«La gente trabajadora ya hemos hecho muchos sacrificios»

Carmen Martín, candidata de Frente Amplio al Congreso por Cantabria defiende una izquierda fuerte para condicionar al PSOE, reclama intervenir el mercado de la vivienda y denuncia las expropiaciones vinculadas a proyectos urbanísticos como el de Rucandial.  
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 La candidata de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Cantabria, Carmen Martín, defiende que las elecciones generales del 29 de noviembre deben servir para reforzar la presencia de la izquierda y garantizar que la vivienda, la sanidad pública y los derechos sociales tengan mayor peso en el próximo Gobierno.

«Necesitamos tener fuerza a la izquierda del PSOE. Para poder revalidar un gobierno de progreso, tenemos que tener una izquierda fuerte. Y la izquierda fuerte es Frente Amplio», ha afirmado en una entrevista con El Faradio, Martín, integrante de Izquierda Unida (IU) y presidenta de CESIDA, coordinadora estatal de apoyo a personas con VIH.

Carmen Martín encabeza la candidatura de Frente Amplio al Congreso por Cantabria, mientras que al Senado concurre la candidatura Senado de Progreso, en la que Israel Ruiz Salmón ocupa el número 2.

Vivienda: intervenir el mercado y frenar la especulación

 

Entre las propuestas de Frente Amplio figuran ampliar el parque público de alquiler, movilizar las viviendas vacías, regular los alquileres frente a la presión turística, limitar los precios y mantener la titularidad pública de las viviendas protegidas.

La candidata defiende también actuaciones sobre los grandes propietarios y los fondos de inversión, con expropiaciones «a quien está especulando con el precio de la vivienda y al que está poniendo freno a que muchas personas tengan acceso a una vivienda digna».

Martín critica que el debate político se centre en la ocupación de inmuebles mientras las principales dificultades de la población están relacionadas con los precios: «Lo que nos está pasando a la gente, lo que nos importa a la gente, es que tenemos dificultades para acceder a una vivienda, porque hay precios abusivos, porque se ha tensionado el mercado de la vivienda».

Frente Amplio plantea construir 1,5 millones de viviendas en 12 años, una propuesta que Martín diferencia de las políticas que promueven nueva construcción sin garantizar su carácter social:  «Nosotras estamos hablando de vivienda protegida, de vivienda social, de vivienda del Estado. No estamos hablando de que nuestros amigos constructores construyan las viviendas para que se siga especulando».

Al respecto, ha puesto como ejemplo proyectos urbanísticos masivos como del barrio Rucandial en Santander, o, en general, todos los que, como este, se vienen tramitando a través de la figura del PSIR, que agiliza trámites y bajo el apelativo de interés general esconde expropiaciones y construcción. «Lo que está pasando es que esos PSIR, el interés solamente le tiene el capital. O sea, no es el interés de los vecinos, no es el interés del barrio Rucandial», ha afirmado.

«Este Partido Popular lo que está haciendo cuando gobierna es lo que estamos viendo: expropiar a la gente que lleva toda su vida ahorrando para tener una casa o que quiere mantener la casa de sus abuelos (…) Ahora ve cómo el capital aplasta los sueños y la vida de la gente para ponerlo en manos privadas», ha denunciado.

 Sanidad pública y acceso a los tratamientos

La defensa de la sanidad pública constituye otra de las prioridades de Martín, cuya trayectoria profesional está vinculada al activismo sanitario.

Martín ha alertado de los procesos de privatización emprendidos por el PP donde gobierna, como en Cantabria, pero también políticas de anteriores gobiernos de la derecha, como la exclusión de los migrantes de la asistencia sanitaria universal o los problemas para acceder a los tratamientos de hepatitis C: «la diferencia entre vivir o morir está en el acceso al tratamiento».

La candidata de Frente Amplio reclama mayor control sobre los recursos sanitarios gestionados por las comunidades autónomas y una financiación basada en la fiscalidad progresiva, cuestiona que se reclamen nuevos sacrificios a la población trabajadora.

La militante de Izquierda Unida  ha advertido de que la población trabajadora lleva años soportando las consecuencias de las dificultades económicas y de decisiones políticas que han afectado a sus condiciones de vida, por lo que rechaza que se vuelvan a plantear nuevos sacrificios para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.

«Creo que nosotras, la gente trabajadora, ya hemos hecho muchos sacrificios, ya hemos visto nuestra vida, ya hemos tenido muchos sustos», ha afirmado

«Con la patria no se come»: los discursos de odio

En la entrevista, Martín ha recordado que, como presidenta de Cesida,  compareció en el Congreso de los Diputados para defender medidas contra los discursos y delitos de odio, que también sufre su colectivo y que siempre son la antesala de la violencia. Durante aquella intervención, según relata, representantes de Vox cuestionaron que utilizara la expresión Coordinadora Estatal en lugar de España: «No había un solo argumento hacia lo que yo estaba contando de cómo es necesario ese pacto de Estado contra los discursos de odio. Y lo único que se me decía es que me costaba decir la palabra España».

En este sentido, Martín rechaza que los símbolos nacionales sustituyan el debate sobre los derechos y las condiciones materiales de vida: «Creo que con la patria no se come. La patria, por mucha bandera que tengas, no te quita el frío por la noche ni te da una vivienda. Que lo que hace que tengas una patria grande es realmente que tengas derechos en tu país y que puedas tener una vida plena».

También ha mostrado preocupación por la eliminación del área de Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo, tras asumir Teresa Jiménez-Becerril sus funciones. Según explica, organizaciones como Cesida, Red Acoge y Amnistía Internacional temen las consecuencias sobre el seguimiento de las políticas contra la discriminación.

Los avances sociales y el papel de la izquierda

Martín reivindica la influencia de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE en las reformas laborales y sociales de los últimos años, especialmente la gestión de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo.

Así, destaca el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que pasó de 1.080 euros mensuales en 2023 a 1.221 euros en 2026, en 14 pagas, y las medidas para reducir la temporalidad laboral, además de las mejoras en la protección por desempleo, los avances en los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

En el ámbito del VIH, ha destacado una iniciativa del Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, que permitió escuchar las experiencias de personas nacidas con VIH que actualmente son jóvenes o adultas.  «Es la primera vez en 30 años que trabajo en una organización social de la comunidad de respuesta al VIH que he visto cómo se realizaban unas jornadas en las que los niños y niñas que nacieron con VIH, que ya son jóvenes y personas adultas, han tenido un espacio para decir qué ha significado vivir para ellos con VIH».

Violencia machista: educación y prevención

Coincidiendo con la proximidad del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Martín ha reclamado mayor atención a la violencia machista y a las desigualdades que afectan a las mujeres, también dentro del sistema sanitario.

Ha señalado las diferencias en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, especialmente cuando síntomas de un infarto se atribuyen a ansiedad o nerviosismo.

En materia de violencia machista, ha citado la cifra de 45 mujeres asesinadas en España durante la entrevista del 20 de noviembre y ha rechazado que el debate se centre en la nacionalidad de los agresores.

La candidata considera imprescindible trabajar la igualdad desde las primeras etapas educativas y prevenir las conductas de control sobre la vestimenta, los teléfonos móviles o las redes sociales: «Necesitamos abordar esto desde los inicios de la educación en todas las etapas evolutivas de los niños y de las niñas en los centros educativos», ha defendido.


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