Son ya unas cuantas las plazas de España que tienen tiendas de campañas plantadas con activistas que piensan que el paradigma de la vivienda tiene que cambiar en España. Favorecer siempre a quienes tienen la sartén por el mango y vulnerar a personas que viven pendientes de un hilo no es aceptable para las asociaciones que han ido surgiendo y que tratan de defender que el derecho a techo debe ser reforzado legalmente.

El desahucio de Maricarmen en Madrid ha sido una chispa que ha terminado prendiendo. Un estado de indignación latía desde hace tiempo, y ahora miles de personas han decidido hacer algo pacífico para oponerse al signo de los tiempos, donde las medallas caen en manos de rentistas y fondos de inversión.

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Ante la presencia de las tiendas de campaña en el espacio público, se empuja el debate sobre qué hacer con esa gente, que no ha solicitado permiso para acampar. Cuando está todo lleno de turistas y un botellón se convierte en bolsas a porrillo tiradas en el suelo, esas preguntas aparecen en boca de vecinos que viven en Santander y se encuentran su barrio en una mañana de fin de semana languideciente. También es ocupar el espacio público eso. Lo ocupan las terrazas también. Pero en ese caso existen salvoconductos.

En este debate se señala a la Delegación de Gobierno por no hacer nada para desalojar a decenas de personas de la Plaza Porticada. El Ayuntamiento muestra otro talante y esa administración local también tiene una policía que puede poner multas.

Desde el Sindicato de Estudiantes han querido manifestar su total rechazo y condena pública ante las recientes actuaciones policiales dirigidas contra las personas acampadas en la Porticada, movilizadas para reclamar el acceso a una vivienda digna.

Se activa una caja de resistencia ante el crecimiento de las identificaciones policiales en la acampada por la vivienda

Efectivos de la Policía Local se han personado en el lugar de la protesta para identificar a las participantes y advertirles con la imposición de sanciones administrativas. El Sindicato considera inadmisible que el equipo de gobierno municipal del Partido Popular, encabezado por la alcaldesa Gema Igual, recurra al amedrentamiento y a las amenazas de sanción para acallar una reclamación social urgente en lugar de ofrecer respuestas concretas a la crisis habitacional.

El encarecimiento de los alquileres, la falta de alternativas reales de emancipación para la juventud y la proliferación descontrolada de pisos turísticos están expulsando a la clase trabajadora y a las familias de Santander, consolidando un modelo de ciudad orientado a la especulación y a los intereses rentistas, dice esta organización en favor de los derechos de las familias a seguir teniendo una vivienda. Ante esta realidad, la única intervención del Consistorio ha sido el hostigamiento hacia quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales de reunión y manifestación, denuncian.

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Por todo ello, desde el Sindicato:

1. Exigen la retirada inmediata de cualquier propuesta de sanción y el cese absoluto del hostigamiento policial hacia quienes participan en la acampada.

2. Reclaman la adopción urgente de medidas de choque que frenen la especulación inmobiliaria, regulen el mercado de la vivienda y pongan coto al avance de los pisos turísticos en el municipio.

3. Reafirman su compromiso y apoyo activo a las movilizaciones ciudadanas y juveniles, recordando que la vivienda es un derecho fundamental y no una mercancía al servicio del negocio financiero.

Las multas y la coerción institucional no detendrán la legítima necesidad de garantizar un techo y un futuro digno en Santander, concluyen su comunicado de prensa.