La Asociación de Vecinos de las plazas de Pombo-Cañadío y Ensanche ha denunciado el “desinterés” y la “desidia” de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ante el nuevo retraso en la tramitación de la ordenanza de terrazas, una regulación que consideran “urgente e inaplazable”.

En un comunicado remitido a los medios, el colectivo vecinal critica que desde el Ayuntamiento se alegue que “no hay tiempo para el verano” para justificar el aplazamiento de la nueva normativa. A juicio de la asociación, esa explicación supone “la confirmación de una falta absoluta de voluntad política” para afrontar un problema que, según sostienen, lleva años afectando a la ciudadanía.

La asociación considera además que el retraso permitirá mantener durante la temporada estival la “ocupación desmedida” del espacio público por parte de las terrazas hosteleras. En este sentido, los vecinos aseguran que nunca ha existido una voluntad real de actualizar la ordenanza “por temor a las reacciones de determinados grupos de presión”.

El colectivo recuerda que la actual ordenanza sería ilegal desde el año 2019 por no aplicar una sentencia del Tribunal Supremo que, según indican, prohíbe adosar mobiliario a las fachadas para garantizar la accesibilidad. La entidad explica que en septiembre de 2025 presentó a todos los grupos políticos con representación municipal un borrador de ordenanza elaborado a partir de estudios comparados de distintas ciudades españolas con normativas “modernas y actualizadas”. Sin embargo, denuncian que la respuesta del equipo de Gobierno municipal “ha sido el silencio”.

La problemática de las terrazas y la ocupación del espacio público ha generado en los últimos años un intenso debate en distintos municipios, especialmente en zonas céntricas y de alta concentración hostelera. Las asociaciones vecinales vienen reclamando limitaciones horarias y un mayor control sobre el ruido y la accesibilidad, mientras desde el sector hostelero se defiende el impacto económico y social de estas actividades.

En el caso de Santander, las plazas de Pombo y Cañadío concentran una parte importante de la actividad nocturna y hostelera de la ciudad. Los residentes llevan tiempo denunciando problemas relacionados con el ruido, la saturación del espacio público y las dificultades de movilidad para peatones, especialmente personas mayores o con movilidad reducida.

En su comunicado, la asociación sostiene que las declaraciones de la alcaldesa evidencian “una forma de actuar basada en anuncios que nunca se materializan”. Además, afirman que la gestión municipal está marcada por “la negligencia” y el “desprecio” hacia quienes sufren las consecuencias del modelo actual de ocupación del espacio público.

Por otra parte, el colectivo reclama la puesta en marcha inmediata de un plan que contemple la “reducción drástica” de la ocupación de terrazas, la disminución de horarios para mitigar el ruido y el cumplimiento “estricto” de la legalidad vigente mediante la eliminación del mobiliario adosado a las fachadas.

Además, la asociación advierte de que continuará utilizando “todos los medios” a su alcance para defender los derechos vecinales, tanto en las instituciones como en la calle. En este sentido, responsabilizan directamente a la alcaldesa del “deterioro de la convivencia” y del incumplimiento de la normativa si no se adoptan medidas.

La Asociación de Vecinos de Pombo-Cañadío y Ensanche impulsa además una campaña contra la instalación de un restaurante de McDonald’s en el Mercado de Puertochico, una iniciativa que defiende la conservación del mercado tradicional y el comercio de proximidad frente a la implantación de grandes cadenas. La recogida de apoyos para sufragar los gastos legales puede consultarse en este enlace: https://www.migranodearena.org/reto/en-puertochico-mercado-tradicional-s-mcdonald-s-no

El Sardinero y la política del parche

La Asociación en Defensa del Sardinero ha vuelto a denunciar la situación del litoral santanderino y las políticas municipales relacionadas con movilidad y urbanismo tras el anuncio del inicio, en junio, de las obras del nuevo carril bici de la S-20.

El colectivo asegura que llevaba tiempo sin pronunciarse públicamente “por hartazgo”, aunque considera que el proyecto previsto en la S-20 les ha obligado a intervenir de nuevo por la repercusión que tendrá sobre los accesos a El Sardinero y las playas durante el verano.

Según denuncian, la actuación reducirá la anchura de los carriles de circulación y supondrá la eliminación de decenas de plazas de aparcamiento en una de las principales vías de acceso al litoral santanderino. A su juicio, el resultado será un aumento de los atascos en plena temporada turística.

La asociación cuestiona además el momento elegido para ejecutar las obras, coincidiendo con los meses de mayor afluencia de visitantes. En este sentido, mencionan las dificultades que podrían sufrir familias, trabajadores de la hostelería o personas mayores para desplazarse y estacionar en la zona.

El colectivo sostiene que el problema trasciende el carril bici y responde a una situación generalizada de “abandono” en El Sardinero y el frente marítimo de Santander. Entre los ejemplos que citan figuran las obras prolongadas del Hotel París, los Jardines de Piquío, los Bajos del Rhin o distintas actuaciones en el entorno de La Magdalena.

Además, alertan sobre el estado de elementos emblemáticos como los galeones de Vital Alsar y de zonas del litoral como La Horadada o La Rema, donde consideran que persisten problemas de conservación.

La asociación también critica la proliferación de señales de advertencia y vallados en distintos puntos de la costa por riesgos de desprendimientos. Según señalan, tras el accidente mortal registrado hace años en el litoral santanderino aumentaron las medidas de señalización, aunque consideran que en muchos casos no se han acometido soluciones estructurales.

“¿De qué sirve señalizar el peligro si no se ataja el peligro?”, plantean desde el colectivo, que reclama actuaciones de consolidación y reparación en lugar de medidas temporales.

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