Representantes de los afectados de las viviendas de Hermanos Calderón, junto a representantes de otras promociones adquiridas por fondos buitre, mantuvieron este lunes una reunión en el Congreso de los Diputados con representantes de Izquierda Unida para trasladar una propuesta legislativa destinada a proteger a las familias que residen desde hace años en viviendas que nacieron bajo un régimen de alquiler asequible.

La reunión, auspiciada por Israel Ruiz Salmón, coordinador autonómico de IU y candidato a la Presidencia de Cantabria, contó con la participación de Enrique Santiago y Toni Valero, diputados de IU en el Congreso, y Carolina Cordero, responsable federal de Vivienda de la formación.

Durante la reunión se abordaron distintas vías de actuación, concretadas en cuatro compromisos fundamentales.

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En primer lugar, la Plataforma de Hermanos Calderón trasladó una propuesta de articulado legislativo destinada a establecer un régimen especial de protección para los arrendatarios de viviendas que anteriormente formaban parte de promociones de alquiler social o asequible y que hayan sido adquiridas por debajo de su valor de mercado por fondos de inversión constituidos específicamente para realizar estas operaciones.

La propuesta contempla garantizar la continuidad indefinida de los arrendamientos mientras los residentes cumplan sus obligaciones contractuales, impidiendo que estas viviendas pierdan su finalidad social por el mero vencimiento de los contratos.

En relación con los dos reales decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros y cuya convalidación está prevista para este viernes, los representantes de Izquierda Unida manifestaron que estas iniciativas no cierran las posibilidades de intervención legislativa y se comprometieron a trabajar para impulsar la propuesta de los afectados, que comparten.

Desde la Plataforma consideran que esta previsión, además de proteger a las familias actualmente afectadas, tendría un importante efecto disuasorio frente a futuras operaciones especulativas. Su carácter específico, limitado a fondos constituidos expresamente para adquirir estas promociones por debajo de su valor de mercado, podría facilitar un consenso parlamentario amplio, incluso entre aquellos grupos más reticentes a establecer limitaciones generales sobre el mercado del alquiler.

En segundo lugar , se acordó promover contactos con CASA 47, la empresa estatal de vivienda, para explorar fórmulas de negociación y colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos que permitan la adquisición pública de estas promociones y su recuperación para el parque de alquiler asequible.

La Plataforma insiste en que existen alternativas reales para evitar la expulsión de las familias y que la colaboración entre administraciones puede resultar decisiva para devolver a estas viviendas la función social para la que fueron construidas.

En tercer lugar, los representantes de Izquierda Unida se comprometieron a impulsar la comparecencia de los afectados ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, con el objetivo de que puedan trasladar directamente a los distintos grupos parlamentarios su situación, explicar las consecuencias de estas operaciones inmobiliarias y reclamar medidas concretas de protección.

Finalmente, también se comprometieron a facilitar contactos con otros diputados y representantes parlamentarios, con el propósito de ampliar el conocimiento de esta problemática y recabar apoyos para las iniciativas planteadas.

La actividad institucional de la Plataforma continuará este viernes con una reunión con el delegado del Gobierno en Cantabria, a quien trasladarán la misma propuesta legislativa, junto con otras reivindicaciones relacionadas con la situación de las familias de Hermanos Calderón. Asimismo, se han abierto contactos con Podemos a nivel nacional para mantener una próxima reunión y ampliar los apoyos a esta iniciativa.

Desde la Plataforma valoran positivamente el encuentro y subrayan que el objetivo es conseguir el máximo consenso político posible para que esta protección legislativa pueda articularse cuanto antes. Una medida que permitiría garantizar la continuidad de miles de familias en sus hogares y evitar que viviendas concebidas para cumplir una finalidad social terminen convertidas en instrumentos de especulación inmobiliaria.

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