Izquierda Unida ha denunciado que la rebaja del impuesto a las grandes fortunas impulsada por el gobierno del Partido Popular en Cantabria ha supuesto una merma de 15 millones de euros en los ingresos públicos, recursos que —recuerdan— “tienen un impacto directo en la calidad de vida de la mayoría social”.

El coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, señala que esta decisión fiscal “no es neutra”, sino que implica dejar de financiar servicios públicos esenciales. “Estamos hablando de una cantidad que permitiría contratar 400 profesionales sanitarios durante un año, dotar a la comunidad de 600 plazas más de dependencia o poner en marcha más de 100 viviendas públicas”, han subrayado.

IU también ha querido poner el foco en otros ámbitos afectados por esta pérdida de ingresos. En el terreno educativo, explican, esos 15 millones podrían traducirse en la incorporación de cientos de docentes o la construcción de nuevos centros educativos, mientras que en materia de medio ambiente permitirían reforzar de forma significativa la prevención de incendios forestales, una cuestión “cada vez más urgente”.

“Buruaga renuncia a dotar a la población de servicios públicos para afianzar su complicidad con las élites de las que se rodea, muy lejos incluso de miles de votantes que quieren tener un médico que les atienda o poder emanciparse antes de los 30 años”, continúa el líder de IU. “Su teoría de que bajando impuestos se recauda más es tan inútil como llevar la tauromaquia a los pueblos para combatir la despoblación”, ha incidido.

“Cada euro que se deja de recaudar por beneficiar a unos pocos es un euro menos para garantizar derechos básicos”, afirma Ruiz Salmón, que critica que el Partido Popular -con el beneplácito del PRC- “priorice aliviar la carga fiscal de las grandes fortunas frente a las necesidades reales de la ciudadanía”.

Por ello, Izquierda Unida ha reclamado un modelo fiscal “más justo y progresivo”, que permita fortalecer la sanidad, la educación, las políticas de vivienda y los servicios sociales. “No estamos hablando de cifras abstractas, sino de personal sanitario, docentes, viviendas y seguridad para nuestros pueblos”, han concluido.