Ecologistas en Acción y ARCA han solicitado al Ayuntamiento de Santander la paralización cautelar de los trabajos previstos sobre el arbolado urbano de la ciudad hasta poder analizar los informes técnicos en los que el Consistorio fundamenta la retirada y sustitución de varios ejemplares.

La petición se dirige a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, después de que el pasado 8 de mayo anunciara en rueda de prensa la sustitución de 55 árboles en la calle Antonio López y la tala de otros cinco ejemplares situados en distintas zonas del centro urbano.

En el escrito remitido al Ayuntamiento, las organizaciones ecologistas señalan que dicha actuación sobre el patrimonio verde de la ciudad estaría “presuntamente motivada, avalada y respaldada” por informes técnicos municipales. Por ello, invoca el derecho de acceso a la información ambiental recogido en la Ley 27/2006 para reclamar una copia íntegra de esos documentos.

La asociación sostiene que la protección del arbolado urbano maduro constituye una prioridad “medioambiental, social y de salud pública” y asegura contar con personas expertas capacitadas para evaluar la actuación prevista y estudiar alternativas a la tala.

En este sentido, Ecologistas en Acción reclama conocer “de manera íntegra” los argumentos y estudios que justifican que la eliminación de los árboles sea considerada por el Ayuntamiento como el “último recurso”. Además, solicita que se suspendan de forma inmediata todos los trabajos programados hasta que puedan revisar la documentación técnica y valorar posibles soluciones alternativas a la retirada de los ejemplares.

La actuación anunciada por el Ayuntamiento contempla la sustitución en Antonio López de 55 ejemplares de ailanthus altissima, conocida como ailanto o árbol del cielo, una especie considerada invasora e incluida en el catálogo estatal. Según explicó el Consistorio, esos árboles serían reemplazados por carpinus betulus, una variedad que considera más adaptada al entorno urbano y climático de Santander.

Además, el Ayuntamiento informó de la retirada de otros cinco árboles situados en las calles Calvo Sotelo, Rualasal, Canalejas, Tetuán y Jesús de Monasterio, alegando motivos relacionados con la accesibilidad y la seguridad peatonal.

Durante aquella comparecencia pública, la alcaldesa defendió que estas intervenciones son “excepcionales” dentro del conjunto del patrimonio verde de Santander, que cifró en más de 63.000 árboles, y aseguró que el Consistorio recurre a estas medidas “sólo como último recurso” y siempre conforme a informes técnicos municipales.

Ecologistas en Acción y ARCA cuestionan precisamente ese carácter de “último recurso” y apelan al principio de precaución para evitar “daños de imposible reparación sobre el patrimonio natural”. La organización considera necesario abrir un proceso de revisión técnica independiente antes de ejecutar una actuación que afectaría a decenas de ejemplares consolidados en el paisaje urbano de la ciudad.

El debate sobre la conservación del arbolado urbano ha cobrado relevancia en numerosas ciudades en los últimos años por el papel que desempeñan los árboles maduros en la regulación térmica, la absorción de dióxido de carbono y la mejora de la calidad del aire. Diversos estudios impulsados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia Europea de Medio Ambiente relacionan además la presencia de zonas verdes urbanas con beneficios sobre la salud física y mental de la población.

En Santander, las actuaciones sobre el arbolado han generado en distintas ocasiones críticas de colectivos vecinales y ecologistas, especialmente en proyectos urbanos vinculados a remodelaciones viarias o cambios paisajísticos. La discusión también se produce en un contexto marcado por episodios recientes de debate sobre el mantenimiento de infraestructuras urbanas y espacios públicos en la ciudad.

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