Uno de los argumentarios inoculados en vena por tierra, mar y aire en materia de vivienda es que resulta prácticamente imposible para un casero desahuciar a un inquilino, y por eso el rentismo está virando a las viviendas turísticas, lo que reduce el número de viviendas disponibles y eleva los precios, obligando de paso a construir más como única solución para bajar los precios –pese a que no esté garantizado que esas viviendas no se destinen también a turísticas o segundas residencias, por tanto, que no puedan ser disfrutadas por familias cántabras-.

El argumentario se complementa con que esa imposibilidad de desahuciar convierte a los inquilinos en inquiocupas (el inmobiliario parece ser el único sector en el que no se toleran los retrasos en los pagos con los que convive el resto del mundo empresarial, como sabrá cualquier autonómo o empresa grande o pequeña cuyos retrasos no se convierten en problema de estado por la sobreatención mediática y el impacto legislativo.

Es el mundo de la batalla cultural, temas políticos que apelan a valores y llegan a la gestión (en Cantabria se quiere implantar una línea telefónica antiocupación, pese a que las principales competencias para los casos reales pasan en realidad por competencias estatales: más medios judiciales para agilizar los procesos).

Y no se corresponde con la realidad de los juzgados, donde lo cierto es que evidentemente se producen desahucios de inquilinos. 40 entre abril y junio -13 al mes, 4 a la semana, es decir, casi uno al día sin contar el fin de semana-

De hecho, los desahucios por alquiler son los más de los desahucios: son 40 del total de 50 lanzamientos ese trimestre –un 80%- , según recoge la estadística sobre el impacto de la crisis en la justicia que se difunde cada trimestre desde el poder judicial.

Y lo que hay mucho menos son las ocupaciones: durante el segundo trimestre de 2025, los juzgados cántabros registraron cinco demandas de verbales posesorios por ocupación. Con cifras tan pequeñas, como sabe cualquiera que trabaje con estadísticas, cualquier variación parece un abismo: el trimestre anterior –y en el mismo mes del período anterior- fueron dos, lo que ha llevado a que contado en porcentajes, el incremento sea de un llamativo 150% siendo en realidad uno, dos y tres casos más.

Pese a todo, en comparación con el trimestre anterior, la cifra global de lanzamientos ha descendido, lo que supone una disminución trimestral del 35,9%. No obstante, este dato oculta un repunte interanual, ya que los datos muestran que los lanzamientos por impago de alquiler han subido respecto al segundo trimestre de 2024.

Al margen de la vivienda, los juzgados recogen otros asuntos con relación con la situación económica: los dos Juzgados de lo Mercantil de Cantabria registraron durante el segundo trimestre de este año un total de 154 concursos de acreedores, lo que representa un incremento del 18,5 por ciento respecto a los ingresados en el segundo trimestre de 2024 (130)

Si se pone el foco en el sujeto del concurso se observa que los que más han crecido han sido los de personas naturales empresarias –de uno a doce- pero los más abundantes son los presentados por particulares (132), que aumentaron un 8,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 (122).

Y en los juzgados laborales se registraron menos despidos (-1,5 %) y menos reclamaciones de cantidad (-33 %), y también fueron menos en los juzgados de primera instancia los lanzamientos practicados (-39,5 %) y los procedimientos monitorios registrados (-32,9 %).

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