Poco después de conocerse el auto judicial de la magistrada titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, el Ayuntamiento anunciaba que la alcaldesa Gema Igual comparecería en rueda de prensa. Una jugada rápida para defender que el auto señala a Demarcación de Costas como responsable de unas obras que aún no habían finalizado. Ella ha dicho que dentro de su «verdad, esperaba esta noticia».

Sin embargo, el auto también dice que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad en la seguridad de aquellos elementos con acceso público que hay en la ciudad, por lo que se podría haberse preocupado de instalaciones como las pasarelas de madera de la senda costera. El hundimiento de una de ellas costó la vida de seis personas de entre 19 y 22 años el pasado 3 de marzo.

Respecto a esa responsabilidad del Consistorio, Igual ha defendido que cuando han tenido que precintar algo, lo han hecho, como el caso de 2024, que trasladaron a Costas. Cuando no lo hicieron, ha proseguido, fue el día antes del accidente, tras el aviso de un vecino que vio el mal estado de la pasarela. Cuando se conoció ese detalle, la alcaldesa señaló a una agente de la Policía Local por no dar cumplido traslado del aviso recibido desde el 112, interrumpiendo ahí la cadena de responsabilidades.

Igual desecha la teoría del fallo de diseño y vuelve a la del mantenimiento tras el auto judicial

Otra omisión habitual durante estas semanas y también en la rueda de prensa de este mediodía es que el proyecto de obra de la senda costera se ejecutó por un Ministerio del Gobierno de Mariano Rajoy, y que dejó la obra inacabada. Igual, en su día, sí subrayó la oposición vecinal que hubo ante estas obras y que dieron con su paralización, como si el Ayuntamiento, del que ella ya era concejala del partido de Gobierno, hubiera estado en contra del proyecto.

El delegado de Gobierno habla de responsabilidad compartida

Pedro Casares ha sido preguntado por la prensa por lo que dice el auto judicial dice, y ha hablado de una responsabilidad compartida. Por un lado, Costas, como impulsora de una obra sin finalizar, obligada a llevar a cabo las labores de mantenimiento, y por otro, el Ayuntamiento, responsable de la seguridad.

El también líder del PSOE de Cantabria ha querido señalar que ese aspecto no puede resolverse con la culpabilidad de alguna persona concreta, como la agente de la Policía Local que recibió el aviso. Cree que se deben depurar todas las responsabilidades de un suceso tan grave.

Casares ha querido defender también a Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, que acudió a El Bocal el mismo día accidente, porque ya apuntó, en ese momento inicial, que había una responsabilidad compartida entre administraciones.

Ahora hay dos funcionarios del Ministerio investigados, el jefe de servicio de proyectos y obras la Demarcación de Costas en Cantabria, y el técnico jefe de Obras del proyecto de la senda costera de 2012. Además, este viernes declarará la agente de policía.

El PSOE señala el “fallo grave en la cadena de control y seguridad de la pasarela” al que alude el auto

El secretario general y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha afirmado que el auto judicial conocido hoy sobre la pasarela “marca un antes y un después”, al señalar que existían obligaciones de mantenimiento y al investigar ya a responsables concretos.

“El auto de la jueza es claro: aquí no estamos ante un vacío, sino ante una posible dejación de funciones. Se investigan responsabilidades porque había deberes que cumplir”, ha subrayado Fernández.

La jueza de El Bocal recuerda al Ayuntamiento su deber de restringir el acceso a lugares inseguros y la difusión turística de la pasarela

Para el portavoz socialista, la resolución judicial desmonta el relato sostenido hasta ahora por el Partido Popular, basado en diluir responsabilidades entre administraciones.

“Durante semanas hemos escuchado excusas. Que si no era competencia, que sí correspondía a otra administración… El auto deja claro que eso no exime a nadie cuando hay una infraestructura en mal estado y un riesgo evidente para la ciudadanía”, ha señalado.

Fernández ha incidido especialmente en uno de los elementos más graves que recoge la información judicial: la existencia de avisos previos. “Había quejas vecinales. Había alertas. Y hubo una llamada apenas 24 horas antes de la tragedia. Eso no es mala suerte. Eso es no haber actuado a tiempo”, ha denunciado.

“Fernández ha recordado la moción aprobada en 2019 para revisar el estado de estas infraestructuras, que el equipo de Gobierno nunca llegó a ejecutar. “No es un fallo puntual: es una inacción sostenida en el tiempo. Se sabía y no se hizo nada”, ha señalado.”

Además, el portavoz socialista ha criticado con dureza la reacción de la alcaldesa en las últimas horas, tratando de desplazar la responsabilidad hacia los niveles más bajos de la administración. “La alcaldesa ha optado por culpar al último eslabón, a la Policía Local, en lugar de asumir su responsabilidad política. Y eso es profundamente injusto”, ha afirmado.

En este sentido, Fernández ha recordado la situación real en la que se encuentra el cuerpo. “Tenemos una Policía Local bajo mínimos, sin mandos intermedios suficientes, con escasos medios y, lo que es más grave, sin protocolos claros para atender las llamadas de los ciudadanos. No se puede exigir eficacia cuando se gobierna desde la dejadez”, ha señalado.

“El problema no es quien recibe la llamada. El problema es qué hace el Ayuntamiento cuando recibe una alerta de riesgo. Y ahí es donde han fallado quienes tenían que tomar decisiones”, ha añadido.

El PSOE considera que el auto judicial abre una fase en la que deben asumirse también responsabilidades políticas. “La justicia dirá quién tiene responsabilidad penal o administrativa. Pero la responsabilidad política ya existe: es la de no haber prevenido lo que era evitable”, ha señalado Fernández.

Por último, ha reclamado un cambio profundo en la gestión municipal para evitar que situaciones así vuelvan a repetirse. “No puede haber una ciudad donde los vecinos avisan del peligro y la respuesta es el silencio. Gobernar es anticiparse, y aquí se llegó tarde. Demasiado tarde”, ha concluido.

Un problema estructural

El PRC reclama un «diagnóstico real» de la situación de la Policía Local

El portavoz municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha reclamado con urgencia la elaboración de un «diagnóstico real» de la situación de la Policía Local de Santander que determine «con precisión» sus necesidades a nivel personal, material y funcional con el objetivo de modernizar este Cuerpo «que hoy se encuentra bajo mínimos».

Así se desprende de la moción que defenderá en el Pleno ordinario de este jueves, en la que los regionalistas piden la creación de una comisión especial en el «plazo máximo de un mes» para abordar estos asuntos. Piña ha señalado que los «recientes y trágicos» sucesos ocurridos ne la ciudad «han puesto al descubierto» las «graves deficiencias» de esta institución, que afectan a la seguridad ciudadana y a su función estratégica en este tipo de situaciones y evidencian un «estado sistémico de abandono» por parte del equipo de gobierno.

En su opinión, la tragedia de El Bocal evidencia un «estado sistémico de abandono» y ha marcado un «punto de inflexión» que hace necesario ahondar en la modernización de este Cuerpo por parte de la alcaldesa, Gema Igual, como «jefa máxima y responsable política» de la Policía.

Felipe Piña

«Se requiere una voluntad política firme para ejecutar la transformación que dote a nuestra policía de la dignidad, medios y mandos que la ciudadanía de Santander exige y que los agentes merecen», ha señalado el regionalista.

De esta manera, ha denunciado el «abandono institucional» por parte del Ayuntamiento de Santander y lo que considera una gestión basada en «parches y falta de planificación», con los principales puestos de mando sin cubrir y una ausencia generalizada de oficiales. A esta escasez de personal, se suma el mal funcionamiento de las emisoras, la falta de dispositivos digitales que agilicen la burocracia y la inexistencia de protocolos actualizados. «Hablar de Smart City mientras nuestros policías carecen de herramientas básicas de digitalización y protección es una hipocresía política», ha añadido, subrayando la necesidad de pasar de un modelo policial «reactivo» a uno «preventivo» basado en la tecnología y el análisis de datos.

Asimismo, ha registrado una batería de preguntas conocer si el Ayuntamiento de Santander cuenta con un reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local adaptado a la Ley de Cantabria 9/2022. En caso de no haberse aprobado, ha pedido que el equipo de gobierno aclare los motivos del retraso y detalle qué normativa, instrucciones o decretos regulan actualmente la estructura, turnos y servicios del cuerpo. También exige transparencia sobre la vigencia y naturaleza jurídica de los protocolos operativos en materias sensibles como violencia de género, menores, custodia de detenidos o el uso de medios coercitivos, instando a especificar qué órganos han validado estos procedimientos y si son de acceso público o de uso interno.

Para Piña, Santander «no puede seguir ignorando el deterioro de un servicio esencial» y, por ello, ha solicitado que se lleve a cabo un «análisis real y honesto» determine con exactitud las necesidades actuales a nivel personal, material y funcional. «Los santanderinos merecen una policía del siglo XXI, y los agentes un entorno laboral digno», ha concluido.