«Podemos encontrar un hogar para todos», afirmó Richard Gere. Sin embargo, en Torrelavega —como en tantos otros municipios— la realidad demuestra que el acceso a una vivienda digna sigue siendo una carrera de obstáculos para cientos de personas y familias. La vivienda no es un lujo ni un premio a la estabilidad económica: es un derecho básico sin el cual el resto de derechos se debilitan o directamente desaparecen.

Desde los Servicios Sociales se constata una evidencia incómoda: la falta de vivienda no es solo una consecuencia de la exclusión social, es una de sus principales causas. Sin hogar no hay salud, ni empleo estable, ni escolarización normalizada, ni intimidad, ni participación social. Aun así, el mercado inmobiliario continúa expulsando a las personas más vulnerables mediante precios abusivos, requisitos inasumibles y prácticas claramente discriminatorias.

En Cantabria, el sinhogarismo afecta a entre 250 y 300 personas, una cifra que solo refleja la parte más visible de un problema mucho más amplio: quienes viven en alojamientos temporales, inseguros o inadecuados, sin estabilidad ni privacidad. El sinhogarismo no empieza en la calle; empieza cuando un alquiler se vuelve imposible, cuando finaliza un contrato sin alternativa, cuando un desahucio rompe cualquier proyecto de vida.

Torrelavega: avances necesarios, retos urgentes

En Torrelavega, la presión sobre la vivienda es creciente y los recursos siguen siendo claramente insuficientes. Las trabajadoras sociales municipales elaboran informes de vulnerabilidad en procesos de desahucio, analizando ingresos, gastos, deudas, redes de apoyo y capacidades personales. En algunos casos se logra aplazar el lanzamiento o resolver conflictos mediante mediación, pero el desenlace suele ser el mismo: precios inasumibles, avales imposibles, exigencia de estabilidad laboral, seguros de impago y exclusiones por tener hijos, ser migrante o pertenecer a colectivos estigmatizados.

Los recursos de emergencia —albergues y centros de acogida— no permiten una intervención eficaz a medio plazo. Las estancias breves, de apenas unos días, impiden reconstruir itinerarios vitales y dejan fuera a muchas familias. Sin vivienda estable no hay intervención social posible.

El albergue de Torrelavega proyecta opciones de abandono del sinhogarismo a través de itinerarios de intervención social personalizados que podrán implicar, en casos excepcionales, una prolongación de su estancia para su desarrollo.

En este contexto, cobra especial relevancia el Consejo de Acción Social de Torrelavega, un espacio clave de participación y coordinación entre la administración local, el tercer sector y los agentes sociales. En sus recientes sesiones se ha avanzado en los borradores de las nuevas ordenanzas reguladoras de los pisos municipales y de los 14 apartamentos del nuevo centro de acogida, totalmente adaptados, que se destinarán a personas en situación de necesidad.

Estas ordenanzas suponen un paso imprescindible hacia un modelo más justo y transparente. Establecen criterios claros de acceso —mediante sorteo o valoración técnica de los servicios sociales—, delimitan tiempos de permanencia y refuerzan un enfoque basado en derechos, inclusión social y justicia social. Además, el Ayuntamiento está trabajando en la recuperación de otras viviendas municipales, un esfuerzo necesario para ampliar el parque de vivienda social.

No obstante, la experiencia demuestra que la gestión de vivienda social sin recursos suficientes ni competencias claras coloca a técnicos y responsables políticos en una posición límite. Cuando las situaciones se cronifican o no existen alternativas reales de salida, los recursos se saturan y el sistema se tensiona, generando conflictos que no deberían recaer exclusivamente en el ámbito local.

Recursos insuficientes, coordinación imprescindible

El problema de la vivienda desborda claramente a los Servicios Sociales, que carecen de medios humanos y materiales para afrontar una emergencia estructural. Existe una oficina de emergencia habitacional y viviendas gestionadas por el Gobierno de Cantabria, a través de GESVICAN y la Dirección General de Vivienda, así como iniciativas del tercer sector —Cáritas, Nueva Vida, Cruz Roja, Movimiento por la Paz, Amica o Ascasam— que cubren parcialmente la necesidad habitacional. Aun así, la demanda supera con creces la oferta.

La estrategia integral contra el sinhogarismo articula diversas intervenciones y programas innovadores como Housing First y Housing Led, proporcionando alternativa real a personas en grave situación de exclusión social.

Además, hay recursos infrautilizados que podrían activarse de forma inmediata, como algunos centros de acogida que cuentan con infraestructura suficiente pero no funcionan a pleno rendimiento. La falta no es de espacios, sino de voluntad política sostenida, financiación adecuada y coordinación real.

La vivienda también es un derecho exigible

El derecho a la vivienda no es una declaración retórica. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2014 marcó un antes y un después al obligar a los jueces a examinar de oficio cláusulas abusivas y a suspender procedimientos de desahucio para evitar daños irreparables. Perder la vivienda sin control judicial previo vulnera el Derecho de la Unión y coloca a las personas en una situación de indefensión inaceptable.

A pesar de ello, las decisiones recientes que favorecen a los propietarios —como obligar a los inquilinos a asumir gastos como el IBI o la tasa de basuras sin que figure en el contrato— agravan aún más la precariedad residencial. El resultado es claro: cada vez más personas destinan más del 40 % de sus ingresos al alquiler, perpetuando la pobreza y la exclusión social.

El Gobierno prepara un real decreto que entrará en vigor en las próxima semanas, con bonificaciones fiscales para propietarios del 100% en el IRPF y acabar con el mal uso de los alquileres de temporada y habitaciones e incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos y la regulación contra el «fraude» para consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado de bienestar.

Una llamada urgente a la acción

La vivienda no puede seguir siendo un camino de obstáculos. Es el eje desde el que se construyen proyectos de vida reales, con nombres y apellidos. Torrelavega está dando pasos en la buena dirección, pero estos avances deben consolidarse con más vivienda social, más coordinación interinstitucional y una apuesta decidida por políticas públicas centradas en las personas.

Porque el sinhogarismo no es una excepción ni un fracaso individual: es el resultado de decisiones políticas y de un sistema que ha permitido que un derecho fundamental se convierta en un privilegio. Y porque, como recuerda David Van Vooren, hay suficientes viviendas vacías para acabar con la falta de vivienda. Lo que falta es voluntad para ponerlas al servicio del derecho a un hogar.

La reciente herramienta gubernamental Casa 47, concebida como una ventanilla única que centraliza información sobre recursos habitacionales, ayudas y programas, de momento solo ofrece casas asequibles en Valencia, Vigo y Asturias, esperemos que próximamente publiquen casas en Cantabria.