Momentos de hacer preguntas y esperar respuestas honestas, después de un accidente que podría, o debería, significar un antes y un después a la hora de pensar y gestionar un espacio concreto de Santander. La zona norte ha sido definida muchas veces como un lugar abandonado. Que un vecino avisara el lunes de que una pasarela estaba en muy mal estado y que el martes haya un accidente que cause seis muertes y una persona herida en esa misma pasarela concuerda con esa definición.

Gema Igual, en su rueda de prensa de hoy, ha hablado de cadena de información que falló, que el policía local que recibió ese aviso del 112 tuvo intención de abrir una incidencia, pero no lo hizo. Y al día siguiente, una desgracia. La alcaldesa de Santander dice que a ese agente se le abrirá un expediente informativo y sancionador por no dar el aviso de esa incidencia. Y dice que ella no puede ser culpable de las responsabilidades individuales de los funcionarios.

En este caso, una vez que se tiene constancia de ese error en no comunicar un aviso (aunque no queda del todo claro el momento en que estaba ese agente de Policía Local y la carga de trabajo que estaba asumiendo), el Ayuntamiento toma un papel diligente para resolver la situación. Cuando se conoció que un asesor del Ayuntamiento, también policía local, por cierto, pero sin ejercer, había sido condenado por dos delitos de violencia de género, la respuesta fue bastante diferente.

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Por ahí focalizaba una parte de la responsabilidad la alcaldesa de Santander. La otra, por Demarcación de Costas, como la entidad pública que elaboró el proyecto de obras en la senda costera, quien las adjudicó y quien no las concluyó.

Aquí es donde se entra en un terreno complicado. Igual trata de explicar que no todo lo que hay en Santander pertenece al Ayuntamiento. Hay cosas que son de Costas, está el Puerto de Santander… Hasta el punto de hacer normal que un Ayuntamiento no se preocupe por cosas que están dentro de su término municipal, porque no son de su gestión directa. También se pudo detectar, durante años, un comportamiento diferente en cuanto a los espigones de La Magdalena, porque eso tampoco depende del Ayuntamiento.

En la senda costera los vecinos dijeron por activa y por pasiva que esas obras no tenían sentido, que se necesitaba un cuidado de toda esa zona, pero sin necesidad de construir pasarelas ni miradores. Si te asomas con cuidado, no hace falta una instalación artificial. La natural ya es suficiente para contemplar un paraje como el de la costa norte santanderina. Sin embargo, cuando esa obra se paraliza, en 2014, y después no se reanuda en 2016 y 2017, el Ayuntamiento no parece poner esa misma atención. Y los vecinos, por ejemplo, a través de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, insistían en que había una necesaria atención a todo ese litoral, el que va de Cabo Mayor a la Virgen del Mar.

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Igual también ha querido dar su opinión en cuanto a que cree que habría que demoler instalaciones construidas durante las obras de 2014, y habla de reunirse con Demarcación de Costas para delimitar lo que le toca a cada uno en lo que es la gestión de ese espacio. Con un Ayuntamiento que puede realizar determinadas actuaciones, dentro de lo que es el Plan de Sostenibilidad Turística municipal, como retirar plantas invasoras o elementos deteriorados, y hasta que la Policía Local va a seguir precintando pasarelas. 12 años después de las obras. Algo que, si se puede hacer ahora, quizá se podría haber hecho antes también.

Mientras, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se insiste en la idea no buscar una confrontación ni alimentar la polémica, sino esperar a que sean los hechos y los datos los que determinen lo sucedido, aunque sí apunta a que la alcaldesa ha hecho «afirmaciones que no se corresponden con la realidad».

Por su parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha comparecido ante los medios de comunicación en la firma del acuerdo de Presupuestos alcanzado con el PRC. Preguntada por este tema, ha dicho que ahora «es el momento de la investigación» y que, al final, será un juzgado donde se diriman las responsabilidades.

Ante esa voluntad de esperar y no precipitarse, ha pedido no caer «en la política carroñera» y también actuar con «responsabilidad», pensando, ante todo, en las familias afectadas por este siniestro, a las que ha prometido no dejar que esto caiga en el olvido «y que se aclare lo que pasó». Un comportamiento que no ha sido el más común, tampoco por parte de su partido, con otras tragedias recientes que han sucedido en otros territorios.

También quiso hacer un reconocimiento a la labor desempeñada por los servicios de emergencia, como el 112 de Cantabria, que han tenido días muy complicados para conseguir rescatar los cuerpos de las seis víctimas del accidente.