El aumento del gasto militar, los recortes en cooperación internacional, la deuda externa y el creciente peso de las empresas privadas en los sistemas educativos están poniendo en riesgo el derecho a una educación pública, universal y de calidad. Es la principal advertencia del informe ‘El precio de aprender. Justicia fiscal, soberanía presupuestaria y más cooperación’, elaborado por la Fundación Entreculturas y presentado este martes, trece de octubre, en el Centro Social Smolny de Santander.

La presentación tuvo lugar a las 19:30 horas mediante una mesa de diálogo organizada por Entreculturas, con participación prevista de representantes de la entidad y de la Coordinadora Cántabra de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD). La cita sirvió también para dar a conocer la campaña ‘La Silla Roja’, que reivindica la educación como una prioridad en los presupuestos públicos, bajo el lema «Los recortes no son un juego, son vidas».

El informe, publicado en julio de 2026, analiza las consecuencias de las decisiones económicas y políticas sobre la financiación educativa. Según sus datos, el gasto público mundial en educación continúa estancado en torno al 4,2% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras el gasto militar mundial alcanzó en 2024 los 2,7 billones de dólares, con un incremento del 6,8%.

Esta evolución se produce en un contexto de aumento de los compromisos militares de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de nuevas políticas de rearme en la Unión Europea.

Entreculturas recuerda que el plan europeo ReArm Europe/Readiness 2030 contempla movilizar 800.000 millones de euros, una cantidad próxima a los 806.000 millones que los países de la Unión Europea dedicaron conjuntamente a educación en 2023.

Además, recoge que en los países europeos pertenecientes a la OTAN el gasto militar aumentó un 50% entre 2014 y 2023, frente al incremento del 24% registrado en inversión educativa.

La deuda y los impuestos que no se recaudan

La organización advierte de que 48 países destinan más dinero al pago de intereses de su deuda pública que a educación y sanidad juntas. Esta situación reduce los recursos disponibles para contratar profesorado, mejorar instalaciones, financiar becas o garantizar comedores escolares.

El informe también señala la relación entre la falta de financiación educativa y la evasión y elusión fiscal de las grandes corporaciones.

Según los datos recogidos por Entreculturas, las pérdidas anuales de recursos públicos por estas prácticas se sitúan entre 480.000 millones y 1,2 billones de dólares. Mientras tanto, la brecha de financiación para alcanzar los objetivos educativos internacionales ronda los 200.000 millones de dólares anuales, según una de las estimaciones incluidas en el estudio.

La entidad defiende reformas fiscales progresivas, mecanismos internacionales contra la evasión tributaria y medidas de cancelación o reestructuración de deuda que permitan dedicar más recursos a servicios públicos.

Los recortes en cooperación llegan a las aulas

Otra de las preocupaciones del informe es la reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a educación. Entreculturas recoge una previsión de caída del 24% en 2026 que, según estimaciones de UNICEF citadas en el documento, podría dejar sin escolarizar a seis millones de niños y niñas y deteriorar la calidad educativa de otros 290 millones de estudiantes.

La organización aporta ejemplos de las consecuencias de la falta de recursos. En El Salvador, los recortes han reducido programas socioeducativos que atendían a 10.000 estudiantes hasta alcanzar a menos de 1.000.

En Rumanía, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) advierte de dificultades para mantener el acompañamiento educativo a menores ucranianos desplazados por la guerra. En Chad, la escasez de financiación amenaza la continuidad de escuelas improvisadas que atienden a infancia desplazada.

La organización también cuestiona el avance de la privatización y la influencia empresarial en las políticas educativas. Según el informe, las instituciones privadas concentran ya el 33% de la matrícula universitaria mundial.

Entreculturas considera que la participación privada debe estar sometida a regulación pública y mecanismos de transparencia, de forma que no condicione los contenidos educativos, el acceso a los centros o la privacidad del alumnado.

Más financiación pública y cooperación desde las comunidades autónomas

Entre sus propuestas, la Fundación reclama que los Estados destinen al menos el 6% de su PIB o el 20% del gasto público a educación y que los países donantes alcancen el compromiso del 0,7% de su renta nacional para cooperación internacional.

Para España y las comunidades autónomas, solicita recuperar los fondos recortados en cooperación, establecer calendarios presupuestarios y garantizar que al menos el 8% de la ayuda bilateral se destine específicamente a educación.

Asimismo, propone reservar el 10% de los fondos de acción humanitaria para garantizar el aprendizaje en situaciones de emergencia y desplazamiento forzado.

La reivindicación de la cooperación descentralizada, financiada por gobiernos autonómicos y ayuntamientos, ocupa un lugar específico en el documento. Entreculturas pide mantener estos compromisos frente a los recortes y los discursos contrarios a la cooperación internacional.

La organización reclama también ampliar las becas públicas, garantizar comedores escolares gratuitos al alumnado vulnerable y priorizar la inclusión de estudiantes con discapacidad, población migrante y comunidades históricamente excluidas.

Entreculturas es una organización no gubernamental de desarrollo vinculada a la Compañía de Jesús, que trabaja en cooperación internacional, educación y defensa de los derechos humanos. Según su memoria de 2025, acompañó a 377.080 personas en 46 países mediante 233 proyectos.