El grupo ciudadano considera que con el inicio del proceso de regularización se abre la oportunidad de mejorar significativamente a nuestra sociedad tanto en lo económico y social, como en el incremento de nuestros valores morales y de convivencia. Reconocer derechos sociales y ciudadanos debidos, como son los que van a alcanzar las personas que accedan a la regularización, supone una mejora para toda la sociedad, ya que cuando colectivos importantes de personas carecen de derechos elementales, la amenaza de la desigualdad y la exclusión social se extiende.

Por ser conscientes de esa injusticia y de ese riesgo, se produjo en toda España un amplio movimiento de apoyo a la regularización de vecinos migrantes que se concretó en la capacidad de movilizarse en la calle durante dos años y recoger más de 700.000 firmas a favor de la regularización, firmas recogidas en pliegos oficiales de la Junta Electoral Central, de las que más de 8.000 correspondieron a Cantabria. Expresión de ese movimiento fue el amplio espectro de organizaciones que en Cantabria se comprometieron en esa campaña: Alouda Cantabria, las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, ACCAS, La Vorágine, Cáritas Santander, Colectivo La Ruda, Pasaje Seguro, Ruta6 (miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs), la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual, junto a cientos de organizaciones por todo el país con presencia también en Cantabria, como Entreculturas, las organizaciones salesianas, PROYDE, las entidades de la institución teresiana, PROCLADE, Oxfam Intermón, –que en Cantabria se integran en la Coordinadora de ONGDs–. Sin mencionar a partidos y sindicatos, parroquias y centros sociales que recogieron y replicaron la iniciativa entre sus bases y ámbitos de influencia.

Tras ese clamor social y político, el desbloqueo final de la iniciativa de regularización comienza a aplicarse ahora. Es el momento de que cientos de miles de personas migrantes que viven en España y recogen las cosechas, cuidan a nuestros seres queridos, construyen y limpian nuestras casas, trabajan en la hostelería y el turismo, tengan papeles que les permitan vivir dignamente. Es el momento de que esos vecinos nuestros salgan del limbo legal y reduzcan su precariedad, dice Pasaje Seguro en una nota de prensa.

Sin embargo, «la ultraderecha y el PP parecen estar dispuestos a mantener una amplia bolsa de trabajadores sin derechos, no hay otra explicación a la avalancha de bulos y falsedades con las que desde Núñez Feijoo y Sáenz de Buruaga a Abascal y Leticia Díaz se están profiriendo estos días», prosiguen. Eso les empuja a pensar que la derecha y la ultraderecha optan por apoyar a los empresarios que contratan en negro, bien en el campo, la construcción y la hostelería, bien en las presuntas empresas de servicios domésticos que mueven en situación de casi servidumbre a decenas de miles de trabajadoras sin papeles limpiando domicilios y cuidando personas de sol a sol. Apoyan también a los propietarios de pisos que hacen el agosto alquilando habitaciones, siempre en negro, a precio de apartamento turístico.

«Solo así pueden sostenerse sin pestañear barbaridades como las que la ciudadanía migrante con antecedentes policiales debe ser deportada», denuncian. Temen que todo el mal que se les haga a los migrantes se le podría aplicar a los demás después, y por eso creen que hay que considerar que «más temprano que tarde el PP y Vox utilizarán cualquier atestado policial hecho a un ciudadano, una multa de tráfico, por ejemplo, para retirar y restringir derechos».

Uno de los argumentos más repetidos cuando se abren procesos de esta índole es que se produce un efecto llamada para que acaben acudiendo a nuestro país más personas migrantes. Sin embargo, son varios los sectores productivos en los que se demanda más mano de obra porque no es suficiente con la que hay. Otro de los argumentos es que sólo deben aceptarse a las personas migrantes legales, precisamente cuando se abre un proceso para regular a personas que en su inmensa mayoría entraron legalmente, como turistas, porque no hay ningún mecanismo regulado eficaz de contratación en origen.

Pasaje Seguro señala que «después de conocer los términos, xenófobos y anticonstitucionales, del acuerdo PP-Vox para gobernar Extremadura, no quedan dudas sobre lo que afirmamos: el PP y Vox quieren migrantes sin derechos, quieren personas de segunda para trabajar, con derechos de tercera».

Por eso piensan que es el momento preciso para la extensión de todos los derechos a todas las personas que conviven en España y creen que la regularización recién emprendida es un paso en esa dirección, que supone la mejora de toda la sociedad al reducir la desigualdad. Instan por eso al Gobierno a facilitar la regularización incrementando y reforzando los servicios administrativos concernidos, le instan también a facilitar a la mayor brevedad la regularización de las personas apátridas, personas que en España son, en su inmensa mayoría, saharauis y que han quedado incomprensiblemente fuera del proceso de regularización, como ya señalaba Cantabria por el Sáhara.

Pasaje Seguro pide al Gobierno de Cantabria que «deje de poner palos en las ruedas, que deje de contar mentiras y lanzar amenazas de recurrir lo que no tiene recurso». Cantabria, señalan en el comunicado, fue tierra de migrantes y hoy el futuro se está construyendo con el trabajo de las personas migrantes que viven aquí, más de dos mil de ellas sin papeles, y dicen que el Gobierno del PP lo sabe.

Esperan que el proceso culmine y lleve a tener una sociedad más igualitaria y con más riqueza, pero no sólo de la económica, sino también humana y moral. Una sociedad en la que no mirar a nadie por encima del hombro y sin señalar a ninguna persona como ilegal.