El amanecer de 2026 trajo consigo la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander. Entró en vigor con tres años de retraso (aunque el retraso ha sido generalizado en los municipios de España). Sólo lleva cuatro meses en marcha, pero ya se pueden sacar algunas conclusiones.

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable (ACSS) no sólo ha hecho eso, sino que ha presentado un recurso contencioso-administrativo en contra de esta ordenanza del Ayuntamiento por no cumplir los objetivos para los que ha sido diseñada, por su incapacidad de servir a la protección de la salud de la ciudadanía y por la falta de transparencia que está teniendo en este tiempo, según cuentan dos de los miembros de la Asamblea en una entrevista concedida a EL FARADIO. Se trata de David Higuera, que también es miembro de la asociación ecologista ARCA, y Abel López, que forma parte, además, de Cantabria ConBici.

Explica Higuera que una ZBE tiene dos objetivos principales, «luchar contra la contaminación de las ciudades» y «luchar contra el cambio climático. Nosotros, ya cuando estudiamos el proyecto, la primera versión del proyecto, nos dimos cuenta de que el proyecto no iba a conseguir los objetivos que planteaba la normativa». Presentaron alegaciones, pero sólo se aceptaron algunas que corregían errores de forma y cosas por el estilo. Las importantes se quedaron por el camino.

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable presenta un contencioso administrativo contra la ordenanza de la zona de bajas emisiones por falta de transparencia y eficacia real

López expresa que «lo que ha hecho el Ayuntamiento es un trampantojo. Nosotros desde un inicio lo llamamos la ZBE fake o fraude, porque la intención es licitar contratos, gastar fondos europeos, pero no cumplir ninguno de los objetivos que plantea la ley. Entonces es un fraude desde el comienzo hasta el final». Un instrumento inservible y que la propia alcaldesa de la ciudad definió como algo que le venía impuesto. Como había fondos europeos, no dejó pasar la oportunidad.

Desde ACSS deseaban una interlocución con el Consistorio, a ser posible con Agustín Navarro, concejal de Movilidad, pero no han conseguido reunirse con él, aseguran. Pero lo que tampoco han conseguido son los datos que recogen los medidores de contaminación de la ciudad.

El gasto municipal en la ZBE ha sido de cuatro millones de euros, uno en medidores de contaminación y sonómetros, y otros dos en la plataforma para la implementación de la ordenanza. Sin embargo, han pedido los datos por Transparencia y por la Directiva Europea de Datos Ambientales, «que tienen que ser públicos de forma instantánea o de forma automática», señala Higuera, y todavía nadie se los ha entregado. Por eso han decidido acudir a los tribunales. Habrá que ver si la ZBE se queda como está, si sufre modificaciones o si tiene que comenzar de nuevo. Si cambia algo, será una nueva oportunidad de que ACSS pueda sentarse con los representantes de la ciudadanía de Santander.

El propio López se hizo con un aparato para poder medir partículas contaminantes en el aire, y asegura que «donde hay mucho tráfico, donde hay muchos carriles, el tráfico es intenso y hay muchos vehículos diésel, sobre todo antiguos, pues los niveles de contaminación son altos», claramente por encima de lo que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un límite saludable. Según recuerda, el concejal de Movilidad, en un acto en el Ateneo, llegó a decir que esos límites que pone la OMS no se pueden cumplir, pese a que son los que aparecen en la Ley de Cambio Climático como el ‘objetivo marco’. También añade que Ecologistas en Acción ha presentado recientemente cifras de contaminación de dióxido de nitrógeno en centros escolares, y aquellos que están en zonas de mucho tráfico ven superados los límites que marca la ley. Por eso denomina la política del Ayuntamiento como «negacionismo puro y duro».

La contaminación del aire supera los límites recomendados en 32 centros escolares de Santander y Torrelavega

López cree que el Plan de Movilidad Sostenible del Consistorio del año 2010, que considera «bastante razonable» podría ser una base para una política municipal de Movilidad, pero que su cumplimiento ha sido realmente escaso, no cree que ni un 10%, y por eso lo tilde de «papel mojado». Al mismo tiempo señala ejemplos de ciudades donde sí se ha hecho un mejor trabajo en este ámbito, especialmente Bilbao, donde dice que se están tomando varias medidas mucho más contundentes, empezando por mejorar el transporte público, y la aceptación ciudadana está por encima del 60%. En Santander ya existen medios para hacer una evaluación del tráfico y sus efectos, pero «lo que no hay es voluntad de hacer absolutamente nada», lamenta.

Falta de transparencia y de preocupación

Higuera reflexiona sobre la obligación de las administraciones públicas de velar por la salud de la ciudadanía. Indica que los datos de contaminación han de vincularse con la salud de las personas y así tener una fotografía más clara de lo que sufren los santanderinos y las santanderinas, pero teme que los datos que miden los sensores «son muy malos» y de ahí esa falta de transparencia. Los datos que recaba la ACSS son de las cámaras de Tráfico, no del Ayuntamiento, y desmienten que Santander sea una ciudad poco contaminada, como sostiene la alcaldesa. También tienen datos del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), dependiente del Gobierno de Cantabria, y dicen que en 2025 hubo un incremento en partículas del 25%. Los niveles de contaminación están subiendo desde la pandemia. El CIMA tiene dos estaciones en la ciudad, En Tetuán y en la Plaza de las Estaciones, e Higuera sostiene que debería haber, al menos, otras dos más.

Ocultar los datos que obtiene el Ayuntamiento, opina Higuera, podría ser un incumplimiento de varias leyes. López cita una entrevista de Gema Igual en la Cadena Ser en la que hablaba de una futura reunión con la empresa concesionaria del contrato de la plataforma de funcionamiento de la ZBE, como si el Ayuntamiento no tuviera acceso a los aparatos que hacen las mediciones. También recuerda una reunión de Cantabria ConBici con el concejal Navarro en que les explicó que «las estaciones habían estado cinco meses midiendo mal. Y que esos datos eran erróneos y no se habían cuantificado». Todo ese tiempo sin tener un control sobre lo que había pasado en cuanto al tráfico y la contaminación y sin preocuparse por eso, sin fiscalizar el trabajo de una empresa que había logrado un contrato público.

Higuera comenta también que «ni tan siquiera sabemos si sirve para poner multas, porque ese dato tampoco lo tenemos». Ante la entrada en vigor de una nueva ordenanza que tiene su propio régimen sancionador, se desconoce si alguien infringe o no la normativa. Es probable que no haya habido muchas multas, porque, como remarca López, «si tienes un coche con etiqueta B, puedes entrar, si estás empadronado, puedes entrar, si quieres ir al parking subterráneo, puedes entrar. O sea, realmente aplica prácticamente a nadie».

Y todo esto para controlar una ZBE de 0,2 kilómetros cuadrados. El Ayuntamiento ha llegado a expresar la cifra en metros cuadrados, que son 200.000, para que parezca que se habla de algo más grande, como si fueran casas y no calles lo que se está regulando. «Con eso está dicho todo», refleja López.