El Sindicato de Estudiantes ha convocado a nivel estatal una huelga estudiantil este martes 28 de octubre con motivo del suicidio de Sandra Peña, una joven de 14 años de Sevilla que, según denuncia la organización, fue víctima de acoso escolar en el colegio concertado Irlandesas de Loreto.

En Cantabria, la jornada de protesta incluirá una manifestación a las 12:00 horas que partirá desde la plaza de Numancia y finalizará frente a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

La convocatoria, lanzada a nivel estatal, pretende denunciar lo que califican como un «fallo sistémico» en la lucha contra el bullying en los centros escolares. La organización estudiantil ha expresado su solidaridad con la familia y el entorno de Sandra, al tiempo que responsabiliza directamente a la dirección del centro educativo y a las administraciones públicas por no activar los protocolos existentes pese a las denuncias previas.

Según el Sindicato, los padres de la menor habían informado hasta en dos ocasiones a la dirección del colegio sobre la situación de acoso, acompañando sus denuncias con informes psicológicos. A pesar de ello, aseguran que no se activaron los protocolos anti-acoso ni los de prevención del suicidio. El centro, gestionado por la Fundación Educativa Mary Ward, vinculada a la Iglesia Católica, recibe financiación pública mediante conciertos con la Junta de Andalucía.

En este sentido, el comunicado acusa a la Consejería de Educación andaluza, en manos del Partido Popular, de mantener el concierto con el centro a pesar de las denuncias, y de «desmantelar» la educación pública. Asimismo, critican al Gobierno central del PSOE por la falta de inversiones en salud mental y prevención del suicidio en los centros educativos.

 

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La protesta en Cantabria se enmarca en una movilización estatal en defensa de una educación pública «segura, libre de odio y con recursos suficientes». El Sindicato reclama la dimisión de la directiva del colegio sevillano, el fin de la financiación pública a centros que no garanticen la seguridad del alumnado, y la contratación de personal especializado, como psicólogos y orientadores, en todos los centros educativos.

Además, alertan de que el acoso escolar responde a una estructura social que fomenta «la cultura del odio» y la exclusión. Subrayan que las víctimas suelen ser jóvenes que se alejan de la norma por su aspecto físico, orientación sexual, identidad de género, origen o cualquier otra diferencia, y que sufren una presión que en muchos casos deriva en consecuencias graves para su salud mental.

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