, sostener la cooperación internacional, proteger a la población civil y actuar contra el racismo y la xenofobia.

Exige también escuchar a niñas, niños y adolescentes. No son únicamente personas que necesitan protección: son titulares de derechos y tienen voz propia.

Treinta y siete años después, el problema SIGUE SIENDO QUE LOS GOBIERNOS NO TIENEN COMO PRIORIDAD CUMPLIR LO FIRMADO. No es la falta de compromisos internacionales es la distancia entre lo que los Estados prometen y lo que realmente hacen.

Este 20 de noviembre no queremos limitarnos a celebrar un aniversario. Queremos reclamar responsabilidades, presupuestos suficientes y decisiones que sitúen los derechos de la infancia por encima de los intereses partidistas y económicos.

La infancia no necesita más discursos solemnes. Necesita protección, recursos y justicia.

Ha llegado el momento de dejar de celebrar la promesa y empezar a exigir su cumplimiento.

Gabriel Herrería Herrería
Presidente de la Coordinadora Cántabra de ONGD

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