Luis Ángel Ruiz Cardin. Secretario de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Santander

Francia produjo la Declaración de los Derechos del Hombre, pero también las leyes raciales de Vichy. Entre ambos extremos discurre una tensión histórica que aún hoy atraviesa la política francesa: la lucha entre la universalidad democrática y el repliegue identitario.

He regresado hace pocos días de un viaje de vacaciones organizado por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT de Cantabria, organización en la que milito, recorriendo Tours, Orléans, Paris, Versailles, Poitiers, Bordeaux, Saint-Émilion y las Landes. Un viaje turístico, ciertamente, pero también una oportunidad para observar una sociedad compleja, diversa y profundamente marcada por su historia.

Entre todos los lugares visitados, quizá ninguno resulte tan cargado de simbolismo como el Palacio de Versailles. Aquel escenario deslumbrante del absolutismo de Luis XIV terminó convirtiéndose también en uno de los símbolos del agotamiento de la monarquía francesa y del nacimiento de la conciencia republicana moderna. No fue casual la inclusión de Versalles en nuestro recorrido. Resulta imposible caminar por sus salones sin pensar en la larga batalla histórica entre privilegio y ciudadanía, entre la Francia jerárquica y la Francia de los derechos universales.

La toma de la Bastilla no significó únicamente la desesperación de un pueblo hambriento. Representó algo mucho más profundo y trascendente: la emancipación política del ciudadano frente al poder absoluto y el nacimiento contemporáneo de la idea universal de libertad. A partir de aquel momento, Francia dejó de pertenecer a una monarquía para empezar a pertenecer a sus ciudadanos. La Revolución Francesa abrió el camino a la soberanía popular, a la igualdad jurídica y a la idea de que ningún ser humano nace destinado a obedecer eternamente a otro. Por eso su legado pertenece no solo al pueblo francés, sino a la libertad del mundo.

En esa transformación histórica resultó decisiva la aportación intelectual de Jean-Jacques Rousseau y de los pensadores ilustrados que hicieron de la razón, la igualdad y la voluntad popular el fundamento moral de la política moderna. Precisamente por ello preocupa aún más comprobar cómo resurgen hoy en Francia viejos discursos nacionalistas, excluyentes y reaccionarios que parecían derrotados por la historia.

En los últimos años han vuelto a circular con inquietante pujanza los nombres de Louis-Ferdinand Céline, Charles Maurras, Robert Brasillach o Lucien Rebatet, intelectuales vinculados al universo de los colaboracionistas —los llamados «collabos»—, es decir, quienes colaboraron ideológicamente con la ocupación nazi y defendieron el antisemitismo, el ultranacionalismo y el odio a la democracia parlamentaria.

No deja de resultar significativo que mientras la prestigiosa editorial Gallimard intentara recuperar y reeditar algunos de los panfletos antisemitas de Céline, surgieran reacciones críticas de amplios sectores intelectuales y de buena parte de la opinión pública francesa que obligaron finalmente a frenar aquella iniciativa. Y eso constituye, afortunadamente, una señal democrática esperanzadora: Francia sigue conservando una conciencia crítica capaz de enfrentarse a sus propios fantasmas.

Porque el colaboracionismo francés no fue únicamente una imposición alemana. Historiadores como Robert Paxton demostraron en La France de Vichy que el régimen de Philippe Pétain actuó con iniciativa propia en la persecución de los judíos. Y Zeev Sternhell explicó en Ni droite ni gauche que Francia desarrolló una tradición prefascista propia, incubada mucho antes de Hitler.

Aquella tradición hundía sus raíces en el antisemitismo surgido durante el asunto Dreyfus y en organizaciones como Action Française, que soñaban con destruir la República nacida en 1789 para restaurar una Francia jerárquica, clerical y homogénea. El enemigo era siempre el mismo: el extranjero, el judío, el librepensador, el diferente.

Hoy ese lenguaje ha cambiado de rostro, pero no de mecanismo.

Francia no solo fue Vichy. También fue tierra de acogida para exiliados españoles, perseguidos políticos europeos y víctimas de dictaduras. La misma nación capaz de protagonizar episodios oscuros produjo igualmente la Resistencia, la defensa de los derechos universales y una poderosa tradición humanista.

Ya no se habla abiertamente contra los judíos como en los años treinta, pero el inmigrante, el musulmán o el refugiado ocupan ahora ese lugar en los discursos identitarios de la extrema derecha representada por Marine Le Pen o Éric Zemmour.

La gran mentira sobre la que crece este nacionalismo excluyente consiste en presentar Francia como un país desbordado por una inmigración sin control. La realidad es muy distinta. Francia posee políticas migratorias reguladas, controles fronterizos y mecanismos administrativos semejantes a los del resto de países europeos. Otra cuestión es que determinadas fuerzas políticas hayan convertido la inmigración en un instrumento emocional destinado a alimentar el miedo y el resentimiento social.

Basta recorrer sus ciudades para comprobar que la diversidad forma ya parte inseparable de la sociedad francesa contemporánea. Además de ser una realidad humana, la inmigración constituye también una necesidad económica y demográfica en una Europa envejecida que precisa mano de obra en sectores esenciales. Negar esa evidencia y transformar al extranjero en enemigo interior solo persigue erosionar la convivencia democrática en beneficio de proyectos políticos autoritarios y excluyentes.

No ocurre solo en Francia. También en España la extrema derecha de VOX ha convertido la inmigración y la diferencia cultural en instrumentos de confrontación política, mientras sectores conservadores tradicionales asumen con demasiada frecuencia parte de esos discursos.

Recordar Vichy no es un ejercicio arqueológico. Es una advertencia democrática. Allí donde el miedo sustituye a la convivencia y la identidad se transforma en dogma, reaparecen los viejos fantasmas europeos. Frente a ello, la mejor Francia sigue siendo la republicana, la humanista y la universalista: la que entiende que la libertad, la igualdad y la fraternidad no pueden depender jamás del origen, la religión o el color de la piel.