ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) y Ecologistas en Acción Cantabria han denunciado públicamente los intentos de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Cantabria, de mantener y prorrogar concesiones privadas en el Dominio Público Marítimo-Terrestre más allá del límite máximo de 75 años establecido en la legislación vigente.

En un comunicado conjunto fechado en Santander el pasado 11 de mayo, ambas organizaciones consideran “inaceptable” que se pretenda “vaciar de contenido” la propia Ley de Costas y consolidar “procesos de privatización permanente” en el litoral español.

Los colectivos recuerdan que el dominio público “pertenece a toda la ciudadanía” y sostienen que las concesiones deben ser “temporales, excepcionales y subordinadas al interés general”. En este sentido, advierten de que convertirlas en ocupaciones “perpetuas” supone, a su juicio, “una grave desnaturalización” del concepto de dominio público.

Además, subrayan que el límite temporal de 75 años “no es arbitrario”, sino que responde a criterios de protección ambiental, adaptación al cambio climático, recuperación de espacios litorales y garantía del uso público de la costa. Las organizaciones ecologistas enmarcan esta situación en un contexto de “regresión litoral”, aumento del nivel del mar y pérdida de ecosistemas costeros.

Por otra parte, ARCA y Ecologistas en Acción critican que determinadas administraciones públicas estén utilizando “su capacidad institucional” para favorecer la continuidad de urbanizaciones, negocios turísticos o instalaciones privadas asentadas en espacios de dominio público. Según señalan, las posiciones defendidas por estas comunidades autónomas responden a “una visión especulativa y patrimonialista del litoral”.

Las organizaciones también alertan del “mensaje devastador” que, en su opinión, supondría ampliar las concesiones más allá de los 75 años, ya que podría trasladar la idea de que la ocupación privada del dominio público “puede acabar consolidándose de forma prácticamente irreversible si existe suficiente presión política o económica”.

En el comunicado, ambas entidades reclaman el “cumplimiento estricto” de los límites temporales establecidos en la Ley y el Reglamento de Costas, así como en la Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral. También piden rechazar cualquier reforma legal destinada a ampliar las concesiones, recuperar progresivamente los espacios ocupados para uso público y priorizar la adaptación climática y la restauración ecológica del litoral.

Asimismo, defienden “el fin de los privilegios históricos” sobre el dominio público marítimo-terrestre y consideran que la costa española necesita “menos ocupación privada y más protección ambiental”.

La Ley de Costas establece que el litoral es un bien de dominio público estatal destinado al uso común. La reforma de 2013 amplió el plazo máximo de determinadas concesiones hasta 75 años, un límite que ahora distintos territorios y sectores económicos buscan revisar en determinados casos vinculados a urbanizaciones o actividades privadas asentadas históricamente en la costa.

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