La Plataforma Salvar Oyambre ha hecho balance de un año de actividad con un mensaje dirigido a las administraciones competentes: mantener la vigilancia sobre el Parque Natural de Oyambre y exigir medidas para proteger un espacio sometido, según el colectivo, a deterioro ambiental, vertidos, ocupaciones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y una creciente presión turística. La organización agrupa a colectivos vecinales, entidades ecologistas, surfistas, propietarios y especialistas universitarios.

En el plano institucional, Salvar Oyambre señala que ha mantenido reuniones de grupos de trabajo, contacto con los grupos parlamentarios y un encuentro con el delegado del Gobierno en Cantabria. También destaca la reunión con la Subdirección General de Protección de la Costa y el DPMT, en la que pidió revertir la concesión del campo de golf, otorgada según la plataforma a una empresa inexistente, como paso previo a la restauración de la duna atlántica.

La organización ha documentado y denunciado sobre el terreno varias actuaciones que considera agresiones al ecosistema. Entre ellas cita la apertura de un canal artificial en el sistema dunar, que habría destruido el cordón longitudinal, acelerado la erosión y afectado a la vegetación pionera. La plataforma ha solicitado que se investiguen responsabilidades, que el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) analice las aguas y advierte de la posible intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Además, ha alertado del riesgo de una escalera metálica de acceso a la playa instalada sobre un acantilado erosionable, ha cuestionado la exclusión de Oyambre del programa europeo LIFE Humedales 2026-2030 y ha presentado alegaciones a proyectos de áreas de autocaravanas en el entorno del parque. A juicio de Salvar Oyambre, esas instalaciones tendrían un impacto ambiental si prosperan en las zonas solicitadas y con los proyectos presentados.

El rechazo al Decreto 35/2026 de Ordenación de los Campamentos de Turismo y Áreas de Servicio para Autocaravanas es otro de los ejes del balance. La norma, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria el 20 de mayo, declara que busca adaptarse a las transformaciones del sector y a nuevos modelos turísticos; además, suprime la limitación del número de plazas en las áreas de servicio para autocaravanas, con el argumento de dar cabida al crecimiento del turismo itinerante.

Salvar Oyambre interpreta que ese cambio puede agravar la presión sobre un espacio protegido, al eliminar límites de capacidad y confiar la apertura de las áreas a la declaración responsable. El texto del decreto mantiene la autorización para campamentos de turismo y la declaración responsable para áreas de servicio, y recuerda que las actividades deben cumplir la normativa urbanística, ambiental, de biodiversidad, emergencias y salud pública.

Por otra parte, el colectivo subraya el impulso a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reforzar la protección jurídica del parque, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cantabria, y reclama la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Según la plataforma, la ausencia de este instrumento desde hace décadas está en el origen de buena parte de los conflictos de uso y gestión que padece Oyambre.

La actividad de Salvar Oyambre también ha incluido rutas divulgativas por el entorno del parque y participación en la feria ecológica BioCantabria. Además, se sumó a la movilización de Cantabria para Vivir en Santander, una convocatoria apoyada por colectivos sociales y vecinales contra el modelo turístico-urbanístico y por el derecho a la vivienda, los servicios públicos y la protección del territorio.

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