La discusión sobre el uso del burka en Europa suele plantearse como un enfrentamiento simple entre tradición religiosa y valores occidentales. Sin embargo, reducir el debate a esa dicotomía empobrece un problema que es, ante todo, político y profundamente vinculado a la libertad de las mujeres. Conviene distinguir con claridad dos posiciones que con frecuencia se presentan como equivalentes, pero no lo son: la propuesta de VOX de prohibir el burka en el espacio público y la postura del feminismo que rechaza la imposición obligatoria del burka sobre las mujeres.

La primera es una iniciativa legislativa que plantea la prohibición general de una prenda concreta por considerarla incompatible con determinados valores culturales o de seguridad. Es una medida de carácter coercitivo: el Estado decide que ninguna mujer puede llevar burka, con independencia de su voluntad, contexto o circunstancias personales. Se trata, por tanto, de una restricción de derechos individuales en nombre de un supuesto interés superior. Aunque se argumente desde la igualdad o la seguridad, el resultado práctico es claro: sustituir una posible imposición privada por una imposición pública.

El feminismo, en cambio, no parte de la prohibición, sino de la libertad. La crítica feminista no se dirige a la tela en sí, sino al sistema que obliga a cubrir el cuerpo femenino bajo amenaza, presión familiar o sanción social. La cuestión central no es la prenda, sino la coacción. Cuando una mujer es forzada a ocultar su rostro y su identidad, estamos ante una vulneración de derechos fundamentales: autonomía, dignidad y libre desarrollo de la personalidad. El feminismo combate esa obligación, no la decisión individual.

Confundir ambas posturas es un error grave. La prohibición general del burka puede presentarse como liberadora, pero en muchos casos desplaza el problema sin resolverlo. Una mujer sometida a un entorno coercitivo puede verse doblemente castigada: primero por la presión que la obliga a cubrirse y después por una ley que le impide salir a la calle si lo hace. No se emancipa a nadie a golpe de decreto. La libertad no se impone; se garantiza.

El feminismo, desde su raíz histórica, desconfía de toda estructura que utilice el cuerpo de las mujeres como campo de batalla ideológico. Ya sea para obligarlas a cubrirse o para obligarlas a descubrirse, el mecanismo es el mismo: decidir por ellas. Esa lógica ha atravesado culturas, religiones y sistemas políticos. La emancipación femenina exige coherencia: defender el derecho a no llevar burka cuando es obligatorio y, simultáneamente, defender el derecho a no ser sancionada por llevarlo si esa es la elección libre.

Esto no implica ingenuidad. Es evidente que en determinados contextos el burka simboliza una estructura patriarcal que limita radicalmente la autonomía femenina. Negarlo sería irresponsable. Pero también lo sería asumir que todas las mujeres que lo portan lo hacen obligadas. Las realidades son complejas y las soluciones simplistas suelen perjudicar precisamente a quienes dicen proteger.

La diferencia fundamental, por tanto, radica en el sujeto de decisión. En la propuesta prohibicionista, el Estado ocupa el lugar de la autoridad que decide qué es aceptable para las mujeres. En la perspectiva feminista, la autoridad debe residir en cada mujer concreta, libre de amenazas y presiones. El objetivo no es homogeneizar, sino empoderar.

Como mujer, no acepto que mi cuerpo se convierta en instrumento de agendas políticas que instrumentalizan la igualdad para fines identitarios o culturales. Tampoco acepto que la tradición o la religión justifiquen mi subordinación. La coherencia exige rechazar toda forma de imposición. Si algo ha demostrado la historia del feminismo es que la libertad no se negocia ni se delega.

Prohibir no es liberar. Obligar a llevarlo tampoco. La única posición consistente con la igualdad real es aquella que garantiza que ninguna mujer sea forzada a cubrirse ni a descubrirse contra su voluntad. Esa es la línea divisoria. Todo lo demás son atajos que sacrifican la autonomía femenina en nombre de causas que, por legítimas que se presenten, no pueden construirse sobre la negación de nuestra capacidad de decidir.

Por cierto, para terminar, no se debate que las monjas católicas sigan llevando “ pañuelo”… ni nos despeina que los curas católicos lleven chilaba negra. Que las jóvenes judías ortodoxas se las rape el pelo y se les ponga la misma peluca a todas… la religión, todas, deberían estar en sus espacios de encuentro ( se llamen Iglesias, mezquitas, sinagogas o punto zen…). Y que los espacios públicos fueran acordes a derechos humanos universales y biodiversos. Una utopía que sueño.