Cantabria destinó en 2025 un total de 3.911.468 euros a cooperación internacional para el desarrollo, lo que representa únicamente el 0,10% de su Presupuesto Total Consolidado (PTC), según recoge el Informe 2025 de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, presentado esta semana y respaldado por la Coordinadora Cántabra de ONGD.

Este porcentaje sitúa a la comunidad por debajo de la media estatal, que se mantiene en el 0,12%, y muy lejos del compromiso internacional del 0,7%, establecido por Naciones Unidas en 1970 y recogido legalmente por el Estado español en la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

En comparación con años anteriores, la cifra refleja un ligero retroceso respecto a 2024, cuando Cantabria había presupuestado 3.941.964 euros, lo que suponía un 0,11%. Esta caída, más allá del importe absoluto, resulta significativa en términos porcentuales, ya que muestra una tendencia descendente tras años de cierto crecimiento.

Por habitante, Cantabria invierte 6,59 euros anuales en cooperación, por debajo de la media estatal de 8,5 euros. En el ranking estatal de porcentaje del presupuesto destinado a cooperación, Cantabria ocupa la décima posición, por debajo de comunidades como Illes Balears (0,12%), Asturias (0,11%) o La Rioja (0,26%), pero por encima de regiones como Galicia (0,06%), Canarias (0,04%) o Madrid (0,02%).

El informe pone de relieve también que el gasto real en AOD —medido en presupuestos ejecutados y no sólo aprobados— tiende a ser inferior al comprometido inicialmente, por lo que el dato efectivo podría ser aún más bajo.

Diagnóstico general: desigualdad territorial, estancamiento y falta de voluntad política

El estudio elaborado por la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, y presentado oficialmente en el Parlamento andaluz, ofrece una panorámica global sobre la cooperación descentralizada en el Estado español, es decir, la que se canaliza desde comunidades autónomas y entes locales.

En 2025, la inversión conjunta de las CCAA alcanzó los 334,4 millones de euros, la cifra más alta registrada, superando en 8,7 millones a 2024. Sin embargo, este crecimiento ha sido desigual y limitado, y el porcentaje medio del 0,12% permanece estancado desde 2022, lo que revela una falta de avances reales hacia el objetivo del 0,7%.

Comunidades que destacan

• Euskadi encabeza el ranking con un 0,35% y una inversión por habitante de 26,26 euros.
• Navarra (0,31%) y La Rioja (0,26%) se mantienen también en los primeros puestos.
• Catalunya es la que más presupuesto absoluto aporta (95,5 millones), con un 0,19% de su presupuesto.

Comunidades que retroceden

• Andalucía ha reducido su porcentaje desde el 0,14% en 2018 al 0,04% en 2025.
• Comunidad de Madrid y Murcia se mantienen en mínimos históricos, con apenas un 0,02% y 0,01% respectivamente.

Además, cuatro comunidades (Aragón, Catalunya, Castilla y León y Extremadura) han operado con presupuestos prorrogados, lo que limita su capacidad de acción y consolida un patrón de parálisis política en esta área.

Desconexión entre riqueza y cooperación

El informe incluye una comparación entre el PIB per cápita y el porcentaje destinado a cooperación, evidenciando una falta de correlación entre el nivel de riqueza de cada comunidad y su compromiso. Por ejemplo, Madrid, con el PIB per cápita más alto, apenas dedica un 0,02% de su presupuesto a cooperación.

Conclusiones políticas: estancamiento, falta de transparencia y amenaza de retroceso

El informe lanza una advertencia política clara: la cooperación descentralizada está amenazada por el avance de fuerzas contrarias a las políticas de solidaridad internacional, el fortalecimiento de la extrema derecha y el debilitamiento del multilateralismo.

En paralelo, la opinión pública muestra un apoyo mayoritario a estas políticas: según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 72,2% de la población cree que España debería hacer más esfuerzos para ayudar a los países empobrecidos.

Desde la Coordinadora, se reclama:

• Cumplir con el 0,7% legalmente asumido en todas las administraciones.
• Evitar recortes encubiertos mediante la prórroga presupuestaria.
• Aumentar la transparencia y la calidad del gasto, con informes de ejecución claros.
• Asegurar la participación de las ONGD en el diseño y seguimiento de las políticas públicas.

El informe también destaca el papel ejemplar de algunos entes locales, como el Ayuntamiento de Barcelona, que con más de 13 millones de euros supera en inversión a 13 comunidades autónomas. O la Diputación de Zaragoza, que alcanza un 0,84% de su presupuesto en AOD, superando de largo a casi todas las regiones.

Frente a los recortes y el aislamiento, la respuesta, concluye el documento, debe ser cooperación, solidaridad y defensa de los derechos humanos, no solo como compromiso moral, sino como estrategia de paz y seguridad.

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