La senda costera, en cuyo recorrido se encontraba la pasarela que colapsó hace dos semanas causando la muerte a seis jóvenes, tuvo dos momentos administrativos.

-El primero, hace una década, cuando Costas la licitó y adjudicó, con el aplauso e impulso del Ayuntamiento de Santander, y que fue el que se paralizó ante las quejas de los vecinos por estar llena de este tipo de infraestructuras. Paralizada y liquidada.

-Y el segundo momento, cuando se empezó un segundo proyecto para revertir el daño –que no incluía la retirada de la pasarela del accidente, en una reclamación en la que el Ayuntamiento se distanció de las propuestas de los vecinos, como ha recordado esta semana EL FARADIO–, pero que quedó en el limbo administrativo.

El Ayuntamiento se opuso a desmantelar la pasarela del derrumbe en contra del criterio de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera

Durante estas dos semanas, la alcaldesa Gema Igual se ha aferrado a que ese proyecto estancado y que no hubiera supuesto la retirada de la pasarela de El Bocal se llamaba Finalización de la senda costera para defender que la obra no estaba finalizada, pese a que era evidente que el proyecto real con el que se contaba había finalizado, aunque fuera abruptamente, y lo otro fuera un segundo proyecto, con una segunda tramitación nunca iniciada.

La palabra Finalizar era importante para el Ayuntamiento, ya que aunque la obra la adjudicó Costas, es decir, el Estado, aunque en estrecha coordinación con el Consistorio, que luego hasta ordenó su paralización, el mantenimiento le correspondía al Ayuntamiento a su finalización, según un compromiso suscrito en 2024 y renovado en 2015. Es decir, desde la perspectiva de la alcaldesa, si la obra no estaba finalizada, no tenía que mantenerla.

Y que el primer proyecto se finiquitara y estuviera en servicio no implicaba para Igual que fuera una obra acabada, pese a que, como es evidente, estuviera en servicio y  fuera promocionada por el propio Ayuntamiento.

Sobre esto de la promociónenfatizaba precisamente este miércoles a preguntas de los medios el delegado de Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien insistía en que la obra estaba acabada y en que, de no estarlo, el Consistorio permitió su uso, Más aún, lo promocionó, algo, por cierto, que la regidora se ha empeñado en desvincular del accidente («a ver si por decirle a la gente que vaya tengo yo la culpa de que se caiga una pasarela», ha declarado hoy»), cuando con lo que tiene relación es con la responsabilidad de mantenimiento y con el hecho de que la obra estuviera efectivamente finalizada: no se difunde acudir a una obra inacabada.

IGUAL ENCUENTRA UN NUEVO ARGUMENTARIO 

Ese asunto del mantenimiento empieza a dar igual en el argumentario desplegado este miércoles por la alcaldesa en la rueda de prensa convocada para informar de que ya había enviado todo la documentación al Juzgado, cita calentada mediáticamente en los días previos por una serie de informaciones que apuntaban a que la pasarela dañada no coincidía con la pasarela proyectada.

A eso se aferra ahora la alcaldesa, que ha cuestionado que se quiera «hacer ver» que la causa del colapso fuera la falta de mantenimiento de la pasarela (es decir, la responsabilidad municipal) cuando «la solución constructiva no es la adecuada» o se ha «cambiado» el proyecto inicial (es decir, lo que sería responsabilidad de Costas.

Pese a todo, no termina de soltar el argumento del mantenimiento y la parte a la que se venía aferrando, a que no había recepción: la alcaldesa viene retando a que aparezca esa papel que sabe que no tiene por qué aparecer, ya que la recepción de la obra la hace la adjudicadora, el Estado, pero no tiene por qué haber una recepción municipal para cumplir el compromiso firmado de mantenimiento –del mismo  modo que no haría falta recibir las vías de tren para limpiarlas si se asumiera ese compromiso–.

NO DIMITE Y SE LÍA ARGUMENTALMENTE CON LAS RESPONSABILIDADES

La alcaldesa  insiste en que la única responsabilidad en el Ayuntamiento se ciñe a la actuación personal de una agente de la Policía Local –sin entrar en si hay medios o protocolos, como por cierto le ha pedido la jueza instructora– y también reduce el alcance de las denuncias vecinales no atendidas en consejos de distrito, asegurando que nunca fueron por esta pasarela.

Igual se ha enredado en una extraña respuesta a la pregunta de si dimitiría, en asunción de responsabilidades por la gestión municipal.

«Las responsabilidades políticas es lo que menos debe de importar a todas (las personas) incluida a mí, o a mí la primera. Las responsabilidades políticas deben dilucidarse después de conocer lo que ha sucedido, que es en lo que estamos», ha señalado,  añadiendo luego que la traducción de asumir su responsabilidad sería dejar de ser alcaldesa.

«La responsabilidad política mía es dejar de ser alcaldesa, mientras que hay otras personas que la responsabilidad de esto es no tener hijos (…). Dejar de ser alcaldesa no tiene nada que ver con no tener un hijo… A ver si se creen que me muero por ser alcaldesa», argumentaba, equiparando en su improvisada respuesta la responsbailidad por la que se le preguntaba por su gestión por una situación sobrevenida de las familias en las que evidentemente no cabe el uso de la palabra responsaibilidad aplicada a ellas. Tal vez el término en que pensara fuera consecuencias, pero sigue siendo equiparar dos cuestiones incomparables: una gestión política institucional con la situación personal o familiar fruto de una tragedia.