La preocupación se ha instalado en el seno del Partido Popular que gobierna en el Ayuntamiento de Santander tras el derrumbe de la pasarela de El Bocal que causó la muerte la semana pasada a seis jóvenes, una infraestructura situada en la costa norte de la ciudad que ha hecho recordar a muchas personas de la ciudad el problema general de mantenimiento, y que ha llevado a esta semana a dictar prácticamente un precintado general de lasinfraestructuras en primera línea de costa o playa.

La pasarela era uno de los restos de la senda costera, una obra que despertó alarma vecinal por incluir gigantescas infraestructuras como esta que además desviaban el recorrido respecto al histórico paso natural. Las críticas generalizadas llevaron a su paralización y encargar un nuevo proyecto que nunca salió a licitación y por el que ninguna institución se preocupó en la última década

Aunque la obra fue licitada y adjudicada por Costas, la senda había sido impulsada y respaldada públicamente por el Ayuntamiento de Santander, que había fomentado su visita en folletos, proyectos y Web municipal, y que llegó a mostrarse dispuesto a asumir su mantenimiento. Pero que no incluyó esta reivindicación en sus frecuentes quejas a Costas (como sí hizo con las escolleras de La Magdalena, vinculadas a intereses privados de la familia Botín, el chiringuito del Rema o las instalaciones de La Horadada).

Los espigones, La Horadada o el Rema centraron el pulso entre el Ayuntamiento y Costas mientras la senda costera quedaba fuera de agenda

El Ayuntamiento de Santander promociona desde hace años la senda del litoral norte como recurso turístico y paisajístico

El derrumbe de la estructura ha generado malestar político y social en la ciudad. La tensión llegó incluso al partido disputado este domingo por el Real Racing Club de Santander en los Campos de Sport de El Sardinero, donde se escucharon insultos dirigidos a la alcaldesa de Santander durante el encuentro tras el minuto de silencio en honor a las víctimas –en un malestar ligado también al propio estado del campo–,

El episodio ha llevado al Consistorio a ampliar las revisiones en otras infraestructuras situadas en el litoral santanderino competencia directa suya. Esta semana se han podido ver precintos y señalización de restricción en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellos se encuentra el monumento a la Libertad de Expresión, situado en la Península de la Magdalena, cuyo entorno permanece señalizado mientras se realizan comprobaciones técnicas.

También se ha cerrado una de las pérgolas del paseo de Reina Victoria, así como, también dentro deLa Magdalena, los Galeones de Vital Alsar, en los que este marino cántabro realizó uno de sus viajes míticos, y que presentaban un acusado estado de deterioro –que inicialmente el Ayuntamiento renunció a combatir alegando que no existían empresas especializadas–.

Por el momento, varios de estos espacios permanecen precintados o con acceso restringido mientras continúan las inspecciones y las evaluaciones técnicas.

MODO CONTROL DE DAÑOS

La medida se enmarca en  el control de daños ante la dimensión de la indignación. Así, se ha anunciado la creación de un órgano de coordinación de documentación relacionado con el caso.

La iniciativa ha sido presentada como una herramienta para recopilar la información vinculada con la pasarela y con las actuaciones realizadas en torno a ella, en un mensaje que choca con el propio discurso municipal de que toda la responsabilidad es de Costas –y que, en cualquier caso, es una recopilación que ya se está haciendo en el juzgado que instruye la causa–.

Además, el órgano anunciado no tendría autoridad sobre otras administraciones con competencias en el ámbito litoral ni contempla, según lo comunicado hasta ahora, la participación de representantes de otros grupos municipales del Ayuntamiento.

En paralelo, el Ayuntamiento ha anunciado también su personación en la causa judicial –¿cómo afectado, como acusación?–, una decisión que permite al Consistorio acceder a la información y a las actuaciones que se desarrollen en el procedimiento, en una estrategia calcada a la que aplicó tras el derrumbe mortal en el Cabildo de Arrina –fallecieron tres personas-.

Mientras tanto, se han activado diligencias judiciales para esclarecer lo ocurrido. En paralelo, los grupos de la oposición han solicitado la celebración de un pleno extraordinario y la creación de una comisión monográfica para abordar lo sucedido y analizar la situación de la infraestructura.

Además, colectivos vecinales han convocado una concentración para expresar su preocupación por el derrumbe y reclamar explicaciones sobre el estado y el mantenimiento de este tipo de instalaciones. Y hay una petición de firmas en Change.org pidiendo la dimisión de la alcaldesa. 

Convocan una concentración el sábado 21 ante la tragedia de El Bocal, que dejó seis personas fallecidas

Por su parte, el Ayuntamiento de Santander ha tratado de situar el origen del problema en un supuesto fallo humano de una agente de la Policía Local que atendió la llamada de aviso procedente del 112.

Sin embargo, desde el propio cuerpo policial se viene advirtiendo desde hace más de una década de problemas relacionados tanto con la falta de personal como con el funcionamiento del sistema de comunicaciones, cuestiones que han sido señaladas en distintas ocasiones por representantes y portavoces del colectivo.

Las quejas por los fallos en las comunicaciones de la Policía Local de Santander se repiten desde hace casi una década

Sindicatos y oposición llevan 15 años alertando de los problemas de medios y personal en la Policía Local

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