Una decena de agentes de la Policía Local de Santander con experiencia de años en la gestión de incidencias y llamadas están descubriendo «por primera vez» los protocolos de funcionamiento interno justo cuando la Jefatura del cuerpo y el Ayuntamiento los han remitido al Juzgado que investiga la tragedia de El Bocal, el derrumbe de una pasarela de la fracasada senda costera que causó la muerte a seis jóvenes y heridas a una séptima.

Con esos documentos, el Ayuntamiento de Santander, que forma parte de la causa como posible responsable civil –es decir, como responsable de abonar indemnizaciones a las víctimas si se confirman fallos en su funcionamiento como administración– intenta defender que existen instrucciones de gestión de las llamadas que llegan a la Policía para tratar de reducir su presencia en la causa a un mero fallo humano de una agente en lugar de a un fallo estructural: sindicatos policiales llevan más de una década denunciando la falta de medios humanos, pero también materiales y tecnológicos, poniendo el acento expresamente en la cuestión de la centralita.

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En concreto, documentación judicial consultada por EL FARADIO, incluye declaraciones de al menos una decena de agentes de la Policía Local de Santander con experiencia directa en la gestión de llamadas en la Sala del 092 –entre ellos el más veterano de todo el servicio– que coinciden en señalar que desconocían los protocolos que el Ayuntamiento de Santander ha remitido al juzgado como base del funcionamiento del servicio.

Los testimonios, firmados por operadores en activo, mandos y agentes con décadas de experiencia en el Centro de Coordinación de Servicios (CCS), dibujan un escenario distinto al descrito en los informes oficiales. Según sostienen, esos documentos no sólo no eran conocidos, sino que nunca formaron parte de la operativa diaria ni de la formación del servicio.

Uno de los elementos más reiterados en las declaraciones es el desconocimiento absoluto de los documentos aportados. “Es la primera vez que ven esos documentos en su trayectoria profesional”, afirman varios de los agentes.

No se trata únicamente de una falta de recuerdo puntual. Los agentes sostienen que esos protocolos nunca les fueron comunicados por ningún canal interno. “No se nos han entregado por ningún medio físico y/o digital, ni se nos ha hecho firmar para certificar que se nos ha entregado”, señalan.

Además, aseguran que ni siquiera sus superiores directos —jefes de sala o jefes de grupo— les trasladaron la existencia de esos documentos.

SIN FORMACIÓN

Por otra parte, todos los testimonios coinciden en la ausencia de formación reglada. Los agentes explican que comenzaron a desempeñar sus funciones sin haber recibido cursos específicos ni formación estructurada sobre gestión de emergencias o protocolos del CCS. Esto contradice la primera versión que viene sosteniendo la jefatura del cuerpo, que había formación –decimos la primera porque en una segunda y posterior asegura que no le corresponde a la Policía ofrecer formación a sus agentes–

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“Comenzaron a ejercer plenamente sus funciones en su puesto sin ningún tipo de formación teórico-práctica ‘reglada’”, recogen las declaraciones. La única formación descrita se limita al aprendizaje básico del sistema informático ORACLE, transmitido de manera informal entre compañeros.

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“El resto de formación que tienen es la que se han preocupado de buscar para poder ejercer sus funciones de la forma más profesional posible”, añaden.

En relación con este sistema, los agentes introducen matices técnicos relevantes. Rechazan que ORACLE constituya un protocolo operativo en sentido estricto. Según explican, se trata de una herramienta informática destinada al registro y cierre de incidencias, pero no dirige la intervención en tiempo real.

En su descripción, los denominados protocolos son en realidad listados de tipologías o casillas que se completan al final del proceso, en lugar de guiar el proceso, como debería hacer un protocolo al uso.

En esta línea, insisten en que no existe una secuencia obligatoria de actuación ni un procedimiento cronológico que deba seguirse paso a paso. Los ítems del sistema, según relatan, no determinan decisiones ni condicionan la intervención, y pueden marcarse con independencia de lo ocurrido.

En la práctica, explican, esos pasos se completan para cerrar la incidencia, no para ejecutar la actuación.

Frente a la idea de un sistema protocolizado, los agentes describen un modelo basado en el criterio profesional individual. La actuación en la sala del 092 se apoya en la experiencia del operador, la normativa general aplicable, el análisis de cada llamada y, en ocasiones, instrucciones verbales.

SIN MEMBRETE NI FIRMA

Además, cuestionan la formalidad de los documentos aportados. En el caso de las instrucciones internas, señalan que no presentan membrete, sello ni firma, por lo que cuestionan su consideración como documentos operativos reconocidos dentro del cuerpo.

Uno de los testimonios introduce también una cuestión conceptual: la falta de definición operativa del término “emergencia”. Según explica, no existe un criterio claro para determinar qué situaciones deben considerarse como tales ni un protocolo específico asociado a esa categoría, lo que añade ambigüedad a la toma de decisiones.

El propio escrito que acompaña las declaraciones sintetiza estas conclusiones y apunta a un “vacío estructural” en la transmisión, formación y aplicación de protocolos operativos en el CCS. Según ese análisis, los documentos aportados “no fueron objeto de comunicación efectiva a los agentes”, “no constituyeron instrucciones operativas obligatorias” y “no rigieron la actuación profesional de los operadores”.

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