Izquierda Unida-Podemos Cantabria ha reclamado al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga que “abandone su cerrazón, escuche a la sociedad y atienda el criterio de los expertos” para modificar profundamente el proyecto de Ley de Vivienda antes de su aprobación en el Parlamento.

El coordinador autonómico de IU y candidato de IU-Podemos a la Presidencia de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, se ha pronunciado después de conocerse el informe del Consejo Económico y Social de Cantabria, que plantea hasta 107 cambios en el proyecto de elaborado por la Consejería de Fomento, de 172 artículos.

“La vivienda es el principal problema cotidiano de miles de familias y no se puede legislar desde un despacho ni escuchando únicamente a constructoras, promotores y propietarios. El Gobierno debe atender también a los inquilinos, sindicatos, ayuntamientos, colectivos sociales y expertos que conocen directamente la emergencia habitacional”, ha señalado Ruiz Salmón.

Para el candidato, el elevado número de modificaciones reclamadas evidencia que “no estamos ante cuatro correcciones formales”, sino ante un proyecto que necesita una revisión de fondo para responder a la realidad social de Cantabria.

Entre las principales observaciones, el Consejo Económico y Social reclama que la ley regule las zonas de mercado residencial tensionado para poder aplicar medidas adicionales en los municipios y barrios donde resulta más difícil acceder a una vivienda.

Israel Ruiz Salmón y Mercedes González, coordinadora de Podemos, recuerda que ya pidieron incorporar este instrumento en las alegaciones que presentaron en julio de 2025, junto a medidas como la limitación de los precios del alquiler, la ampliación del parque público, la protección permanente de la vivienda protegida y una mayor atención a las personas afectadas por desahucios de alquiler.

“Cuando distintos colectivos y organizaciones sociales hicieron estas mismas advertencias, el PP prefirió ignorarlas. Ahora es el principal órgano consultivo de Cantabria el que señala que la ley no puede desentenderse de las zonas tensionadas. Buruaga y Media deben escuchar y rectificar”, ha afirmado González.

Otra de las cuestiones señaladas por el CESCAN afecta a la posibilidad de que expertos privados anónimos elaboren informes que puedan utilizarse posteriormente en procedimientos sancionadores y derivar en multas de hasta 150.000 euros.

IU y Podemos ya denunciaron en sus alegaciones que esta regulación podía suponer una privatización de las funciones inspectoras y reclamó que quedaran reservadas al personal público, con todas las garantías de identificación, imparcialidad y transparencia.

“No se pueden entregar funciones de autoridad a expertos privados que puedan actuar ocultando su identidad. La inspección debe ser pública, independiente y estar sometida a las garantías que merece cualquier ciudadano ante un posible procedimiento sancionador”, advierten ambos coordinadores.

La coalición también comparte las dudas expresadas por el Consejo sobre la posibilidad de recurrir a desahucios administrativos sin autorización judicial y sin analizar previamente las circunstancias socioeconómicas de las personas que residan en la vivienda.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno haya dedicado buena parte de la ley a la ocupación mientras presta una atención insuficiente a quienes pierden su hogar por no poder hacer frente a los precios del alquiler.

“La mayoría de las familias que pierden su vivienda no lo hacen por una ocupación, sino porque los alquileres han crecido mucho más que sus salarios. Una ley seria debe proteger a esas personas y actuar sobre las causas reales de la emergencia habitacional”, ha aseverado el candidato.