El colectivo por el acceso a la vivienda Derecho Subjetivo ha lanzado una propuesta para actualizar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice clave para el acceso a ayudas y prestaciones sociales. La petición se fundamenta en el desfase entre la evolución del indicador y el aumento del coste de la vida en los últimos años.

Según expone el colectivo en su documento, el IPREM incide en ámbitos como el acceso a subvenciones, becas, vivienda pública, bono social eléctrico, justicia gratuita o ayudas al alquiler. Sin embargo, denuncian que su evolución ha sido “claramente insuficiente”, al pasar de 537,84 euros en 2017 a los 600 euros actuales, un 11,55%.

Además, subrayan que el indicador permaneció congelado entre 2017 y 2021 y que desde 2023 vuelve a estar en la misma situación. Frente a ello, sitúan el incremento del coste de la vida entre el 28% y el 32% en ese mismo periodo, lo que, a su juicio, justificaría una actualización del IPREM hasta, al menos, los 700 euros.

En este sentido, el colectivo advierte de que el desfase tiene consecuencias directas sobre la población más vulnerable. Según indican, un IPREM bajo provoca que muchas personas superen los umbrales de renta exigidos para acceder a ayudas con ingresos muy reducidos, lo que “impide el acceso” a prestaciones y genera una “situación ficticia” respecto a sus necesidades reales.

La falta de actualización reduce el poder adquisitivo de las ayudas existentes y agrava las desigualdades sociales, en un contexto marcado por el incremento del precio de la vivienda y del alquiler.

Además, el colectivo insiste en que el ahorro de gasto público derivado de no revisar el IPREM “grava onerosamente” a las capas sociales más desfavorecidas y contradice el principio de progresividad fiscal. En su escrito, también plantea que la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no debería impedir su actualización, proponiendo la utilización de mecanismos normativos alternativos.

Esta propuesta se la han trasladado a distintos partidos políticos cántabros con representación en el Congreso, y se la han planteado también en una reunión al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que además es secretario general del PSOE cántabro. Casares compartió con ellos el criterio de que «la vivienda deje de ser un negocio de unos pocos para ser un derecho constitucional de todos”.

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