Izquierda Unida se reúne con vecinos afectados por la venta de viviendas de alquiler asequible a fondos de inversión en Peñacastillo
Izquierda Unida (IU) de Santander ha exigido al equipo de Gobierno de Gema Igual que se involucre en el caso que afecta a más de un centenar de viviendas de tres bloques de la calle Hermanos Calderón, en Peñacastillo, construidas y promovidas en su día como viviendas de alquiler asequible por la Obra Social La Caixa.
La formación ha recordado que estas promociones fueron también publicitadas institucionalmente por el Ayuntamiento de Santander y que ahora han acabado en manos de sociedades vinculadas a fondos de inversión.
El concejal de IU, Keruin Martínez, ha mantenido un encuentro informativo con varios de los afectados para conocer de primera mano su situación, sus dudas y las posibles vías de actuación que están valorando. Martínez ha trasladado a los vecinos que la formación estará a su lado “en todas aquellas medidas que puedan ayudar a frenar o paralizarcualquier actuación que les perjudique, y que sirvan para defender sus derechos”.
A este respecto, el edil ha estado acompañado en esta visita por representantes de la asociación Derecho Subjetivo, que han compartido su experiencia en la lucha por el derecho a la vivienda y han intercambiado contactos con los afectados para crear una red de colaboración.
“Estamos hablando de familias que entraron en estas viviendas hace apenas 13 años, otras más tarde, a las que se les presentó esta promocióncomo una oportunidad de alquiler asequible, y que ahora están siendo tratadas como un producto financiero y una oportunidad de inversión”, ha señalado el concejal.
Durante el encuentro, los vecinos han trasladado al edil su preocupación por el futuro de sus contratos, muchos de los cuales acaban el próximo año, y por la incertidumbre que se ha generado en torno a una promoción que, en su origen, fue presentada como una respuesta social al problema del acceso a la vivienda, especialmente para los santanderinos.
Asimismo, los afectados han trasladado al edil lo que describen como una situación de acoso por parte de los agentes inmobiliarios que se han hecho cargo de la gestión de las viviendas por encargo de Mosaic Propco SL, con llamadas, visitas recurrentes y una presión constante que, según relatan, está generando miedo e inseguridad entre los inquilinos.“De hecho, los nuevos propietarios han recurrido a una empresa, Imass, especializada, dicen, en recuperar y regular activos inmobiliarios”, ha revelado el edil, quien ha señalado “la inmensa gravedad de tratar de amedrentar a inquilinos con estas prácticas”.
Además, durante la visita, Martínez ha recorrido algunos de los edificios afectados, donde los residentes han señalado deterioros, deficiencias y posibles problemas constructivos que, según explican, se arrastran desde la propia entrega de las viviendas.
“Esta situación añade una gravedad evidente al caso, porque no solo se estaría produciendo una deriva especulativa sobre viviendas nacidas como alquiler asequible, sino que, además, estas viviendas arrastran problemas materiales que no han sido atendidos durante años”, ha explicado el concejal.
EL AYUNTAMIENTO SE IMPLICÓ DIRECTAMENTE EN LA ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS
Martínez ha recordado que estas viviendas fueron promovidas por la Obra Social La Caixa, pero también presentadas y publicitadas por el Ayuntamiento de Santander como parte de una política social de vivienda. De hecho, el edil ha recordado que, según la documentación consultada, el Ayuntamiento redactó el reglamento, organizó el proceso de selección de candidatos y adjudicó las viviendas a los vecinos. “Ahora estamos indagando para conocer en qué condiciones se desarrolló la promoción, qué compromisos asumió cada parte y qué beneficios pudo obtener la Fundación La Caixa en el marco de esta operación”, ha recalcado.
Por este motivo, la formación rechaza que el equipo de Gobierno pretenda desentenderse ahora alegando que no eran viviendas municipales.“El Ayuntamiento no puede estar para hacerse la foto cuando se entregan las llaves, para decir que ha tenido mano en decidir a quiénes se entregaban, y luego desaparecer cuando esas mismas viviendas terminan en manos de fondos. Si el PP utilizó estas promociones para vender gestión social, ahora tiene que dar la cara ante los vecinos”, ha subrayado el concejal.
Además de La Caixa, que debería explicar cómo una promoción vinculada a su obra social ha terminado dentro de una operación de rentabilidad privada, IU ha señalado también a Mosaic Propco SL y a los enlaces en Santander, encargados de la gestión de las viviendas, que deben aclarar sus planes y cesar cualquier práctica de presión sobre los inquilinos. La formación también ha apuntado al plano político.
“El Partido Popular debe explicar qué compromisos asumió, qué garantías existían y qué hizo, o dejó de hacer, para evitar que viviendas presentadas como asequibles acabaran sometidas a la lógica del mercado especulativo”, ha insistido Martínez.
Por ello, el concejal ha solicitado al Ayuntamiento el expediente completo relativo a estas promociones, incluyendo convenios, acuerdos, licencias, condiciones de adjudicación, comunicaciones con La Caixa, posibles compromisos de mantenimiento del alquiler asequible y cualquier documentación que permita conocer qué papel asumió el equipo de Gobierno del PP para avalar “un proyecto de obra social que, en poco más de una década, ha terminado convertido en una operación de rentabilidad inmobiliaria”.
Por último, Martínez ha lamentado que este caso demuestre, una vez más, “el fracaso de dejar la vivienda asequible en manos de operaciones privadas sin garantías permanentes”.
“Santander necesita un parque público de vivienda y políticas que blinden el uso social de este tipo de promociones, en lugar de depender de fórmulas que acaban dejando a las familias expuestas a los intereses de fondos y especuladores”, ha insistido el concejal de IU.
“Durante años nos han vendido la colaboración público-privada como una solución mágica, pero demasiadas veces acaba igual: lo público pone la foto, el relato y la legitimidad social, mientras lo privado recoge la rentabilidad. Y los vecinos se quedan con la incertidumbre”, ha concluido Martínez.
